Policía de Colombia, en crisis

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Investigan a jefe de la Policía

La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación contra el director general de la Policía de ese país, Rodolfo Palomino, por tres casos: presunto proxenetismo en una red de prostitución homosexual de jóvenes oficiales de la Policía que hacían favores sexuales a parlamentarios; posible incremento injustificado de su patrimonio y supuestos seguimientos ilegales a periodistas.

Además de esos tres sonados casos, el director de la Policía tiene 11 investigaciones en proceso.

Pese a las acusaciones, Palomino informó que no renunciará. Sostuvo que son campañas de desprestigio y que espera que la justicia le devuelva “la dignidad que se me ha arrebatado con mentiras e infamias”.

Investigan a jefe de la Policía

La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación contra el director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, por posible incremento injustificado de su patrimonio, supuestos seguimientos ilegales a periodistas y presunto proxenetismo en un escándalo sexual conocido como “comunidad del anillo”.

Al conocer el anuncio hecho por el procurador, Alejandro Ordóñez, Palomino confirmó que no renunciará. Dijo, como ha argumentado cada vez que han salido a la luz los escándalos por los que ahora se oficializan las investigaciones, que son campañas de desprestigio. Agregó que espera que la justicia le devuelva “la dignidad que se me ha arrebatado con mentiras e infamias”.

Una hora después del pronunciamiento de Ordóñez, el viceministro del Interior y encargado de las relaciones políticas entre el gobierno y el Congreso, Carlos Ferro, renunció a su cargo.

Y es que a Ordóñez solo le faltó decir su nombre: dijo que la “comunidad del anillo” involucraría a un exsenador que ahora ocupaba un alto cargo en el gobierno.

Ferro era senador en 2008 cuando se grabó un video que ahora se usa como prueba en la investigación.

En el video aparece Ferro hablando con un policía [el capitán Ányelo Palacios, presunta víctima, quien grabó el video] sobre sus relaciones homosexuales y concertando un encuentro íntimo. Aunque existe una controversia, puesto que se trata de una charla privada, ha servido como prueba para sustentar que en la “comunidad del anillo” participaron también congresistas.

Ya Ordóñez adelantó que esos hechos podrían investigarse como trata de personas, proxenetismo e inducción a la prostitución.

A Ferro solo salió a defenderlo el senador Roy Barreras, copresidente de su partido, el de la U. Según dijo, no hay delito porque fue una relación consentida.

Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que el episodio adelantó la salida de Ferro, que esta estaba pactada desde hace dos semanas como parte de una reingeniería del ministerio. Pero agregó que entre los motivos de la renuncia estaba que Ferro prefería defender su honra como ciudadano.

En esta turbia historia aparece también el nombre del coronel retirado Jerson Jair Castellanos, que era el jefe de seguridad del Congreso y habría actuado como enlace entre la Policía y el Legislativo poniendo a disposición de los parlamentarios, mediante álbumes fotográficos, los servicios sexuales de los cadetes. Él, a quien Palomino en medio del escándalo le compró dos lotes de mil metros por menos de 80 millones de pesos (equivalentes a $26 mil dólares al cambio de hoy), ya fue interrogado. Esto, a su vez, forma parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

Pero volviendo a la “comunidad del anillo”, una joven cadete que iba a ser ascendida a alférez se disponía a denunciar la red sexual cuando supo que su novio había sido involucrado. No alcanzó a hacerlo. Murió de un disparo. Inicialmente su muerte se presentó como un suicidio, pero ahora se baraja la tesis de que fue un homicidio. La familia de la joven fue amenazada y huyó.

Toda esta trama se originó por la carta de un coronel que aseguró que estaba siendo hostigado desde la dirección de la Policía porque hacía años, cuando era teniente, se negó a aceptar los ofrecimientos sexuales de Palomino. Una grabación demostró luego que tres subalternos intentaron persuadirlo para que retirara lo denunciado. Esa grabación logró que dos de esos coroneles no pudieran ascender a generales pese a que ese paso se daba por descontado hasta el escándalo.

La historia de la “comunidad del anillo”, que fue relatada por un capitán y que además se apoyaba en testimonios judicializados de al menos cinco policías, fue presentada públicamente hace un año y medio por el equipo investigativo de la emisora La F.m., liderado por la periodista Vicky Dávila. La información fue replicada por otros medios de comunicación. Desde entonces Dávila, quien siguió publicando escándalos de la Policía y su director en temas como las fortunas injustificadas de los generales y los ascensos de generales investigados, fue víctima de interceptaciones y seguimientos.

Eso consta en 170 correos que ella recibió entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2015 de un anónimo que se hacía llamar “policía arrepentido”, que entre otras cosas le decía que había carros merodeando la emisora y su casa las 24 horas del día. Le mencionaba incluso las placas, que fueron verificadas y efectivamente coincidían con carros registrados por la Policía [de la Dirección de Inteligencia] o relacionados con esa entidad.

“Los correos traen información mía desde 2014, con fechas y todo. Por ejemplo, que me reuní con tal general, en tal parte y fecha. Que las fuentes mías en la Policía son tales y tales. Que tenían datos de mis cuentas bancarias y querían involucrarme con enriquecimiento ilícito. Que busqué una entrevista y me respondieron tal cosa. Que hablé con tal abogado de tal cosa y tal día, y qué respuesta me dio”, detalla.

Una de las comunicadoras que hizo eco de la investigación, Claudia Morales, quien es la subdirectora del programa “La Luciérnaga”, de Caracol Radio y quien también ha sido crítica de Palomino, también recibió correos con información sensitiva: “dónde me muevo, dónde me veo con mis fuentes, información sobre mi hija, dónde estudia… los datos eran concretos”, detalla.

