SECUELAS DEL DIETILENGLICOL

Procurador pide prioridad para envenenados

González informó que su despacho ha atendido, al menos, 72 quejas de víctimas del tóxico. La mayoría alega falta de seguimiento a los casos.

Estatus del proceso penal

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Desde 2006, cuando se dieron a conocer los primeros casos del envenenamiento con dietilenglicol, sustancia que fue agregada a medicinas fabricadas por la CSS, los afectados han clamado justicia en varias instancias. Desde 2006, cuando se dieron a conocer los primeros casos del envenenamiento con dietilenglicol, sustancia que fue agregada a medicinas fabricadas por la CSS, los afectados han clamado justicia en varias instancias.
Desde 2006, cuando se dieron a conocer los primeros casos del envenenamiento con dietilenglicol, sustancia que fue agregada a medicinas fabricadas por la CSS, los afectados han clamado justicia en varias instancias.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, llamó la atención a cuatro titulares de entidades públicas, para que garanticen los servicios de salud y den prioridad a los envenenados con dietilenglicol.

González envió cartas a Miguel Mayo, ministro de Salud; Alfredo Martiz, director de la Caja de Seguro Social (CSS); Humberto Mas, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y a Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas.

“Le hago una solicitud formal para que sea fiscalizador y garante de que, al momento en que cualquier persona que esté certificada como paciente afectado o alegue estar intoxicada y requiera de los servicios de la institución a su cargo, estos sean recibidos y tratados con la prioridad que merecen, en procura de asegurarles el respeto a sus derechos”, dice González en las cartas que mandó a Mayo, Martiz y Mas.

A De La Guardia lo puso en conocimiento de que el paciente Pedro Montañez, acreditado como víctima del dietilenglicol, se quejó de que tiene secuelas psicológicas y físicas a causa del tóxico y que “el Estado no ha cumplido con su parte de resarcir estos daños”.

Los primeros casos de la intoxicación en pacientes de la CSS se conocieron en septiembre de 2006.

LA BATALLA QUE NO ACABA

Rigoberto González, procurador de la Administración. Expandir Imagen
Rigoberto González, procurador de la Administración. LA PRENSA/Archivo

Once años después del envenenamiento masivo con medicamentos contaminados con dietilenglicol, la lucha de las víctimas de esa tragedia en busca de justicia no cesa.

Empezaron tocando las puertas de la Caja de Seguro Social (CSS), la entidad que distribuyó las medicinas envenenadas; han ido al Ministerio de Salud, a la Presidencia de la República, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, acuden a la Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González, en cuyo despacho han sido recibidas, al menos, 72 quejas de personas que reclaman mejor atención médica y que su expediente sea analizado “en debida forma” por la comisión que se encarga de analizar y estudiar los casos del dietilenglicol.

De hecho, González remitió cartas a Miguel Mayo, titular del Ministerio de Salud; Humberto Mas, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; a Alfredo Martiz, director de la CSS; y a Dulcidio De La Guardia, titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las notas a Mayo, Mas y Martiz fueron enviadas el pasado 5 de enero, mientras que la de De La Guardia se emitió el 10 de enero de este año.

SIN DERECHOS

Primero, les advierte sobre su inquietud por la situación que enfrentan los pacientes afectados por el uso de medicamentos contaminados con dietilenglicol, y específicamente por aquellas personas que reiteradas veces han acudido a la Procuraduría a presentar quejas en contra de diferentes instituciones del Estado.

Estas personas, añade el procurador, alegan la falta de respeto a sus derechos como víctimas por parte de las autoridades de salud.

González añade que en su condición de procurador y atendiendo sus facultades de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, les solicita que sean “fiscalizadores y garantes de que, al momento en que cualquier persona que esté certificada como paciente afectado alegue estar intoxicada, requiera de los servicios de la institución a su cargo, estos sean recibidos y tratados con la prioridad que merecen”.

SIN RESPUESTA

Este medio contactó a los departamentos de Relaciones Públicas del Ministerio de Salud, de la CSS y del Ministerio de Economía y Finanzas, para obtener una versión de las autoridades sobre la solicitud de González, pero no hubo respuesta.

El único que respondió fue Humberto Mas, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Mas dijo a este medio que le va a contestar al procurador sobre este caso y acerca del rol que ahora tiene la institución en este tema.

FALTAN ESPECIALISTAS

Las víctimas de la intoxicación masiva con medicinas contaminadas con dietilenglicol también han tocado las puertas de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Ante esta entidad, han reportado la falta de especialistas en la comisión evaluadora sobre análisis y estudios de los casos.

Pedro Montañez, afectado por el tóxico, advirtió que “también hay que prestarle atención a los siete profesionales de la medicina que integran esa comisión”.

Montañez citó la resolución 181 del 23 de marzo de 2017 del Ministerio de Salud, y publicada en la Gaceta Oficial, en la que se nombró ad honorem a dos nefrólogos y un gastroenterólogo de la CSS. Además, a dos especialistas de medicina interna y gastroenterología del Hospital Santo Tomás y a un abogado del MEF.

Montañez indicó que en esa comisión no hay ningún toxicólogo clínico, a su juicio, especialidad fundamental y básica para detectar de una manera científica y certera quiénes pudieran haber sido contaminados por el dietilenglicol.

“La falta de especialistas en esa materia advierte que esa comisión no es idónea para poder analizar ni estudiar ningún caso al respecto, pues carecen del conocimiento que se requiere en esta materia”, indicó.

También consideró que los especialistas nombrados con experticia en nefrología, medicina interna y gastroenterología pueden complementar, pero no sustituir los conocimientos de un toxicólogo clínico.

LA DEMANDA

El pasado 1 de febrero, el abogado Víctor Orobio presentó 50 demandas ante la Corte Suprema de Justicia en representación de víctimas y familiares de personas afectadas con el tóxico.

Cada uno reclama, al menos, $6 millones al Estado panameño con el argumento de que no se les ha atendido adecuadamente.

Entre las pruebas aportadas en la demanda se encuentra el fallo de la Sala Penal de la Corte que condenó a exfuncionarios de la CSS y particulares relacionados con la compra de la materia prima con que se elaboraron los medicamentos.

Estatus del proceso penal

Exfuncionarios condenados por el envenenamiento masivo con dietilenglicol han solicitado a los  tribunales, que ahora se rigen por el sistema penal acusatorio, varios recursos.

René Luciani, director de la Caja de Seguro Social (CSS) entre 2004 y 2009, está recluido en la cárcel El Renacer, donde paga una condena de 16 meses de prisión por este caso. Esto, debido a que el 5 de febrero pasado el tribunal de apelaciones confirmó la decisión del juzgado de cumplimiento de negarle la suspensión de la condena.

Por su lado, el exdirector de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, Pablo Solís, condenado a 18 meses, no logró que un juez de cumplimiento ni el tribunal de apelaciones le extinguieran la pena.

En cambio, un juez de cumplimiento declaró extinguida la pena de 18 meses de Linda Thomas, exjefa del Laboratorio de Medicamentos de la CSS, al reconocerle como tiempo de prisión el periodo en que tuvo medidas cautelares.

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