congreso para la prevención de lavado de dinero

Polémica propuesta de la OCDE

El exfiscal de Drogas Rosendo Miranda explicó que este tipo de evasión no está tipificada como un delito en la legislación penal panameña.

Controversia genera entre los miembros de la Asociación Bancaria de Panamá la última propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a fin de que los países de la región tipifiquen la evasión fiscal como un delito precedente del lavado de dinero.

El tema fue abordado por la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Victoria Figge en el decimoséptimo Congreso hemisférico para la prevención del lavado de dinero y el combate del financiamiento del terrorismo, que se efectúa en la capital desde el pasado miércoles hasta hoy.

Según Figge, la iniciativa planteada en enero pasado a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es “descabellada”, ya que nunca se podrá considerar la evasión fiscal como una actividad delictiva.

En ese sentido, señaló que el lavado de dinero es una actividad criminal manejada por el crimen organizado, que busca generar ingresos a partir de actividades ilícitas, en ocasiones muy violentas.

Precisó que en el caso de Panamá, a los bancos les sería muy difícil determinar que un dinero no declarado al fisco procede de una actividad ilícita, por lo que para aplicar la propuesta del OCDE sería necesario establecer mecanismos de control muy precisos, con el fin de no cometer errores.

Incluso, opinó que el impacto de la iniciativa en la banca mundial sería significativo.

Reconoció, empero, que el sistema bancario nacional es vulnerable en materia de lavado de dinero, aunque los controles aplicados en los últimos años han reducido la incidencia.

REFORMA LEGAL

En tanto, el exfiscal de Drogas Rosendo Miranda explicó que en la legislación panameña la evasión fiscal no está tipificada como delito, y por ello se necesitaría una reforma legal para que se le considerara como ilícito precedente del lavado de dinero.

Precisó que la evasión de impuestos se sanciona a través de la vía administrativa, ya que no es una actividad criminal.

“El lavado de dinero parte de una premisa básica y es que la investigación arranca de una actividad ilícita como la corrupción, la trata de personas o el tráfico de armas, pero una actividad económica legítima, en la que alguien busca pagar menos impuestos, no puede ser considerada como actividad delictiva”, opinó.

Dijo que la propuesta del OCDE es una presión de los países poderosos del mundo con sistemas judiciales diferentes, en los que se aplican duras sanciones para los evasores fiscales y quieren que lo mismo se aplique en el resto del mundo.

A su juicio, el Estado panameño debe oponerse a cualquier intento de acreditar la evasión fiscal como delito precedente del lavado de dinero, ya que aquí hay toda una serie de organismos que se encargan de investigar y sancionar a los evasores.

Por otro lado, el coordinador de la Comisión de Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá, Julio Aguirre, dijo que la organización evalúa la propuesta, pues la nueva valorización de la evasión fiscal es totalmente diferente a la existente.

Indicó que si la iniciativa se considera como una nueva ley, primero debe hacerse una gran consulta nacional.

Mientras tanto, Zenón Biagosch, miembro de la superintendencia bancaria de Argentina, consideró que es utópico que los bancos en América Latina controlen las cuentas no declaradas de sus clientes.

Biagosch explicó que los países de la región deben establecer una posición conjunta de rechazo a esta iniciativa, ya que significaría un gran gasto de recursos y esfuerzos por parte de los bancos para aplicar nuevos controles.

Dijo que en América Latina el dinero de la evasión de impuestos solo alcanza el 3% del producto interno bruto (PIB) de la región, por lo que no se constituye en una prioridad, en comparación con el 47% que alcanza en países desarrollados.

“El verdadero peligro no son los evasores de impuestos; el peligro son los narcotraficantes que operan en la clandestinidad y generan muerte en toda la región”, sustentó.

Citó cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que revelan un aumento del consumo de drogas sintéticas y según las cuales unos 120 millones de personas, entre los 15 y 64 años de edad, consumen marihuana.

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