PIDEN INVESTIGACIÓN POr fianzas de excarcelación

Procuraduría y Corte Suprema de Justicia, en la mira por fincas

La falta de ejecución de la carrera judicial ha provocado que no exista el Tribunal de Disciplina para procesar a jueces que incumplen las leyes.

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Procuraduría y CSJ, en la mira por fincas

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, justifica la falta de ejecución de la carrera judicial –aprobada en agosto de 2015– por falta de fondos. Irónicamente, ha gastado más de 80 mil dólares en dos años en viajes por el mundo.

Ayú Prado, que pretende reelegirse para un tercer periodo, ha expresado que se requieren $20 millones para iniciar la carrera judicial.

Ante este escenario, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), opinó que es la “falta de responsabilidad de los magistrados” lo que hace que no arranque la carrera judicial. Ello ha “provocado fallas en los controles administrativos para fiscalizar” problemas, como jueces que aceptan fincas con certificaciones irregulares para excarcelaciones.

Lamentó la inexistencia de un tribunal de disciplina y que la situación conlleva a mantener “funcionarios que no están capacitados para [ejercer] el cargo”.

Por su parte, el magistrado Harry Díaz advirtió que con el uso de estas fincas se “estafa al Estado”, por lo que el Ministerio Público debe investigar de oficio.

 

EL MP DEBE  INVESTIGAR FINCAS

Imágenes como las que se observan en las fotos son algunas de las rutas para llegar a las fincas ‘saca presos’, como Ysidro e Inversiones La Auxiliadora, en Las Lajas de Coclé. Expandir Imagen
Imágenes como las que se observan en las fotos son algunas de las rutas para llegar a las fincas ‘saca presos’, como Ysidro e Inversiones La Auxiliadora, en Las Lajas de Coclé. LA PRENSA/Cortesía

Una investigación de oficio debe iniciar el Ministerio Público (MP) ante el posible delito de estafa contra el Estado por la utilización de fincas que poseen avalúos alterados, pero que son aceptadas por jueces en procesos civiles y penales para excarcelaciones.

Lo anterior es el llamado que hizo a la Procuraduría de la Nación el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz para que investigue las fincas excarcelarias, al tiempo que aseguró que se están cometiendo varios delitos que deben detenerse.

“Sería, grosso modo, una estafa. Incluso, dependiendo de lo que el fiscal recabe en sus investigaciones preliminares, puede haber asociación ilícita para delinquir, delitos contra la fe pública”, entre otros, aseguró Díaz.

La posición del magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte se debe a una investigación de La Prensa que reveló que fincas sobrevaloradas que están en estado deplorable, sin servicios básicos ni calles de acceso, están excarcelando a políticos, comerciantes y personas acusadas de delitos de alto perfil.

La mayoría de los terrenos se encuentra aglutinada en las sociedades Inversiones La Auxiliadora, Reforestadora San Cristóbal, Ioannis, Easy Cash, Inversiones Kristian, Juan Palito e Ysidro. También se usan fincas de Rodrigo Muñoz, vinculado a las sociedades. Todas tienen en común que se repiten los nombres de los directivos, dignatarios, testigos, apoderados y tramitadores ante el Registro Público.

Algunos de los beneficiados con las excarcelaciones son objeto de procesos judiciales por el supuesto desfalco al extinto Programa de Ayuda Nacional y al fallido proyecto del sistema de riego de Tonosí, en Los Santos. A esta lista se suman varios acusados de ser parte de una red en el Órgano Judicial que “vendía” fallos y libertades, así como acusados de narcotráfico, blanqueo de capitales y homicidio.

RESPONSABILIDAD A JUECES Y ENTIDADES

Para tratar de poner un alto a las irregularidades en los juzgados, Díaz propuso crear una norma que responsabilice “expresamente” a un juez por “no tomar los correctivos necesarios, cuando, públicamente, por las partes o de oficio se percate de que las fincas no tienen el valor real para cubrir la fianza”.

Aunque no mencionó la carrera judicial, es del criterio de que debe modificarse la ley para que las fianzas solo sean garantizadas en efectivo y que las instituciones que se dediquen a emitirlas “se hagan responsables de cualquier falsedad en el valor real del mercado de estas”.

Consideró que para garantizar que los terrenos sean aptos para fianzas en procesos del Estado, estos deben ser previamente avaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Contraloría General de la República.

Dejó claro que, aun cuando se haya registrado un valor sobre la finca en el Registro Público, “eso no quiere decir que sea el valor real del inmueble, por ende, hasta podría tipificarse como delito contra la fe pública”.

Varias personas denuncian que jueces aceptan fincas sin avalúos oficiales, aunque son advertidos de la estafa. Expandir Imagen
Varias personas denuncian que jueces aceptan fincas sin avalúos oficiales, aunque son advertidos de la estafa.

El MP debe investigar fincas Expandir Imagen
El MP debe investigar fincas

Advirtió que no solo hay que circunscribirse a los delitos que mencionó, sino que “hace falta analizar qué otros elementos probatorios vienen concatenados en cada caso”.

El artículo 220 del Código Penal, contenido en el capítulo tercero sobre estafas y otros delitos, indica que, “quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otro, será sancionado con prisión de uno a cuatro años”.

En tanto, el artículo 221 del mismo código establece que si la lesión patrimonial excede de 100 mil dólares o si se comete en detrimento de la administración pública, la sanción será de 5 a 10 años de prisión.

En una revisión de este medio en el Registro Público se observó que los terrenos son utilizados en varios procesos judiciales, a pesar de que sobrepasan su capacidad hipotecaria. Por ejemplo, el lote No. 230669, de Ioannis, S.A., se usó en seis fianzas durante un mes en 2016, con el aval de los jueces.

¿Qué acciones adoptará el Ministerio Público en protección de los bienes estatales? ¿Se investigará la posible participación de funcionarios y civiles para estafar al Estado? Se intentó obtener la posición de la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

¿OMISIÓN DE FUNCIONES?

El abogado Ernesto Cedeño consideró que “desde que salió la primera publicación del diario La Prensa el MP debió iniciar, de oficio, una investigación. Esto no puede ignorarse, ya que se están utilizando fincas para asuntos fraudulentos, para sacar reclusos, desde hace mucho tiempo”.

Cedeño dijo que, de no iniciarse una investigación, se estaría “fortaleciendo la obstrucción a la justicia”.

“Es una obligación del MP informar lo que está haciendo, de no hacerlo e investigar, estaría patrocinando el ilícito, y eso es bien delicado”, resaltó.

Otra de las voces que reclamó acción de parte de las autoridades es Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin). Expresó que no solo el MP debe investigar, sino la Dirección General de Ingresos (DGI).

“Las fincas, al haber aumentado de valor, tienen que estar pagando impuestos de inmueble y de seguro no lo están haciendo”, puntualizó.

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