REFORMAS CONSTITUCIONALES

Proponen referéndum para temas de familia

Promotores de los derechos humanos advierten que la propuesta divide a los panameños y busca imponer una ‘única definición de familia’.

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Diputados Leandro Ávila (PRD), Ariel Alba (PRD), Alejandro Castilleros (PRD) y Javier Silva (de libre postulación). Luis García Diputados Leandro Ávila (PRD), Ariel Alba (PRD), Alejandro Castilleros (PRD) y Javier Silva (de libre postulación). Luis García
Diputados Leandro Ávila (PRD), Ariel Alba (PRD), Alejandro Castilleros (PRD) y Javier Silva (de libre postulación). Luis García

No solo temas de institucionalidad y justicia están en la agenda de los panameños que han hecho sugerencias a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional como parte de las consultas para reformar la Constitución.

Ayer, Víctor Trejos, de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, anunció que propondrán por escrito que cuando el tribunal constitucional –que se crearía con las reformas– emita una sentencia sobre temas de familia, como el caso del matrimonio igualitario, se deje un margen para que se pueda llamar a referéndum sobre el tema. Citó como ejemplo a Ecuador, donde “recientemente el Tribunal Constitucional estableció, violando la Convención Americana, que el matrimonio homosexual es un derecho”.

Las voces en contra de esa iniciativa empiezan a surgir. Iván Chanis, de la Fundación Iguales, dijo que sería “un gran y peligroso error” llevar los derechos humanos a referéndum. “El Estado, una vez reconoce tratados internacionales en derechos humanos, está obligado a proteger esos derechos a todas las personas, sin discriminación [...]”, planteó.

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Proponen referéndum para temas de familia

Familia y justicia se abren un espacio en la consulta ciudadana

Que los fallos referentes a temas de familia, sobre todo los relacionados al matrimonio entre personas del mismo sexo, tengan la opción de ir a referéndum, y que los fiscales anticorrupción sean electos con el método que se utiliza para escoger a los magistrados del Tribunal Electoral (TE), son dos de las propuestas planteadas ayer en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que adelanta consultas ciudadanas para reformar la Constitución.

La comisión, que preside el diputado Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), escuchó las opiniones de miembros de organizaciones y de ciudadanos, ayer en la Asamblea. Hoy, miércoles 28 de agosto, se trasladarán al Hotel Azuero, en Chitré, provincia de Herrera.

Las propuestas

En la sesión de ayer, Víctor Trejos, de la Alianza Panameña Por la Vida y la Familia, manifestó que una de las inquietudes de esa organización es que, recientemente, en Ecuador, el Tribunal Constitucional estableció, “violando la Convención Americana [de Derechos Humanos], que el matrimonio homosexual es un derecho”.

En ese sentido, argumentó que el tribunal constitucional que plantea el proyecto de ley panameño “no le deja chance al pueblo que está en contra de eso [matrimonio entre personas del mismo sexo] para tener una herramienta y poder defenderse”.

La propuesta planteada por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo establece que ese tribunal estará integrado por cinco magistrados y que sus decisiones “son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial”, es decir, no son apelables.

Trejos enfatizó que propondrán por escrito que cuando se trate de un tema de familia y se emita una sentencia que según ellos “viole la Constitución”, se “le deje un margen a los profamilia” para que se pueda llamar a referéndum “y deslindar el tema”. “Específicamente”, añadió, “con el matrimonio homosexual”.

Sin embargo, el derecho internacional ha dejado por sentado que al someter al dictamen de una mayoría, los derechos de una minoría, se profundiza y agrava la discriminación en contra de las minorías. Así opinó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica en 2010, cuando grupos conservadores de ese país promovían un referendo para preguntarle a la gente si estaba de acuerdo o no con el matrimonio igualitario.

En la actualidad, en la Corte Suprema de Justicia de Panamá reposan demandas que buscan declarar inconstitucionales el artículo 26 del Código de la Familia, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer; y el artículo 35 de la Ley 61 de 2015, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Justicia

Otro de los que tomó la palabra ayer en la Asamblea fue el abogado Alfredo Vallarino, en representación de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas. Propuso que se analice el periodo de los magistrados de la Corte, del Procurador General de Nación y de la Administración.

Además, sugirió evaluar mejor el tema del juzgamiento de los diputados. Alegó que el sistema penal acusatorio se demoró cerca de cuatro meses con el caso de un exdiputado, y que si lo hubiese tratado la Corte, el proceso se habría paralizado. “Ese modelo que tenemos actualmente no sirve”, aseguró Vallarino, miembro del equipo de abogados que defendió al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos.

También propuso que “entes independientes” elijan a los fiscales anticorrupción, para que no sean designados por el procurador de turno. Es partidario de que se use el mecanismo de designación de los magistrados del Tribunal Electoral. Estas designaciones son realizadas por los tres órganos del Estado “No podemos tener monopolizado a quién se investiga y a quién no”, dijo.

Filemón Medina, secretario del Sindicato de Periodistas de Panamá, recomendó que el periodo de los magistrados de la Corte sea de 10 años. Considera que lo que propone la Concertación (15 años) es “demasiado”.

En el resto del país

La Comisión de Gobierno se ha trasladado a distintos puntos del país para dar a conocer los cambios a la Constitución que contiene el proyecto de ley. En Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas los ciudadanos han sugerido reformas a la Asamblea y a la administración de Justicia. El diputado Ávila dijo ayer que seguirán escuchando “a todo el país”, y anunció que el cronograma de giras se extenderá. Inicialmente estaba previsto que finalizara el próximo 20 de septiembre, y ahora terminarían a principios de octubre. Ávila indicó que esperan que antes del 30 de octubre el proyecto sea aprobado en sus tres debates.

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