VEDA

Procurador y Tribunal Electoral chocan por decreto electoral

La CSJ le pidió a González que emitiera su opinión con respecto a la demanda de inconstitucionalidad.

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El procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió a la Corte tramitar con urgencia este proceso porque es un tema relacionado con la campaña de 2019. El procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió a la Corte tramitar con urgencia este proceso porque es un tema relacionado con la campaña de 2019.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió a la Corte tramitar con urgencia este proceso porque es un tema relacionado con la campaña de 2019. Archivo

El procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucionales los artículos 3, 5 y 7 del Decreto 31 expedido por el Tribunal Electoral (TE), que establece limitaciones a la campaña política.

Por su parte, el magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery dijo que “no comparto ese criterio y el TE defenderá la constitucionalidad de sus actos ante la Corte Suprema”.

PROCURADOR: DECRETO SOBRE VEDA ELECTORAL 'SE EXCEDE

El procurador de la Administración, Rigoberto González, recomendó ayer al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucionales los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Electoral No. 31 de 13 de octubre de 2017, que establece los alcances y limitaciones de la campaña electoral (veda electoral).

La CSJ le pidió a González que emitiera su opinión con respecto a la demanda de inconstitucionalidad contra estos artículos que presentó ante ese tribunal el pasado 5 de febrero el abogado Ernesto Cedeño, aspirante presidencial por la libre postulación.

El artículo 3 establece que las caravanas y concentraciones proselitistas son actividades prohibidas dentro de la veda electoral.

El artículo 5 impone limitaciones a las actividades de inscripción de adherentes y recolección de firmas.

Mientras que el artículo 7 plantea las sanciones que se impondrán de hacerse caravanas y concentraciones durante la veda electoral.

El Código Electoral aprobado el año pasado estableció que solo podrá realizarse campaña política 60 días antes de las elecciones de mayo de 2019.

Cedeño sostuvo en su demanda que dichos artículos restringen el ejercicio político “de los aspirantes a los diversos cargos de elección popular en un rol opositor, facilitando el camino a los que pudieran aspirar en la línea gubernamental”.

Pero, además, señaló que dichos artículos dificultan a los precandidatos independientes difundir “libremente” sus planes políticos para conquistar al ciudadano y darse a conocer.

PROCURADOR RESPONDE 

El procurador González señaló a los magistrados de la CSJ que los artículos en mención violan las normas 19, 27 y 38 de la Constitución, así como los artículos 23 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Los artículos 19, 27 y 38 de la Constitución se refieren a que no habrá fueros ni privilegios, el libre tránsito y el derecho a las reuniones y manifestaciones, respectivamente.

Según el procurador, el artículo 3 del decreto del TE es violatorio de las normas 27 y 38 de la Constitución.

Destacó González que dicha norma del decreto electoral restringe el derecho fundamental de libertad, violando el pleno ejercicio de los derechos individuales, civiles y políticos.

DESVENTAJA

Respecto al artículo 5, dijo que tal restricción es contraria al espíritu de la libertad del ejercicio político consagrada en el artículo 135 de la Constitución.

A su juicio, dicha norma representa una desventaja en la figura de un independiente ante un candidato de partido político, pues el primero debe recolectar firmas para ser postulado y el segundo es postulado de forma directa por su colectivo.

“Es evidente que existe una desigualdad marcada en la forma en que el candidato independiente puede darse a conocer respecto a la de los candidatos de los partidos políticos”, señala el procurador en su respuesta a la CSJ.

Incluso, apuntó que las normas demandadas violan los artículos 23 y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que prohíben la discriminación de las personas. Además, el artículo 19 de la Constitución establece que no debe haber fueros ni privilegios.

En relación con el artículo 7, González considera que “la inclusión del numeral 3 al artículo es a toda luz una extralimitación”, ya que se introduce una sanción adicional a lo establecido en la Ley 29 de mayo de 2017, que reformó el Código Electoral.

‘DECRETO SE EXCEDE’

El procurador González reconoció que, aunque no se demandó la ilegalidad del decreto en su conjunto, considera que “su contenido y el fin o resultado que persigue no están desarrollados con estricta sujeción de los términos que delimita la Constitución Política, por lo que la expedición del citado decreto quebranta la norma constitucional”.

El funcionario apoya su argumento al plantear que los decretos reglamentarios se usan para asegurar o facilitar el cumplimiento de la ley, y “no pueden alterar el texto ni el espíritu de la ley reglamentada”.

De hecho, advierte que con el decreto emitido, el TE “está excediendo su facultad reglamentaria respecto a lo indicado en el Código Electoral”.

También solicitó a la CSJ tramitar lo “antes posible” esta demanda de inconstitucionalidad, ya que se trata de un tema con miras al proceso electoral de 2019.

TE no comparte opinión

El magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery indicó que no comparten la opinión del procurador González y que el TE defenderá la constitucionalidad de sus actos ante la CSJ.

Mientras tanto, la opinión del procurador sí fue acogida como “buena” y “atinada” por precandidatos presidenciales independientes.

Ana Elena Porras indicó que el decreto del TE es “excesivo”; mientras que Ernesto Cedeño manifestó que espera que la Corte falle en dirección a lo que opinó el procurador de la Administración.

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