CONFLICTO DE INTERESES

Polémico contrato del Inac para inspeccionar proyecto

El Instituto Nacional de Cultura llevó a cabo una licitación para fiscalizar las obras de la Ciudad de las Artes, por un monto de $1.3 millón.

El proyecto insignia del Instituto Nacional de Cultura (Inac), conocido como Ciudad de las Artes, sigue generando controversia.

La obra, ubicada en el terreno donde está el museo Reina Torres de Araúz, fue adjudicada por $54 millones a pesar del rechazo de los residentes de Llanos de Curundú, en Ancón.

Ahora el Inac llevó a cabo otro acto público para la inspección y control de las obras que se vayan a desarrollar como parte de la Ciudad de las Artes, y lo otorgó a la empresa Sosa Arquitectos Urbanistas Consultores, S.A. por $1.3 millón.

Pero resulta que la que hasta hace poco era la subdirectora de la Dirección de Patrimonio Histórico del Inac, Dioselina Yamileth Stanziola, está vinculada a esa compañía. Stanziola es su agente residente y conoce muy bien a sus representantes.

Uno de ellos es el arquitecto Tomás Sosa, que fue director de la Oficina del Casco Antiguo (OCA) en la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).

Además, tanto Sosa como Stanziola trabajaron para uno de los principales inversionistas del Casco Antiguo, Rodney Zelenka. En ese sentido, Sosa fue arquitecto representante del proyecto PH Plaza Independencia que se construye en estos momentos, mientras que Stanziola fue la representante legal de varias sociedades anónimas de Zelenka.

Trasciende que la labor de Sosa Arquitectos dentro del proyecto Ciudad de las Artes será la de verificar la recepción de los materiales, la organización y ejecución de la toma de muestras de materiales y unidades de obra; así como supervisar el control del montaje de las instalaciones a fin de fiscalizar que se efectúa de acuerdo con la normativa vigente de construcción.

Esto incluye comprobar la adecuación de la instalación para la ejecución de futuros mantenimientos a las instalaciones. Igualmente la presentación de informes periódicos sobre los avances del proyecto.

La Ciudad de las Artes albergará varias instituciones, como la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Danza, el Ballet Nacional de Panamá, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Casa del Escritor.

LICITACIÓN CONFLICTIVA

Desde que comenzó este acto público hubo polémica. Prueba de ello es que tres de las nueve empresas que participaron, presentaron acciones de reclamo por varias razones.

Al respecto, las compañías que mostraron acciones sobre lo mal que se estaba desarrollando la licitación fueron: The Louis Berger Group, Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción y ABL Arquitectos Panamá.

La mayoría de las acciones de reclamo se centraron en que la empresa recomendada por la comisión evaluadora del Inac, es decir Sosa Arquitectos, no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para ese acto público.

A pesar de todo ello, la entidad insistió en la contratación de Sosa Arquitectos y le otorgó el contrato a principios de este año.

Incluso la semana pasada el Consejo Económico Nacional le ratificó al Inac una solicitud de crédito adicional por $750 mil para que haga el pago de este contrato.

Y aunque Ciudad de las Artes se trata de un proyecto llave en mano, lo que sugiere que lo pagará el próximo gobierno, todo indica que el contrato con Sosa Arquitectos lo costeará esta administración luego del crédito que le aprobaron a la institución de cultura.

A través de un cuestionario, la directora de esa entidad, María Eugenia Herrera, dijo a este medio que la empresa fue seleccionada porque recibió la calificación más alta.

“Esta selección estuvo en manos de una comisión evaluadora, que tuvo la tarea de ponderar las propuestas técnicas y económicas presentadas, basándose en las exigencias del pliego desarrollado para dicho acto público”, agregó Herrera.

Cuando se le consultó si consideraba que había conflicto de intereses en este contrato por la relación de Stanziola con Sosa Arquitectos, se limitó a decir: “No. El proceso se llevó a cabo a través de la Dirección de Compras del Inac, y el desarrollo del mismo se realizó en estricto apego a la normativa local vigente”.

Por otra parte, explicó que también la Dirección de Administración y Legal de la entidad se encargará de darle continuidad a este proyecto que, en menos de dos años, pretende aglutinar en un campus a niños y jóvenes con afinidades artísticas en todas las disciplinas de las artes: danza, artes plásticas o visuales, literatura y teatro.

RECHAZAN ANOMALÍAS

Tanto Stanziola como el representante de la empresa Sosa Arquitectos Urbanistas Consultores, S.A. coincidieron en que no hay nada irregular dentro de este contrato de índole cultural.

En el caso de Stanziola fue tajante y replicó “soy ajena a ese contrato y en estos momentos trabajo en la Oficina del Casco Antiguo”.

Actualmente esta funcionaria está a cargo de una unidad ejecutora dentro de esa oficina, la cual tiene que ver con los trabajos de adoquinado y restauración de las calles e inmuebles dentro del Casco Antiguo, San Felipe.

Stanziola también acompañó a la delegación panameña que viajó en el mes de junio a Camboya para participar de la sesión anual de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

En la lista del grupo oficial aparecía registrada como “subdirectora de Patrimonio Histórico”.

Por parte de Sosa Arquitectos quien habló fue su gerente, Alejandro Sosa, que es hijo de Tomás Sosa.

En ese orden dijo que su trabajo es informarle al Inac que lo que está en los planos es lo que está haciendo la empresa constructora. “Inspeccionaremos que la obra cumpla con la calidad y los requisitos establecidos en el pliego de condiciones”, puntualizó Sosa, quien agregó que la obra aún no empieza.

Sobre su relación con Stanziola y el contrato, enfatizó que no hay conflicto de intereses, ya que la agente residente simplemente inscribe la sociedad. “Ella nos ha inscrito otras sociedades”, acotó el gerente.

Residentes de Llanos de Curundú indicaron que demandarán la obra en la Corte Suprema de Justicia si el Inac insiste con sus planes.

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