¿A quién investigaron? En los correos dice que a los periodistas que investigaron y publicaron del tema. Son al menos cinco. En los correos, expresa Dávila, “dice que es una orden de Palomino y que todo fue manejado por un tal capitán Carvajal. Y sí existe ese capitán: trabaja en Inteligencia. No sabemos si eso que dicen los correos es cierto o no; se está investigando”.

Antes de que se hiciera público que ella había puesto la denuncia ante las autoridades, cuenta Dávila, el anónimo le escribió que a lo interno de la Policía ya se sabía el paso que ella había dado.

Y aunque hoy las dos están incluidas en la misma denuncia, están escépticas ante lo que pueda suceder.

ESPERANZA PERDIDA

El 8 de diciembre Dávila se reunió con el presidente Juan Manuel Santos por dos horas. Hasta ese momento él no se había pronunciado públicamente. Le dijo, cuenta, que le parecía grave y delicado lo sucedido y que iba a llegar al fondo del asunto. “Me dijo que iba a mandar por los correos. No lo hizo”.

Al día siguiente Santos nombró una comisión que, en máximo 90 días, debía presentar un informe sobre los casos irregulares en la Policía. “Dijo que quería recomendaciones sobre los problemas de la Policía, no específicamente sobre esta denuncia”, alega Morales, para quien esa comisión es inservible, ya que no tiene facultades para investigar. De hecho, uno de los miembros de la comisión, el exministro de Defensa Juan Carlos Esguerra, detalló el 10 de diciembre en Blu Radio que el enfoque de la comisión sería el presente y el futuro de la Policía más que una situación en específico.

Curiosamente, fue apenas ayer que Santos firmó el decreto que le da vida jurídica a esa comisión. Los 90 días corren a partir de ayer.

Otra de las críticas que ha recibido la comisión es que uno de sus miembros es Jorge Cárdenas, hermano del ministro actual de Hacienda, quien ha sido contratista de la Policía durante la gestión de Palomino.

ESCEPTIcISMO

12 días después de nombrar la comisión, Santos dijo que no podía “descabezar” a Palomino sin pruebas, solo por “chismes”.

“Tomó partido públicamente”, sentenció Morales. “Nunca hemos dicho que lo boten, solo que investiguen y que si es culpable tomen medidas. Al él sentar una posición no dejó margen para que la investigación esclarezca la situación”, afirmó.

En ese sentido, Dávila opinó que Santos “descalificó todo. Protegió las garantías de los sospechosos”.

Sospechosos porque el propio fiscal general ya manifestó que los indicios más fuertes apuntaban a lo interno de la Policía.

Para Dávila, Santos “protege” a Palomino. Lo que a ella la aterró, aunque sabe que quizá fue coincidencia, fue que en los correos el anónimo le advierte que van a tratar de deslegitimarla diciendo que lo denunciado fue un chisme, y Santos usó esa misma palabra.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, también ha salido en defensa de Palomino argumentando que hay interés en desprestigiar a la Policía y que en esa entidad hay una gran división y lucha por el poder.

¿PRUEBAS ALTERADAS?

A estas alturas, ni Dávila ni Morales confían en la existencia de la totalidad de las pruebas. “Han tenido mucho tiempo para borrar todo”, piensa Dávila. “Como el peritaje que le hizo la Policía a uno de los carros de los que nos habló el informante antes de que la Fiscalía interviniera”, aportó Morales: “alteraron pruebas”.

Además, contó Dávila, “al capitán Carvajal la Policía misma le hizo un polígrafo y salen diciendo que salió perfecto. Primero, eso no es una prueba judicial. Segundo, se la hizo la Policía, los mismos sospechosos. ¿Y el apoyo del presidente qué hizo? Envalentonar a los sospechosos. Descalificar las denuncias sin haber investigado”.

En diciembre, el fiscal del caso fue amenazado de muerte, reportó la Fiscalía. Dávila y otros periodistas informaron además que el fiscal sacó a su familia del país por esas amenazas.

Además, el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones fue retenido en el aeropuerto de Bogotá cuando iba a viajar en un procedimiento que la Fiscalía consideró irregular y la Policía como de rutina.

Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno y presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, piensa como las periodistas: “Mientras la Fiscalía recoge pruebas, la Policía y la Presidencia se niegan a hacerlo y emprenden una cacería de brujas. El presidente y la Policía aseguran que no ha habido seguimientos y acusan a un coronel rebelde de filtrarles información a ellas, pero no desmienten la información recibida. Es decir, la situación es más grave porque hay detalles de sus movimientos, pero la Policía no admite que hay algo que investigar”.

Por eso el periodista Gonzalo Guillén no entiende por qué“a pesar de las evidencias, declaraciones e indicios contra Palomino, Santos se niega a relevarlo del cargo. Y en medio de todo esto, la corrupción ha carcomido más que nunca a la tradicionalmente corrupta Policía”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claudio Paolillo, expresó mediante un comunicado “preocupación por los actos de intimidación que generan temor y disminuyen la capacidad de los periodistas de realizar con libertad y eficiencia su trabajo” y pidió a las autoridades investigar a los responsables para evitar la impunidad de delitos que buscan “fomentar autocensura y limitar la información incómoda que puedan difundir los periodistas”.

Dávila dijo que seguirán investigando y, a pesar de lo declarado por Ordoñez ayer, tiene dudas de que la investigación termine en algo.

Sobre la declaración de Palomino, de que no renunciará, aseguró que le hace un daño inmenso a la institución, que la Policía está destrozada y que él perdió toda legitimidad para ser director. Advirtió que Palomino y el gobierno están empeñados en proteger los intereses personales por encima de los de la institución.

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