CATALUÑA

Proponen presidencia simbólica

El ex número dos del gobierno catalán considera que las actuales circunstancias podrían impedir que Carles Puigdemont sea investido.

Líderes encarcelados llevan su caso ante la ONU

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El presidente catalán Carles Puigdemont dijo en los últimos días que podría gobernar la región desde el extranjero, una vez él lograra ser designado presidente. El presidente catalán Carles Puigdemont dijo en los últimos días que podría gobernar la región desde el extranjero, una vez él lograra ser designado presidente.
El presidente catalán Carles Puigdemont dijo en los últimos días que podría gobernar la región desde el extranjero, una vez él lograra ser designado presidente.

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, en prisión preventiva, propuso una presidencia “simbólica” para Carles Puigdemont dada su situación judicial que le impide volver de Bélgica sin ser detenido para retomar el cargo del que fue cesado por Madrid.

En una entrevista hecha desde la cárcel publicada ayer por el periódico digital Diario 16, Junqueras, número dos del Ejecutivo de Puigdemont desde enero de 2016 a octubre de 2017, se muestra dubitativo sobre su capacidad de gobernar la región desde Bélgica.

Si bien defiende su legitimidad para ser investido como diputado electo del Parlamento catalán, advierte que eso “no quita que las circunstancias puedan obligar o impedir que esa presidencia sea efectiva y que se deba combinar una presidencia legítima, aunque simbólica, con una ejecutiva”.

Según explica el periódico, la entrevista no pudo realizarse en persona al no haber obtenido el permiso de los servicios penitenciarios y tanto las preguntas como las respuestas fueron enviadas a través de los abogados del político.

Sus declaraciones llegan en un momento de tensión entre su partido, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), y el grupo parlamentario de Puigdemont, Juntos por Cataluña, tras el aplazamiento el martes de la investidura del líder independentista.

El Tribunal Constitucional había suspendido la sesión, exceptuando el caso de que Puigdemont, en Bélgica desde hace tres meses, volviera a España y obtuviera una autorización judicial del juez que lo investiga para acudir al Parlamento.

Ante esta situación y el peligro de que la investidura fuera anulada por la justicia, el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, de ERC, decidió posponer la sesión hasta poder celebrar un debate “efectivo y con garantías”.

De hecho, el diario no precisa si Oriol Junqueras formuló sus respuestas antes o después de esa decisión de Torrent, tomada el martes.

La decisión indignó a Juntos por Cataluña y a Puigdemont, que esperaba ser investido ese día de forma no presencial por la mayoría independentista que controla la cámara catalana desde las elecciones de diciembre.

Después de la fallida declaración de independencia y el cese de su gobierno por parte del Ejecutivo español de Mariano Rajoy, Puigdemont y cuatro de sus ministros se instalaron en Bélgica antes de ser imputados por rebelión y sedición por su papel en el intento de secesión.

El resto, Junqueras entre ellos, se quedaron en España y fueron encarcelados preventivamente. Solo el exvicepresidente y el antiguo responsable de Interior, Joaquim Forn, permanecen en prisión junto con dos líderes de asociaciones separatistas.

El pasado miércoles, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó al Parlamento catalán buscar una alternativa como candidato a la presidencia regional al líder independentista Carles Puigdemont, impedido de volver a España sin ser detenido.

Prometiendo restituir su gobierno cesado tras la fallida declaración de independencia en Cataluña, la formación de Puigdemont se impuso en las elecciones del 21 de diciembre al resto de formaciones independentistas que, entre todas, obtuvieron la mayoría absoluta del Parlamento regional, con 70 escaños de 135.

Líderes encarcelados llevan su caso ante la ONU

Los abogados de tres líderes independentistas catalanes anunciaron ayer en Londres que apelaron su encarcelamiento ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, cuyos dictámenes no son vinculantes.

De este modo se busca “la reafirmación de la ONU de que los gobiernos no pueden reprimir la disidencia política mediante la detención arbitraria”, dijo Ben Emmerson, abogado de dos dirigentes de asociaciones independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y de Oriol Junqueras, exvicepresidente del gobierno catalán.

“Su detención por España es una afrenta a los derechos humanos, diseñada para evitar que cumplan con su papel de representantes políticos del pueblo catalán”, añadió. Emmerson confía en que la resolución llegue “en semanas, meses, más que en años”, y se dijo “optimista”.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU tiene su sede en Ginebra y está formado por un grupo de expertos en derechos humanos independientes. Esta instancia tiene primero que aceptar a trámite la demanda, y su resolución no es vinculante.

La respuesta de la justicia española al independentismo “pertenece a una era de la política española que creíamos que se había esfumado hace tiempo”, sostuvo el abogado.

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