PROYECTO

Procurador pide a la Asamblea Nacional excluir a los corruptos de los proyectos de APP

El proyecto de ley que crea el régimen de las asociaciones público privadas incluía la inhabilitación de contratistas condenados; eso lo eliminaron los diputados, en el segundo debate.

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El procurador de la Administración, Rigoberto González, hizo observaciones sobre la figura del Ente Rector del proyecto de ley de la APP. Archivo El procurador de la Administración, Rigoberto González, hizo observaciones sobre la figura del Ente Rector del proyecto de ley de la APP. Archivo

El procurador de la Administración, Rigoberto González, hizo observaciones sobre la figura del Ente Rector del proyecto de ley de la APP. Archivo

Diputados de la Asamblea, se encuentran pendientes de discutir el tercer debate del proyecto de ley de la APP. Archivo. Diputados de la Asamblea, se encuentran pendientes de discutir el tercer debate del proyecto de ley de la APP. Archivo.

Diputados de la Asamblea, se encuentran pendientes de discutir el tercer debate del proyecto de ley de la APP. Archivo.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, está a favor de inhabilitar a las personas y empresas condenadas por corrupción, a fin de que no puedan participar en el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de asociación público privada (APP).

Así consta en una nota que González envió al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Marcos Castillero, el pasado 26 de agosto. Dos días antes, la comisión legislativa de Economía y Finanzas había aprobado en primer debate el proyecto de ley No. 12 -que crea el régimen de las APP-, y en su artículo 67 incorporó la prohibición de hacer negocios con contratistas condenados por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, terrorismo y contra el patrimonio, así como con aquellos con acuerdos de colaboración judicial. La inhabilitación se refiere a causas con sentencia judicial definitiva, pero no dice nada acerca de condenas en el extranjero.

“Consideramos imperativo que la inhabilitación de la que trata el artículo 67 se extienda no sólo a las personas jurídicas y naturales condenadas en Panamá, sino en cualquier parte del mundo, con fundamento en lo establecido en convenciones internacionales contra la corrupción, de ineludible acatamiento por parte de la República de Panamá, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción”, señala el procurador en su nota.

Agregó que la AN “tiene nuevamente la oportunidad de mandar un claro mensaje acerca de que la República de Panamá desea atraer inversión privada de primer mundo, de óptima calidad y con los más altos estándares éticos-comerciales”.

El procurador pidió que su recomendación fuese valorada por el pleno legislativo en el segundo debate del proyecto No. 12, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario.

En ese debate, que se llevó a cabo el 4 de septiembre pasado, el pleno eliminó la prohibición de contratar a los corruptos, sin dar mayores explicaciones.

El proyecto está ahora en agenda para ser discutido en tercer debate, etapa en la que ya no se pueden introducir modificaciones.

El procurador, en su nota a Castillero, también recomienda una mayor representatividad en la conformación del Comité Consultivo, organismo que elevará recomendaciones al Ente Rector.

En el proyecto No. 12 se establece que el comité tendrá cuatro miembros: dos del sector académico y dos de los grupos trabajadores. González pide incluir a representantes de los municipios y del “usuario final”, que es quien se verá beneficiado o perjudicado por la prestación del servicio o la infraestructura que se provea.

El proyecto No. 12 también propone un Ente Rector y una Secretaría Nacional de APP. El primero será presidido por el ministro de la Presidencia y el segundo estará adscrito a ese mismo ministerio.

“Esta situación podría encaminar conflictos de intereses al ser el Ministro de la Presidencia, a la vez, proponente y decisor”, sostiene el procurador.

De igual forma, esto ocurriría con los otros cuatro ministros (de Economía y Finanzas, de Obras Públicas, de Comercio e Industrias y de Relaciones Exteriores) que conforman el Ente Rector.

Por otro lado, dadas las funciones altamente técnicas de la Secretaría Nacional APP, sería recomendable estudiar la conveniencia de que dicha unidad sea incorporada en un ente especializado, como la Dirección General de Contrataciones Públicas o el Ministerio de Economía y Finanzas, y no el Ministerio de la Presidencia.

Todo esto es planteado por el procurador, “especialmente si se toma en cuenta que las entidades contratantes deben efectuar el proceso de licitación y adjudicación de los proyectos APP con la asistencia dela Secretaría Nacional”.

El Ente Rector es el encargado de elegir qué proyectos se realizarán o no bajo el régimen APP, así como las condiciones del pliego y la precalificación de proponentes.

El procurador no hace mención a la incorporación de un miembro de la AN al Ente Rector, dado que esto no figuraba en la propuesta original; fue agregado por los diputados en segundo debate.

González reprocha, ademas, que el proyecto fuese discutido en primer debate, sin incluir opiniones especializadas, como de la Dirección General de Contrataciones Públicas. De paso, se evitarían “posibles conflictos o contradicciones” que podrían existir entre el proyecto No. 12 y otro también propuesto por el Ejecutivo: el No. 22, sobre reformas a las ley de contrataciones públicas.

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