SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Policía Nacional deberá pedir disculpas

El 23 de octubre de 2013, en un retén policial en San Carlos, un niño de 2 años de edad y un joven de 15 murieron por disparos de la Policía.

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Durante la reconstrucción de los hechos en noviembre de 2013 se confirmó la trayectoria de las balas. Durante la reconstrucción de los hechos en noviembre de 2013 se confirmó la trayectoria de las balas.
Durante la reconstrucción de los hechos en noviembre de 2013 se confirmó la trayectoria de las balas. Archivo

La Policía Nacional deberá pedir disculpas públicas a la comunidad y a los familiares de los dos menores de origen hindú muertos por impactos de bala tras un incidente con agentes policiales que perseguían a supuestos narcos en la entrada de San Carlos el 23 de octubre de 2013.

Esto, luego de que la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte condenara al Estado panameño, a través de la Policía, al pago de 400 mil dólares en indemnizaciones a los familiares de ambas víctimas.

En sendos fallos, bajo la ponencia de los magistrados Cecilio Cedalise y Abel Zamorano, la Sala Tercera estimó que los agentes violaron el protocolo establecido en la Ley Orgánica de la Policía y actuaron de manera negligente.

Detallan que la Ley Orgánica de la Policía señala que sus miembros solo podrán hacer uso de la fuerza letal cuando racionalmente consideren que la misma es necesaria para la defensa de su vida e integridad personal de terceros y que el policía debe agotar previamente todos los recursos posibles para detener a un presunto delincuente.

CONDENAN AL ESTADO POR MUERTE DE JÓVENES

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado panameño al pago de $400 mil en indemnizaciones a los familiares de los jóvenes Ishan Bhiku Ahir y Twinkal Sureshbhai Ahir, quienes fueron ultimados a tiros por agentes de la Policía Nacional, en un hecho ocurrido en San Carlos el 23 de octubre de 2013.

En dos fallos, con la firma de los magistrados Cecilio Cedalise y Abel Zamorano, la Sala Tercera de la Corte ordenó al Estado pagar 200 mil dólares por cada víctima.

En su decisión, los magistrados de la Sala Tercera también ordenaron a la Policía Nacional, a través de su director, ofrecer disculpas públicas a los familiares de los menores fallecidos y a la comunidad nacional.

Además, que como garantía para que no se repitan estos hechos, los magistrados recomendaron a la Policía adoptar programas, planes y actividades de formación idóneos y necesarios para la protección de los derechos humanos, en especial de los niños.

En los fallos se concluye que hubo una falla en el servicio público prestado por la Policía, que está llamada a garantizar la paz, seguridad ciudadana, el cumplimiento y la observancia de la Constitución.

Asimismo, la decisión de los magistrados recalca que la ley orgánica de la Policía Nacional establece que sus funcionarios deben cuidar, proteger la vida, honra, integridad física, derechos, libertades y bienes de los asociados.

Las demandas, presentadas por el abogado Gregorio Villarreal en 2014, se fundamentan en que el 23 de octubre de 2013 ambas víctimas viajaban hacia el interior del país en compañía de sus familiares, que a la altura de San Carlos fueron detenidos en un retén policial, pero poco después se les autorizó a continuar el viaje. Instantes más tarde, el vehículo fue impactado varias veces por disparos efectuados por policías.

Inicialmente, Villarreal reclamó $5 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados a los familiares de las víctimas, pero el monto no fue compartido por los magistrados de la Sala Tercera, que lo disminuyeron.

En la investigación realizada por el Ministerio Público se estableció que el arma de fuego que ocasionó la muerte de los jóvenes fue accionada por el teniente Alexander Rosales, aunque en el lugar estuvieron otros agentes de la Policía, quienes también hicieron uso de su arma de reglamento.

En este punto, el fallo de los magistrados de la Sala Tercera señala que el actuar de los policías involucrados en los hechos reflejó una conducta reprochable y un exabrupto.

En ese sentido, señalaron que “el daño ocasionado a los familiares de las víctimas es cierto, personal, directo y de naturaleza antijurídica, porque estos no estaban llamados a soportarlo en atención al respeto de la dignidad humana y de sus derechos constitucionales”.

Asimismo, los fallos indican que quedó acreditada la conducta culposa de los agentes de la Policía y que su actuación fue irregular y defectuosa, es decir, que el daño causado trascendió su actuación.

Además, que el daño se produjo por el incumplimiento del protocolo y el procedimiento regulado en varios artículos de la ley orgánica de la Policía, y que realizaron un procedimiento totalmente negligente, pues actuaron al margen del más mínimo sentido de la responsabilidad y profesionalismo, desatendiendo en demasía los procedimientos que debieron aplicarse con relación a los vehículos que transportaban a los menores de edad.

El 26 de enero de 2017, el Segundo Tribunal Superior condenó a 30 años de prisión al teniente Alexander Rosales por la muerte de las víctimas, que al momento del hecho tenían 2 y 15 años de edad.

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