terrenos en juan hombrón

´El Procurador no puede descalificar a testigos´

Exprocuradores critican la actitud del jefe del Ministerio Público, José Ayú Prado, que descalificó a un testigo en el caso Juan Hombrón.

Dos días después de que La Prensa diera a conocer el informe de la Contraloría General de la República en el que se concluía que se produjo un perjuicio económico al Estado de, al menos, $1.7 millón por la titulación de tierras en Juan Hombrón, el procurador general de la Nación, José Ayú Prado, descalificó en una entrevista dada al Panamá América a Wigberto Jaramillo, uno de los testigos entrevistados por los auditores de Contraloría.

“Lo que tengo entendido es que la persona que usted menciona (Wigberto Jaramillo) fue querellada criminalmente por el delito de estafa, en 2005... Esto de seguro se ha tomado en cuenta y es probable que haya influido en lo que haya dicho fuera de este proceso penal”, fueron las palabras exactas de Ayú Prado al Panamá América, el pasado 15 de marzo.

Jaramillo denunció a la exdirectora de Titulación de Tierras Anabelle Villamonte por haberle ofrecido, como abogada, $250 mil para que desistiera de sus pretensiones sobre la tierra que ella estaba solicitando.

El testigo también aseguró a los funcionarios de la Contraloría que tenía “pruebas de que hubo actos de corrupción, de compromisos políticos, de compra de conciencias y de negar documentación pública por parte de los servidores de Catastro...”, en el proceso de titulación gratuita de las 54 hectáreas de Juan Hombrón, que fueron finalmente a parar a manos de los padres del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

Reacciones

Los comentarios de Ayú Prado fueron criticados por dos exprocuradores (Ana Matilde Gómez y Rogelio Cruz) que coinciden en que el jefe del Ministerio Público no puede hacer afirmaciones públicas descalificando a testigos que son parte de una investigación.

“Corresponde a un juez con la sana crítica evaluar las pruebas y no es el Ministerio Público el que debe descartar a prima facie a una persona, porque simplemente tiene otros casos”, comentó Gómez. Añadió que aunque la persona tenga otros casos pendientes, eso no la descalifica como testigo hábil de un hecho.

En tanto, Cruz manifestó que aunque existan testigos sospechosos, debe ser la ley la que así los declare. “Aquí el Procurador podría estar incurriendo en un trato de ignorancia o abuso de autoridad por omisión de sus deberes, pero realmente debe tomarle la declaración al testigo”, destacó Cruz.

Por su parte, Wigberto Jaramillo reaccionó airado ante las palabras de Ayú Prado, señalando que la utilización de otro caso penal en su contra, por parte del Procurador, es un chantaje.

Dijo también que había presentado varias oposiciones a las adjudicaciones, así como una denuncia por asociación ilícita para delinquir, corrupción y falsas declaraciones, sin que sepa nada del destino de estas investigaciones.

Al respecto, los auditores de la Contraloría detectaron las complicidades de los involucrados en el proceso de titulación, al identificar que “unas mismas personas son cedentes de terrenos y accionistas en diferentes sociedades anónimas...”.

El citado informe también destaca el fraccionamiento de las fincas que permitió justificar las titulaciones gratuitas, en violación al artículo 9 de la Ley 80 de 2009 que regula el reconocimiento de derechos posesorios en islas y costas.

Ninguno de estos hechos fue mencionado por el Procurador en su entrevista al Panamá América, que se mantiene señalando que el único delito que se cometió fue contra el ambiente.

El Procurador descartó también que lo sucedido constituya una lesión patrimonial, aunque el informe de Contraloría hable de que las tierras eran inadjudicables y de que se produjo un perjuicio económico de, al menos, $1.7 millón.

Siguen los trabajos

El 9 de noviembre pasado, el presidente, Ricardo Martinelli, acompañado del entonces recién nombrado director de la Anati, Franklin Oduber, anunció a la Nación en el noticiero televisivo Última Hora, que “ya esas tierras pasaron al Estado”.

Y aunque las resoluciones de la Anati anulando las adjudicaciones efectivamente se emitieron, como constataron los auditores de Contraloría, las 54 hectáreas de Juan Hombrón siguen a nombre de las sociedades anónimas de los padres del ministro Papadimitriu.

Incluso, según aseguró Jaramillo, los trabajos de colocación de cerca y de mantenimiento de los terrenos continúan.

“¿Serán devueltos los terrenos de Juan Hombrón como el de Punta Paitilla?”, fue la última pregunta que el Panamá América le hizo al Procurador. La larga respuesta de Ayú Prado dejó la pregunta sin respuesta.

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