PRIMERA ENTREGA

Propuesta de reforma constitucional 2012

Desde su instalación, la comisión de notables se abocó a lograr una reforma integral, y como forma de votación de los temas se escogió el consenso. Todas las decisiones fueron adoptadas así. En cuanto a la metodología, se decidió que siempre actuara el pleno, no crear subcomisiones y atender a las asociaciones, personas y gremios que lo solicitaran.

La comisión de notables fue integrada por 11 comisionados (dos del Órgano Ejecutivo y nueve independientes) y se rigió por el Decreto Ejecutivo 209 del 26 de abril de 2011 y su modificación. Tuvimos 120 reuniones, durante nueve meses de labores.

Se trabajó en estrecha colaboración con el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, el cual logró en sus cuatro meses de trabajo 281 “acuerdos concertados”, presentados en un informe inicial de medio término el 1 de agosto de 2011 y un informe final el 14 de septiembre de 2011.

El 85% de las decisiones de la Concertación Nacional fue aceptado e incluido en el anteproyecto que se presentó al Ejecutivo. Cónsono con las corrientes del neoconstitucionalismo imperante en el mundo, la comisión tuvo el propósito de construir una Constitución viva, cuyas normas fuesen de aplicación directa e inmediata.

Igualmente, la comisión compartió el anhelo expresado por múltiples sectores ciudadanos de vivir en un país donde esté garantizado el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y la adecuada representación política de todos los sectores, y que el ejercicio del poder público esté firmemente sometido a los límites constitucionales y legales.

Las numerosas e intensas deliberaciones concluyen en el anteproyecto de acto constitucional, formado por 25 artículos, que, de ser aprobados, darían lugar a una Constitución integrada por 590 artículos, repartidos en 21 títulos y una serie de disposiciones transitorias.

Reconociendo que una exposición objetiva y detallada del enorme esfuerzo hecho por la comisión significaría tratar de expresar en su totalidad muchas horas de exposición y debates, en aplicación del principio de economía procesal intentaré presentar las partes más relevantes.

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Como principio de la filosofía constitucional proponemos un reconocimiento formal de un estado social de derecho en la república de Panamá, con una nación pluricultural y multiétnica, profundizando los derechos ancestrales de los grupos originarios y afrodescendientes; se les reconoce autonomía plena, se eleva a rango constitucional el uso de sus idiomas, se establece la educación bilingüe, y se ordena que en las comarcas se debe consultar con los congresos cualquier proyecto de minas, aguas, etc. Como un gran logro se dispone que el 15% de los ingresos del gobierno central por las obras en las comarcas, pase a los fondos de los pueblos originarios.

Se reconoce a los tratados de derechos humanos, el rango constitucional, y la necesaria aplicación directa de las normas constitucionales. Se propone un cambio en el concepto de ciudadanía, entendiendo este como el ejercicio de los derechos y por lo tanto reconocible a toda persona, independientemente de su edad.

En cuanto a los derechos políticos, se mantiene que para su ejercicio se requiere tener 18 años. Igual para ocupar cargos de mando y jurisdicción.

Dejamos constancia que el constitucionalismo panameño, desde la Constitución de 1941, reconoce derechos sociales y económicos que se suman a los tradicionales civiles y políticos recogidos desde la Constitución de 1904.

NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA

Como un tema de actualidad y para responder a un mundo globalizado se propone el reconocimiento de la doble nacionalidad a los ciudadanos panameños.

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

Enumero algunos de los derechos y deberes fundamentales que se adicionaron a la Constitución: prohibición de todas las formas de discriminación; obligación de dar copia de la orden de detención; las asignaciones de frecuencia de radio y televisión con criterio democrático; se eleva a rango constitucional el derecho a réplica; se estable que es irrenunciable el derecho a un debido proceso; se introduce la prohibición de prisión perpetua; se prohíbe la pena de cárcel por deuda tributaria; se establece como excepción la prisión de cárcel por deuda de pensión alimenticia; se establece que el mando superior no releva de responsabilidad a quien ejecuta una orden contra las leyes.

