LAVADO DE DINERO

Proyecto de fallo de Zamorano anularía parte del caso Jal Offshore

Un proyecto de fallo declararía probado un amparo de garantías que solicita anular las indagatorias e imputación de cargos efectuados por la fiscalía.

Tres amparos de garantías y un destino

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Abel Zamorano, magistrado ponente de los amparos presentados por los abogados defensores. Archivo Abel Zamorano, magistrado ponente de los amparos presentados por los abogados defensores. Archivo
Abel Zamorano, magistrado ponente de los amparos presentados por los abogados defensores. Archivo

En peligro de ser anulada está parte de la investigación que sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en transacciones efectuadas por la sociedad Jal Offshore a través de una cuenta de inversión en la extinta casa de valores Financial Pacific.

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que en la Corte Suprema de Justicia circula un proyecto de fallo del magistrado Abel Zamorano, que declararía probados tres amparos que señalan que la Fiscalía Séptima Anticorrupción pidió declarar la causa compleja cuando se había vencido el plazo de la investigación.

Los amparos, presentados por los abogados de los imputados Ramón Carretero Napolitano, Ramsés Owens y Joel Watson, alegan que la fiscalía violó sus garantías al realizar diligencias, como indagatorias e imputación de cargos, fuera del plazo.

Pero en el informe de actuación que remitió a Zamorano, la fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz, dijo que “no se han violentado las garantías fundamentales” de los imputados, pues hizo la solicitud de causa compleja en el plazo correcto y fue acogida por el Juzgado Decimocuarto Penal.

Un chat vía WhatsApp, que forma parte del expediente de la investigación, revela que la esposa de Ramsés Owens pidió a Zamorano una reunión con su apoderada, Marcela Araúz, para hablar sobre el amparo. No consta en las sumarias respuesta del magistrado.

Caso Jal Offshore Expandir Imagen
Caso Jal Offshore Juan Manuel Díaz C. Olmedo Rodríguez Campos

Caso Jal Offshore, en riesgo

Un proyecto de fallo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Abel Zamorano anularía parte de la investigación relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de una cuenta de inversión de la sociedad Jal Offshore en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).

Según fuentes judiciales, el proyecto de fallo que circula entre los magistrados declararía probados tres amparos de garantías constitucionales –previamente acumulados– presentados por imputados en el caso.

Los amparos atacan la resolución de la Fiscalía Séptima Anticorrupción mediante la cual solicitó al Juzgado Decimocuarto Penal que declarara el caso como complejo y le extendiera el plazo de la investigación.

Los amparos

El 3 de mayo de 2018, la abogada Marcela Araúz, apoderada de Ramsés Owens, imputado en el caso, interpuso un amparo de garantías atacando la resolución de la fiscalía.

Ese mismo día, el 3 de mayo de 2018, el abogado y exmagistrado de la Corte Aníbal Salas interpuso un segundo amparo a favor de otro imputado en el caso, Joel Watson, en el que también atacó dicha resolución de la fiscalía.

Al día siguiente, 4 de mayo, Guillermina McDonald, en representación de Ramón Carretero Napolitano –también imputado en el proceso–, presentó un tercer amparo con iguales pretensiones.

El 28 de mayo del año pasado, la Corte acumuló los tres amparos y Zamorano mantuvo la ponencia del caso.

Los amparos alegan que la fiscalía emitió la resolución para solicitar la causa compleja fuera del término que le concede la ley para seguir con la investigación.

Por ello, los abogados argumentan que se violaron las garantías fundamentales de sus clientes.

Los recursos buscan que se declaren nulas las indagatorias y la imputación de cargos que llevó a efecto la fiscalía dentro de ese plazo.

Fiscalía se defiende

El 12 de junio y el 24 de octubre de 2018, la fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz de Pittí, envió a Zamorano su informe de actuación en esta investigación.

Leyda Sáenz de Pittí Expandir Imagen
Leyda Sáenz de Pittí

La fiscal alega que “no se han violentado garantías ni derechos fundamentales de las partes intervinientes dentro del proceso, ya que se ajustan a derecho de todas las actuaciones por parte de esta fiscalía, en atención al procedimiento especial [caso complejo] contemplado en la mencionada ley”, es decir, la Ley 121 de 2013 sobre delincuencia organizada.

La agente de instrucción sustenta en su informe que mediante auto del 9 de octubre de 2017, el Juzgado Decimocuarto Penal declaró el caso Jal Offshore como causa compleja y le concedió plazo de un año prorrogable para concluir el proceso.

Indica que desde el 28 de abril de 2017 la fiscalía había solicitado al juzgado que declarara la causa compleja y el mismo fue refrendado por el juzgado.

Recuerda al magistrado ponente que existe un pronunciamiento del juzgado, en el que se declaró extemporánea una apelación de la abogada Marcela Araúz contra la declaración del caso como complejo.

Señala que la decisión del juzgado también fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior Penal, tras apelaciones presentadas por el abogado Hermes Quintero, en representación de West Valdés, exdirectivo de Financial Pacific, también imputado; y por parte de Rosendo Miranda, apoderado de la sociedad Jal Offshore.

