Proceso

Kenia Porcell se querella contra Zulay Rodríguez ante la Corte Suprema de Justicia

La acusación de la procuradora contra la diputada debe ser asignada a un magistrado de la Corte, a través de reparto, quien determinará si el caso caso se admite o no.

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La procuradora Kenia Porcell a su salida de la Corte. Detrás de ella aparece el subsecretario de la Procuraduría, David Díaz.Raúl Valdés La procuradora Kenia Porcell a su salida de la Corte. Detrás de ella aparece el subsecretario de la Procuraduría, David Díaz.Raúl Valdés
La procuradora Kenia Porcell a su salida de la Corte. Detrás de ella aparece el subsecretario de la Procuraduría, David Díaz.Raúl Valdés

Kenia Porcell, procuradora general de la Nación, se desplazó ayer hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para querellarse contra la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD)Zulay Rodríguez.

La acusa de la supuesta comisión de los delitos contra el honor (calumnia e injuria), y contra la administración pública (abuso de autoridad de los servidores públicos).

El monto pretendido por los presuntos daños ocasionados es de un millón 88 mil dólares.

Calumnia e injuria

William Moore Goulbourne, abogado de la jefa del Ministerio Público (MP), manifestó en la querella que el pasado 19 de agosto Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter mensajes afirmando que Porcell ha omitido recibir declaraciones de Rodrigo Tacla Durán, un exoperador de Odebrecht que vive en España. “Pero Kenia tiene 10 millones de razones para él (sic) no declare”, dice el tuit que cita el recurso.

El documento también hace referencia a otro mensaje de Rodríguez. “Tacla Durán quiere declarar toda la verdad y en que tiene (sic) pruebas que vinculan a la Procuradora Kenia Isolda, Cachaza con Odebrecht, pero la misma no quiere tomarle declaración para seguir encubriendo todo”.

La querella también plantea que el 20 de agosto pasado las declaraciones de Rodríguez fueron reproducidas por el diario Crítica.

El documento afirma que Rodríguez es responsable por los delitos contra el honor por el tuit que hizo referencia a los “10 millones de razones”.

Recordó que el Ministerio Público envió una asistencia judicial a España para requerir las diligencias de Tacla Durán e incorporarlas al expediente del caso Odebrecht en Panamá.

Además, señala que Rodríguez es responsable por los delitos contra el honor, ya que ella conocía que desde el 27 de julio de 2017 el MP hizo público la cooperación internacional de Tacla Durán lograda entre la Procuraduría y la Fiscalía General de España.

Recordó que el honor es un derecho fundamental consagrado en la Constitución (artículo 17) y en el Código Penal (Libro II y Título IV) relacionado con la dignidad humana, que tiene el propósito de proteger el valor de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos.

Igualmente, plantea que la injuria, tipificada en el artículo 193 del Código Penal, se comete al hacer una aseveración falsa e injuriosa. Agrega que “el dolo, para este caso, se constituye con la conciencia de la entidad injuriosa de la imputación por lo que quien obra para atacar la honra o el crédito ajeno, lo hace sabiendo que con su acción de atacarlo existe la posibilidad de esa ofensa”. En este caso, dice, todas las acciones de dolo son aptas para la configuración de la injuria.

También reseña que en su jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia ha dejado claro que para que exista delito en este caso se debe probar la intención de hacer daño (animus injuriandi).

Cabe aclarar que el artículo 196 del Código Penal establece: “En los delitos contra el honor, la retractación pública y consentida por el ofendido excluye de responsabilidad penal. Cuando en las conductas descritas en el artículo anterior, los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución [con mando y jurisdicción nacional], funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho”.

Abuso de autoridad

Mientras que para sustentar la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, la querella detalla que Rodríguez, quien es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, dejó el órgano Legislativo -destinado a la creación de leyes-, y viajó a España para entrevistarse con una persona vinculada a una investigación penal, que se adelanta en distintos países; y, haciendo uso de su cargo, grabó un video para tratar de hacer que Porcell y la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore adoptaran una medida dentro de un proceso que en estos momentos está paralizado. Según la querella este es un acto “arbitrario” que excede los límites de las facultades legales inherentes al cargo público que ocupa Rodríguez.

Detalla el documento, además, que el propio Tacla Durán, en un vídeo publicado por Rodríguez, reconoce: “yo he contestado a su llamado justamente porque tengo la total intención de cooperar con las autoridades de Panamá y como tú eres diputada y me has buscado para saber si había esa intención te confirmo que estoy a disposición para declarar”.

En este sentido la querella de Porcell plantea que el abuso de autoridad del servidor público se produce cuando este comete un acto arbitrario, no respaldado por la ley, contra una persona afectándola en un derecho.

Porcell, quien se presentó al palacio de justicia Gil Ponce en compañía del secretario de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez; y del subsecretario, David Díaz, aseguró que “hay personas que utilizan el cargo que tienen para atentar contra el honor de otros”.

La respuesta

Rodríguez le respondió a la procuradora a través de su cuenta de Twitter: “Kenia Isolda, te voy a enfrentar en los tribunales de justicia y todas las delaciones, pruebas y testigos que no permitiste declararan y ampliaran su declaración, pediré las pruebas para demostrar el encubrimiento que se realizó a favor de la empresa Odebrecht”.

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