En el estado de excepción no se pueden suspender los mecanismos que tutelan derechos fundamentales ni el rol de la Corte Constitucional y sus funciones. Se cambia el concepto de patria potestad por autoridad parental; se establece la creación de albergues para personas desamparadas; en materia educativa se establece la obligación de la educación sexual y reproductiva e introduce una sección referente a la educación universitaria; se da rango constitucional a la Comisión Técnica de Fiscalización de las Universidades; se crea el Instituto Nacional de Medicamentos, y se eleva a rango constitucional a la Caja del Seguro Social.

DERECHOS DE SOLIDARIDAD

En este proyecto se introducen nuevos derechos humanos: derecho a la paz, al desarrollo humano, a un ambiente sano y al agua.

Todos con la loable intención de asegurar un país a las futuras generaciones.

CORTE CONSTITUCIONAL

Piedra angular de esta reforma es la consideración de la creación de una Corte Constitucional en Panamá, que asuma plenamente el control de la constitucionalidad y que sustituya la modalidad del sistema difuso por uno concentrado en su aplicación.

Esta Corte estaría integrada por siete magistrados, elegidos de una lista que le entregaría al Presidente de la República la Comisión de Evaluación y Postulación, integrada por rectores, miembros de la sociedad civil organizada, trabajadores y empresarios, entre otros. Esa comisión también hará la preselección de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia; a Procurador de la Administración, fiscal general, entre otros.

Para ser magistrado de la Corte Constitucional se debe tener un mínimo de 45 años de edad, con 20 años de experiencia en el ejercicio del derecho. Esta Corte tendrá competencia privativa en los hábeas corpus, hábeas data, amparos y recursos de inconstitucionalidad.

Existen dos funciones que al ejecutarlas la Corte Constitucional fortalecerá el estado de derecho. La primera, el llamado control previo de los tratados, que consiste en la obligación que se impone al Órgano Legislativo de solicitar –antes de enviar a la Asamblea Nacional para la ratificación de un tratado– una consulta a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del tratado, como requisito necesario para su aprobación. La segunda, es la obligación que se le impone a la Asamblea Nacional de consultar a la Corte Constitucional su opinión sobre si un proyecto de ley en discusión es de orden público y de interés social, y debe tener efecto retroactivo. Esta consulta va dirigida a tratar de frenar la proliferación de leyes que no reúnen los requisitos para ser de orden público, interés social con efecto retroactivo.

ÓRGANO JUDICIAL

En lo referente al Órgano Judicial, el actual título se separa en cuatro títulos, a fin de darle más independencia y fortaleza al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Nación, a la Procuraduría de la Administración y al Órgano Judicial.

En el articulado se hace hincapié en que no se debe sacrificar la justicia por la forma y se instituye una sanción a los jueces y magistrados por mala conducta, entendiéndose que esta se materializa cuando no se falla en el tiempo estipulado por la ley.

Se crean cuatro Salas a nivel constitucional, la Sala Civil, la Sala Penal, la Sala Contencioso Administrativa y la Sala Social y Laboral.

Cada Sala estará integrada por tres magistrados elegidos, según el procedimiento ya explicado en el punto de la Corte Constitucional.

Se crea el Consejo Superior de la Magistratura, que viene a reemplazar la actual Sala Cuarta, y que se encargará de toda la administración del Órgano Judicial. El organismo tendrá representantes de la sociedad civil y será dirigido por el presidente de la Corte Suprema.

Para el fortalecimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa se crean la acción de cumplimiento y la acción de lesividad.

Además, se crean jueces de corregimiento que vendrían a asumir la administración de justicia a nivel de corregimiento, exigiéndose que quienes la ejerzan tengan como mínimo el título de licenciatura en derecho y ciencias políticas.

En lo económico se hace hincapié en que la totalidad del 2% del presupuesto del que habla la Constitución se destine al Órgano Judicial. Se establece 1% para el Ministerio Público. Los demás organismos de administración de justicia tendrán su propio financiamiento por separado.

Comentarios

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