Comunicación

Este medio pudo conocer a través de fuentes vinculadas al proceso que en el expediente que reposa en el Ministerio Público existen evidencias de una comunicación que hiciera la esposa de uno de los imputados, Ramsés Owens, el 7 de mayo de 2018, al magistrado Abel Zamorano.

En dicha comunicación, vía WhatsApp, Maricarmen Calenkeris, esposa de Owens, le solicitaba al magistrado una cita para su abogada, Marcela Araúz, a fin de hablar, precisamente sobre la solicitud de amparo que se había interpuesto días antes.

La comunicación dice textualmente: “Hola magistrado Zamorano. Es Maricarmen Calenkeris, esposa de Ramsés [Owens]. Le escribo porque Marcela Araúz, su abogada, quisiera reunirse con usted con relación al amparo de RO que le tocó a usted. Me da mucha pena molestarlo con esto, sé del aprecio que le tiene. Me avisa si la puede atender. RO le manda saludos. No quiere molestarlo con esto”.

El caso

La sociedad Jal Offshore Ltd. recibió dinero y giró pagos a terceros que no tenían ningún tipo de relación con el titular de la cuenta de inversión que tenía en la casa de valores FP y con ello violó disposiciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Así lo señaló Ramón Diez Becciu, representante de la SMV, en una declaración jurada ante la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que investiga este caso.

Diez Becciu, quien interpuso la denuncia a nombre de la SMV que dio origen a este proceso, declaró que es una irregularidad que ingrese dinero a una cuenta de inversión proveniente de personas ajenas y que se hagan pagos a terceros que no tienen ninguna relación con la cuenta, y que además no se hagan inversiones en el mercado de valores. 

Los imputados

Por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales la fiscalía vincula en este caso a seis exdirectivos y exempleados de FP: Iván Clare, West Valdés, Ori Zbeda Levy, Mariel Rodríguez Espino, Carlos Javier Osorio Wald y Josué Absalón Chávez, así como a los abogados Ramsés Owens y Joel Antonio Watson.

Además, están investigados: Riccardo Francolini, Aaron Mizrachi, Margie Angel Cohen, Ramón Carretero, Valentín Martínez, Salomón Jack Btesh, Cristóbal Salerno, María Salerno, Felipe Virzi, Harry Nessim.

El Juzgado Decimocuarto Penal, que lleva la causa, ha concedido fianzas de excarcelación en este caso a Riccardo Francolini, Ramsés Owens, Joel Watson y Mariel Rodríguez.

Tres amparos de garantías y un destino

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la Ley 23 de 2004, es el fundamento de los mandatos y obligaciones que el Estado panameño adquirió en materia de lucha contra la delincuencia organizada. De esta convención se derivó la Ley 121 de 2013, conocida popularmente como la Ley de Delincuencia Organizada, y que es el principal instrumento procesal con el que cuenta nuestro país para la investigación y enjuiciamiento de estos delitos.

Ahora, tres acciones de amparo de garantías constitucionales, interpuestas por los juristas Marcela Araúz, en favor de Ramsés Owens; Aníbal Salas en favor de Joel Watson; y Guillermina Mc Donald en favor de Ramón Carretero, persiguen el mismo propósito: que la Corte Suprema de Justicia anule la resolución del 23 de marzo de 2018, dictada por la Fiscalía Séptima Anticorrupción.

Por medio del Auto Vario 181 del 9 de octubre de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal declaró que el caso Jal Offshore, LTD. es una causa compleja sujeta a la normativa de la Ley 121 de 2013. A diferencia del Código Judicial y del Código Procesal Penal, esta ley amplía las facultades del Ministerio Público para realizar sus pesquisas, y puede concederle hasta un término de cuatro años a la investigación. En este caso, el juzgado le concedió un año prorrogable a la fiscalía, pero debido a las apelaciones interpuestas por la defensa de los procesados, sumado a la interposición de los tres amparos, la investigación ha sido detenida.

La resolución atacada es por medio de la cual la fiscalía solicitó al juzgado declarar el proceso como causa compleja, debido a que, según los amparistas, se hizo fuera del plazo legal concedido para la investigación y dentro del cual se ordenaron las indagatorias y formularon cargos a los implicados. Si la Corte decide anular esta resolución, estaría decapitando gran parte del trabajo investigativo del Ministerio Público, y en la práctica establecería un precedente funesto, ya que desmantelaría los mecanismos procesales de la Ley 121 de 2013, produciendo efectos similares a los del fallo del caso Finmeccanica, porque supuestamente la fiscalía se habría excedido en el término de la investigación.

Si la Corte anula la investigación, estará en confrontación directa con el bloque de constitucionalidad que incluye a la Ley 23 de 2004, es decir, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El incumplimiento de esta convención puede ameritar descalificaciones y críticas internacionales, a la vez que serviría de argumento a los enemigos de Panamá que desde organismos y foros internacionales buscan pretextos para colocar el nombre de nuestro país en listas grises y negras.

Los procesados tienen en Panamá amplias oportunidades de defensa, e incluso la opción de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos si se consideran agraviados por alguna decisión en este caso, así que no se encuentran en estado de indefensión

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