FINANCIAMIENTO ELECTORAL

Procurador avala las donaciones que hacen las sociedades anónimas

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Rigoberto González, procurador de la Administración. Rigoberto González, procurador de la Administración.
Rigoberto González, procurador de la Administración. Archivo

El procurador de la Administración, Rigoberto González, considera que los artículos 178 y 203 del Código Electoral –inherentes a las donaciones que otorgan las sociedades anónimas a partidos políticos y candidatos– no riñen con la Constitución, tal como lo advirtió en una demanda ante la Corte Suprema de Justicia el abogado Juan Antonio Tejada Mora.

En una opinión que dio a la Corte sobre este tema, González planteó que las personas jurídicas tienen el derecho a participar de forma individual o asociada en la vida política, económica, cultural y social de una nación, ya que las mismas están conformadas por personas naturales.

Donaciones políticas, debate legal

Las donaciones que otorgan las personas jurídicas (sociedades anónimas) a partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular vuelven a estar en el centro del debate.

El abogado Juan Antonio Tejada Mora demandó ante la Corte Suprema de Justicia dos artículos del Código Electoral, relacionados con las donaciones de campaña y las sociedades anónimas, porque considera que son contrarios a la Constitución Política.

Se trata del artículo 187, que establece que son gastos deducibles del impuesto de la renta las contribuciones y donaciones en efectivo hechas por personas naturales y jurídicas a los partidos políticos o candidatos a puestos de elección popular.

Y los numerales 1 y 3 del artículo 203 de la ley electoral. El 1 dice que son prohibidos los aportes provenientes de personas jurídicas que no ejerzan actividades económicas en Panamá.

Mientras que el 3 también prohíbe las contribuciones de Gobiernos, personas u organismos extranjeros, pero exceptúa las donaciones de partidos, asociaciones internacionales y fundaciones extranjeras que están vinculadas con partidos o fundaciones nacionales, siempre que no sean para campañas.

Tejada Mora advierte que esas normas violan los artículos 131, 132 y 135 de la carta magna, que se refieren a los derechos políticos de los ciudadanos de Panamá, por permitirle a las personas jurídicas ejercer un derecho político que no les corresponde.

“La Constitución Política establece que son ciudadanos de Panamá todos los panameños mayores de 18 años sin distinción de sexo. Y que los derechos políticos se reservan a los ciudadanos panameños. La Constitución no le atribuye tales derechos a las personas jurídicas, solo a los ciudadanos”, advierte el jurista.

El abogado recalca también que el numeral 1 del artículo 203 abre la posibilidad de que a personas jurídicas constituidas en el extranjero se les permita hacer donaciones a partidos y a candidatos “con la única condición de que ejerzan actividades económicas en Panamá”.

“Y es que a las personas jurídicas no le es permitido, bajo la Constitución, gozar del derecho político de hacer donaciones, ya sea que ejerzan o no actividades económicas dentro de la República”, advierte.

Habla el procurador

Sin embargo, el procurador de la Administración, Rigoberto González, sustenta que esos artículos de la ley electoral no riñen con la Constitución.

En una opinión que dio a la Corte sobre el tema, el procurador argumenta que las personas jurídicas tienen el derecho a participar de forma individual o asociada en la vida política, económica, cultural y social de una nación, ya que las mismas están conformadas por personas naturales.

“Las personas jurídicas tienen el derecho de realizar aportes o donaciones de carácter privado a los partidos políticos o candidatos de puestos de elección popular, y que tales aportes sean deducibles del impuesto sobre la renta, toda vez que se encuentran constituidas por una serie de personas que ocupan cargos de directores y dignatarios que configuran una estructura organizativa”, dice González en un documento fechado el pasado 16 de marzo.

Sustenta su argumento con un artículo de la Constitución, el 39, que dice: “es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas”.

Su explicación va más allá. Manifiesta, además, que los derechos fundamentales de las personas jurídicas son la consecuencia o derivación de la voluntad original de la persona natural.

Dice, asimismo, que la norma demandada tiene como función introducir una barrera legal, a fin de evitar donaciones que se generen de fuentes externas no contempladas en la ley, además de evitar una influencia excesiva de factores particulares sobre los actores políticos y poderes políticos.

El escenario

Los millonarios aportes que dio Odebrecht tanto a José Domingo Arias, candidato presidencial del partido Cambio Democrático en las elecciones de 2014, como al hoy oficialista Partido Panameñista, pusieron a las donaciones políticas por parte de empresas en el centro de la polémica.

De acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción, la constructora transfirió, al menos, $10 millones a sociedades radicadas en distintas jurisdicciones que fueron a dar a la campaña de Arias.

Y según un informe que la Dirección de Investigación Judicial remitió a  la fiscalía en septiembre de 2017, la constructora brasileña transfirió al menos $10 millones desde su departamento de coimas a sociedades que controlaba el exembajador Jaime Lasso.

Lasso, a su vez, dijo que los fondos fueron a dar al panameñismo.

Los aportes a ambas campañas fue reiterados por exejecutivos de Odebrecht en una audiencia celebrada el 9 de noviembre de 2017, para validar los acuerdos de colaboración con la fiscalía.

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