ARGENTINA

Procesan a Cristina Fernández

Se trata del segundo caso en que es imputada formalmente. Ahora se le acusa de asociación ilícita para apoderarse de dinero del Estado.

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La expresidenta argentina también se encuentra procesada por el caso de la venta del dólar a futuro. En este caso le dictaron la inhibición de sus bienes. La expresidenta argentina también se encuentra procesada por el caso de la venta del dólar a futuro. En este caso le dictaron la inhibición de sus bienes.
La expresidenta argentina también se encuentra procesada por el caso de la venta del dólar a futuro. En este caso le dictaron la inhibición de sus bienes.

El juez argentino Julián Ercolini ordenó ayer procesar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a 24 personas más en el marco de una investigación por la adjudicación fraudulenta de millones de dólares en obra pública que involucra los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández (2007-2015).

En el caso de cinco de los investigados, el juez no halló mérito para procesarlos.

La acusación formal también incluye al exministro de Planificación Julio de Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, al exfuncionario del Ministerio de Planificación Carlos Kirchner (primo del expresidente Néstor Kirchner), al ex administrador general de la Dirección General de Vialidad, Nelson Periotti y al propietario de Austral Construcciones, Lázaro Báez, un empresario ligado al kirchnerismo, de acuerdo con el fallo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal #10, disponible en el sitio web del Centro de Información Judicial.

A estos seis procesados se les señala como “coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita en concurso con el de administración fraudulenta agravada” y, por tanto, se les impone un embargo de 10 mil millones de pesos (643 millones de dólares).

Según el auto de procesamiento, a Austral Construcciones –la mayor beneficiaria de las obras públicas– le fueron adjudicados 52 contratos por un monto “actualizado” de $46 mil 230 millones de pesos ($3 mil 82 millones), entre los años 2003 y 2015.

Ercolini justifica el procesamiento de los 24 imputados por ser parte de una asociación destinada a la comisión de delitos, “para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial”, que pudo funcionar principalmente en la provincia de Santa Cruz.

El magistrado además consideró que esta mala praxis “perjudicó los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado” con el fin de “un lucro indebido propio o de terceros, por ejemplo, el del empresario Lázaro Báez”.

En cuanto a las responsabilidades que tendría la expresidenta, el juez Ercolini estimó que esta violó su deber de administrar y cuidar los bienes estatales en función de su cargo como jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país.

El exministro De Vido y el exsecretario de Obras Públicas López recibieron la misma acusación, al haber perjudicado los intereses confiados y debido a su capacidad de decisión sobre las obras públicas.

El fallo señala que De Vido, en su carácter de ministro de Planificación, adoptó decisiones “económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo” y que “habría omitido controlar la actividad de las dependencias que se encontraban bajo sus competencias funcionales”.

Al hacer su defensa y en el marco de la investigación, la expresidenta Fernández pidió que se realizara una auditoría completa de los contratos de obra adjudicados entre 2003 y 2015.

Según el diario Clarín, tras esta petición, el poder judicial solicitó a la Dirección Nacional de Vialidad que ratificara que las cifras extraídas de una auditoría inicial, que cifró los sobreprecios del grupo propiedad de Lázaro Báez (Austral Construcciones) en mil millones de pesos (unos 64 millones de dólares) como parte de una serie de contratos por un monto de 3 mil 232 millones de pesos (unos 207 millones de dólares).

Según el fallo de Ercolini, al rendir indagatoria Fernández apuntó que dicho informe de la Dirección Nacional de Vialidad se realizó de manera apresurada y que tenía una “intencionalidad política”. Además, dijo que las declaraciones testimoniales que alegan cuestiones como los montos y el retraso de las obras carecían del análisis debido.

Ayer, la expresidenta utilizó su cuenta de Twitter para expresar su descontento con la decisión judicial, mas, en vez de argumentar en su defensa, dedicó varios tuits a cuestionar la actuación del juez Ercolini en casos como el de Papel Prensa, en el que se sobreseyó a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y a otros imputados acusados de la venta irregular de esta empresa dedicada a la producción de papel de periódico en la década de 1970.

“Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, escribió en uno de ellos.

Por su parte, el exministro de Planificación y diputado por el kirchnerismo Julio de Vido, utilizó su cuenta de Facebook para calificar el dictamen como “una resolución a la medida de las necesidades de [Mauricio] Macri” por el panorama económico que encara el país.

De Vido aseguró que cumplió con su cargo como ministro y que no elevó ni autorizó los presupuestos de obras públicas, los cuales, remarcó además, deben tener la aprobación del Congreso.

El procesamiento de Ercolini no es el primero que afronta la expresidenta. Este año ya fue imputada en el caso de la venta de dólar a futuro, por el cual el juez Claudio Bonadío ordenó un embargo de 15 millones de pesos ($965 mil), Fernández alegó no tener esa cantidad de dinero, porque había transferido su patrimonio económico a sus hijos, tras lo cual se decretó la inhibición de bienes.

Además, es investigada por las actividades de la inmobiliaria Los Sauces, S.A., acusada de presunta falsificación de documentos públicos y de ser utilizada por los empresarios Báez y Cristóbal López –también cercano al kirchnerismo– para el lavado de dinero mediante alquileres de habitaciones. Por dicha investigación, Bonadío intervino la empresa y la cuenta de la sucesión que dejó el fallecido expresidente.

Fernández es uno de los expresidentes latinoamericanos en problemas con la justicia por casos de corrupción, entre los que también se encuentran el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el hondureño Mauricio Funes, el guatemalteco Otto Pérez Molina y el salvadoreño Francisco Flores, fallecido en enero pasado.

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