Presidente de Cacsa es desmentido por abogada Edna Ramos

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El presidente de Cacsa, Serafín González, afirmó que nunca había solicitado a nadie negociar con la justicia, pero una abogada declaró al Ministerio Público lo contrario. El presidente de Cacsa, Serafín González, afirmó que nunca había solicitado a nadie negociar con la justicia, pero una abogada declaró al Ministerio Público lo contrario.
El presidente de Cacsa, Serafín González, afirmó que nunca había solicitado a nadie negociar con la justicia, pero una abogada declaró al Ministerio Público lo contrario. Gabriel Rodríguez

El presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L. (Cacsa), Serafín González, desmintió que él o Cacsa hayan solicitado a abogado alguno negociar con la justicia un fallo a favor de Cacsa en un pleito de índole civil, hoy día en casación. Pero, una abogada ahora lo desmiente a él.

Edna Ramos declaró ante el Ministerio Público (MP) que miembros de la Cooperativa le propusieron “negociar fallos” con magistrados de la Corte Suprema. A cambio, su bufete sería contratado por $2.5 millones. Ramos no solo lo declaró al MP. También entregó pruebas de ello.

Las exigencias –plasmadas en un contrato que recibió por correo electrónico– contenía cláusulas de éxito, es decir, debía garantizar la admisión de la casación y el fallo a favor de Cacsa.

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Presidente de Cacsa es desmentido por abogada Edna Ramos

Abogada denuncia que Cacsa le pidió ‘negociar fallos’ en la Corte

“Negociar con la justicia” para obtener un fallo a favor de la Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L. (Cacsa) –en pugna legal con el empresario Luis Muñoz– fue una de las exigencias del organismo cooperativo, de acuerdo con el testimonio de una abogada que presentó una oferta para representar a Cacsa en el pleito.

Se trata de la abogada Edna Ramos, quien declaró ante la Fiscalía Anticorrupción que directivos de Cacsa le pidieron “directamente” realizar “negociaciones de fallos” e “ir a hablar con los magistrados” para garantizar un fallo a favor de la cooperativa.

Uno de los que más insistió –dijo– fue Edilberto Arjona, en esos momentos, director de Asesoría Legal de Cacsa.

Contó que esa exigencia se la hicieron en reunión de junta directiva de Cacsa, el 9 de marzo pasado, en una de las oficinas de la cooperativa ubicada en la avenida Cuba. “En esa reunión, nuevamente insistían algunas unidades [de Cacsa] en lo mismo que había pedido Arjona: que garantizara la sentencia favorable para Cacsa”. Pero la abogada dice haber rechazado tal pretensión.

Ramos reveló que se le hicieron preguntas técnicas que respondió, pero que cuando hablaron directamente de negociar fallos, de hablar con los magistrados, le dio la impresión “de que era eso lo que querían [...] y mi no me pagan para eso, a mi me pagan para pelear en derecho”, sostuvo.

Ramos reveló –cronológicamente– cómo directivos de Cacsa trataron de condicionar su contratación por $2.5 millones para representarlos en un recurso de casación que ya había presentado la Cooperativa ante la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema, en un proceso promovido por el empresario Luis Muñoz contra Cacsa.

Negociación

En febrero pasado –describió Ramos– fue contactada por un abogado que le habló de la casación interpuesta por Cacsa, sin imaginar que se le haría el controversial pedido de garantías de éxito.

Se le explicó que “Cacsa había resultado vencida en segunda instancia y que estaba condenada en abstracto”, y que las pretensiones ascendían a $16 millones en concepto de capital, costas, gastos e intereses.

También relató que se le informó que Cacsa había sido secuestrada por $5 millones [sic], criterio que dijo no compartir, porque “toda medida cautelar de secuestro debe tener una cuantía que determine su concurrencia”.

Su propuesta de honorarios por $2.5 millones fue recogida en un contrato que envió a Cacsa el 21 de febrero, por correo electrónico. Luego, el contrato –añadió– sería remitido a José Serrano Vinda, por entonces presidente de Cacsa y hoy vocal de la junta de directores. Ramos precisó que el contrato fue remitido en formato digital de texto e imagen (Word y PDF) para su respectivo análisis.

Seis días después, el 27 de febrero de 2019, Ramos recibiría una respuesta a su propuesta. Su colega, el intermediario entre ella y Cacsa, le reenvió el borrador de contrato que “había sido confeccionado y remitido por Edilberto Arjona”, quien figuraba hasta julio pasado como jefe del Departamento Jurídico de Cacsa.

La abogada entregó la secuencia de correos a la Fiscalía, de donde provenía el borrador de contrato que recibió: earjona@cacsa.com.pa, correo electrónico de Arjona, resaltó.

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Contrato

“El contrato recibido [por Ramos], de parte de Arjona estaba en un formado totalmente diferente al que nosotros habíamos remitido, con nuestro membrete y redacción, y en ese contrato había incluido dos cláusulas que me llamaron mucho la atención”, afirmó la abogada a la Fiscalía.

