sector eléctrico

Presentan denuncia contra EIA en proyecto de NG Power

La acción legal ante el Ministerio Público pide investigar la actuación de los funcionarios de Miambiente que avalaron el estudio de impacto ambiental y aplicar sanciones.

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El proyecto se desarrolla en la provincia de Colón y se tiene previsto que su primera fase esté concluida este año y la segunda fase deberá estar terminada en el año 2020. Archivo El proyecto se desarrolla en la provincia de Colón y se tiene previsto que su primera fase esté concluida este año y la segunda fase deberá estar terminada en el año 2020. Archivo
El proyecto se desarrolla en la provincia de Colón y se tiene previsto que su primera fase esté concluida este año y la segunda fase deberá estar terminada en el año 2020. Archivo

Una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito contra el medioambiente fue presentada contra un grupo de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Ambiente (Miambiente) por la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) categoría II para la operación de una central de generación eléctrica en Telfers, en Colón.

Este megaproyecto fue asignado originalmente a la empresa LNG Group Panamá, S.A., y posteriormente traspasada a NG Power.

La denuncia presentada a título personal por el abogado Moisés Bartlett sostiene que Miambiente aprobó el 9 de marzo de 2011 un estudio de impacto ambiental categoría II para un proyecto denominado “recepción, almacenamiento, regasificación, distribución y comercialización de gas natural y la construcción de una central térmica de 150 megawats en el área de Telfers, Colón”.

Agrega que el 21 de febrero de 2014 Miambiente aprobó una modificación al citado proyecto, aumentando la capacidad de la central hidroeléctrica a 160 megavatios sin que hubiese una verificación por parte de las ingenieras Natalia Ivanova y Dagmar Henríquez, quienes elaboraron inicialmente el EIA categoría II otorgado para la operación del proyecto, que prevé generar 670 megavatios.

El demandante señala que tampoco existe un estudio de campo sobre el cambio de ampliación que se aplicó al proyecto.

Añade que las modificaciones hechas al proyecto rebasan las normativas aplicadas en el estudio de impacto ambiental categoría II, ya que en ellas, aunque se produzcan efectos en el medio ambiente, estos pueden ser fácilmente subsanables con medidas de mitigación.

En cambio, recalca, las modificaciones hechas al proyecto de una central eléctrica de gas con capacidad de generar 160 megavatios puede generar un impacto ambiental significativo, que requiere de una sección sobre los antecedentes del área de influencia del proyecto, un análisis y jerarquización de los impactos ambientales y de un foro público obligatorio, tal como lo establece un EIA categoría III.

Explica que las consultas ciudadanas tienen como propósito permitir que las personas que pudiesen ser afectadas por el proyecto y los grupos de protección al medio ambiente participen del proceso de avaluación de la obra, lo que, además, permitiría al promotor conocer posibles problemas de aceptación en la comunidad.

“El Ministerio Público debe investigar si en este caso el estudio de impacto ambiental se corresponde con la ley”.

Moisés Bartlett Abogado.

También destaca que Miambiente, en el caso de otros proyectos de generación eléctrica similares al que se desarrolla en la isla Telfers, ha autorizado estudios de impacto categoría III, tal es el caso del proyecto de una planta de gas natural en isla Margarita, con una capacidad de generación de 450 megavatios.

Similar medida, relata, se aprobó para otro proyecto que se desarrolla en el corregimiento de Cristóbal, en Colón, con una capacidad de generación termoeléctrica de 381 megavatios.

Entre los exfuncionarios de Miambiente a los que se le atribuye una posible participación en las irregularidades en el otorgamiento se menciona a su exdirector Silvano Vergara y a funcionarios de la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, de la Administración General de esa entidad.

Se consultó a la dirección de prensa de Miambiente sobre la denuncia presentada en el Ministerio Público, pero se informó que no habían sido notificados aún y por ende los funcionarios no podían hacer comentarios al respecto.

Otra batalla legal

NG Power mantiene una batalla legal con la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), relacionada con el proyecto de isla Telfers.

El pasado 17 de noviembre, la empresa presentó ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías constitucionales contra una decisión de la ASEP, que se resiste a registrar dos enmiendas al contrato para el suministro de energía eléctrica suscrito con la Compañía de Distribución Eléctrica Metro Oeste y la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí.

El recurso de NG Power sostiene que la negativa “arbitraria” de la ASEP trae como consecuencia que, sin el registro de enmienda de los contratos de potencia en firme y de energía asociada, se haga inviable la construcción del proyecto de generación eléctrica a base de gas natural de Telfers, con una inversión de $800 millones.

NG Power alega que el proyecto deberá estar concluido en un término de 34 meses, pero la ASEP, al no registrar las enmiendas, pone en peligro el avance de la obra, ya que la empresa china Shangai Electric, que financia la obra, podría suspender los desembolsos y retirar el financiamiento.

En su contestación, la ASEP alegó que en este caso se solicitó más información a la empresa sobre el impacto que tendría el proyecto en la tarifa eléctrica. Dice, además, que no se ha negado a firmar las enmiendas al contrato. Este último recurso aún no ha sido resuelto por la Corte.

Se trata del cuarto amparo de garantías presentado por NG Power contra la ASEP relacionado con el citado proyecto. En todos ha sido beneficiada por la Corte.

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