Se trataba de las cláusulas cuarta y séptima (ver facsímil superior). “En ambas cláusulas pretendía que la firma garantizara resultados, y yo me opuse a hacer algo como eso, y ante mi objeción, ellos me pidieron una reunión, que iban a venir directivos”, reveló Ramos.

La cláusula cuarta del contrato a la que se refería Ramos señala que la firma de abogados “será responsable de las consecuencias y resultados del proceso, y que le garantiza a la cooperativa que el proceso se resolverá a su favor…”

Las cláusulas eran, incluso, más claras: “Acuerdan las partes que el pago o reembolso de los honorarios pactados en la presente cláusula está sujeto a que el resultado del proceso sea a favor de la Cooperativa, por lo que se regirán conforme a lo establecido en las cláusulas sexta y séptima del presente contrato”.

El contrato enviado por Cacsa también pedía que la firma de abogados debía garantizar la “admisión del recurso de casación” y la “sentencia favorable a la cooperativa”.

En ese contrato también se observa que, aunque la firma de Ramos sería contratada por $2.5 millones, no ejercería la representación principal: “La cooperativa faculta a la firma para que la asesore en representación judicial y extrajudicial, por lo que la cooperativa otorgará poder especial a favor de la firma para que se constituya como apoderada judicial sustituto”.

Ante su negativa de aceptar las condiciones del contrato, Ramos indicó a la Fiscalía que los directivos de Cacsa pedían reuniones sin antelación y que “finalmente llegaron un día distinto al que habían dicho, pero yo los recibí sola, en la sala de reuniones de mi oficina, porque venían del interior del país y eran alrededor de ocho personas”. Aseguró recordar a dos de los presentes: José Serrano Vinda y Edilberto Arjona.

En dicha reunión, relató que Arjona “se mostraba muy incisivo e insistente en mantener dichas condiciones”, a pesar de que iban en contra del Código de Ética.

Ramos aseguró que le dijo a Arjona que lo único que podía garantizar era la calidad de su gestión en derecho.

La abogada dejó su computadora a disposición de la Fiscalía Anticorrupción para que verificara la secuencia de correos que intercambió con el abogado que le habló de la casación y con los representantes de Cacsa.

Otro que habría dicho que la contratación de una firma externa garantizaría resultados a favor de la Cooperativa fue el entonces abogado de Cacsa, Edilberto Arjona.

La Prensa tuvo acceso a una nota –con logos de Cacsa– fechada el 30 de mayo de 2019, en la que Arjona habría asegurado al gerente general de la cooperativa, Hermelio Suira, que el abogado que finalmente fue contratado, Carlos Ameglio, “está garantizando el resultado del proceso y que se resuelva lo más pronto posible, lo que en definitiva beneficiaría a Cacsa”.

Esta nota fue mostrada al presidente de Cacsa, Serafín González, quien aseguró que no la validaba, porque no tenía sello de recibida. Sin embargo, miembros de la Junta de Vigilancia que fueron expulsados de Cacsa –Nodier Polanco y Aris Méndez– confirmaron que tenían una copia igual a la carta que ahora niega González.

Al final, Cacsa contrató los servicios del abogado Carlos Ameglio, por $1.5 millones.

Este medio, desde septiembre pasado, ha intentado infructuosamente de comunicarse con Arjona. El número de teléfono también fue solicitado a González, pero no se obtuvo respuesta.

Cacsa lo niega

El contrato entregado por Ramos a la Fiscalía fue mostrado por La Prensa al presidente de Cacsa en una entrevista realizada la semana pasada. González afirmó que no podía garantizar la veracidad del documento.

Al observarlo, empero, dijo que “es una propuesta de una firma [de abogados] y se rechazó en reunión de junta directiva. No sé si lo envió o no él [Arjona] ”.

González calificó de “mentiras” las acusaciones de Ramos sobre supuesta compra-venta de fallos en la Corte Suprema.

“Eso es mentira. Nosotros la invitamos en pleno, la junta de directores, y le dijimos preséntenos su propuesta por escrito. Ella mencionó que se tenía que ir, y le dije que para tratar un tema de esa magnitud, usted no nos iba a presionar ...”, afirmó.

Justificaciones

Serafín González dijo que el empresario Muñoz tendrá que demostrar de que fueron $16 millones los daños y perjuicios que sufrió, en caso de ganar el pleito.

“Yo quisiera que él [Muñoz] presente sus estados financieros; si él en el pasado se ganaba $16 millones". González puso en duda que Muñoz pudiera ganarse $16 millones en el proyecto que pretendía desarrollar con Cacsa. En un proyecto de $2 millones –dijo– uno puede, quizás, ganar $800 mil o $500 mil.

Pero usted está pagando $1.5 millones en honorarios legales, cuestionó La Prensa. González respondió que era la tabla que todos los abogados “nos ponían”.

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