Amparo de garantías

Proyecto de fallo mantiene auto de apertura de juicio a expresidente Martinelli

Las modificaciones presentadas por cuatro magistrados al proyecto de fallo de Ortega validan la fase intermedia del proceso de los pinchazos.

Se mantiene la declinatoria, pero se reconoce lo realizado por Mejía

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El expresidente Ricardo Martinelli permanece detenido en El Renacer desde el 11 de junio pasado. Archivo El expresidente Ricardo Martinelli permanece detenido en El Renacer desde el 11 de junio pasado. Archivo
El expresidente Ricardo Martinelli permanece detenido en El Renacer desde el 11 de junio pasado. Archivo

Las adecuaciones al proyecto de fallo que declina la competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el proceso de las escuchas seguido al expresidente Ricardo Martinelli buscan validar lo actuado por el juez de garantías, Jerónimo Mejía, en la fase intermedia y remitirían el caso a la justicia ordinaria a partir del juicio oral.

Fuentes ligadas al proceso explicaron que las modificaciones planteadas por los magistrados Cecilio Cedalise, Secundino Mendieta, Abel Zamorano y Luis Mario Carrasco pretenden que el proyecto de fallo –con ponencia del magistrado Oydén Ortega– mantenga la acusación y validación de pruebas efectuadas por Mejía en la fase intermedia.

En otras palabras, que el proceso no retroceda a la fase inicial y que, en cambio, se decline la competencia a la esfera ordinaria a partir de la fase de juicio oral, decretada por Mejía el pasado 26 de noviembre.

Sectores de la sociedad civil dijeron desconfiar de que los jueces del sistema penal acusatorio actúen con imparcialidad en este caso, ya que la interinidad de sus cargos los hace vulnerables a las amenazas de sus superiores.

Desconfían de imparcialidad de jueces en caso de pinchazos

Sectores de la sociedad civil dijeron desconfiar de la imparcialidad e independencia de los jueces del sistema penal acusatorio (SPA) en el supuesto de que tuvieran que tomar una decisión en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos.

Los señalamientos de los activistas de la sociedad civil surgen a partir de las versiones que dan cuenta de un proyecto de fallo –con ponencia del magistrado Oydén Ortega Durán– que declinaría la competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de las escuchas, validaría la fase de acusación del proceso –que adelantó el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía– y que establecería que la justicia ordinaria sería la encargada del caso a partir de la etapa de juicio oral.

En el sistema penal acusatorio hay 15 jueces que conforman el Tribunal de Juicio, todos nombrados de forma interina por el Órgano Judicial. Para cada proceso, son designados tres de ellos.

Crisis

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que no tiene confianza en la imparcialidad e independencia de los magistrados del Tribunal de Juicio, porque fueron nombrados en el SPA de forma interina.

Dijo que el país no puede confiar en una justicia que no tiene jueces libres, independientes e imparciales, sometidos únicamente a la aplicación e interpretación de la ley, que sean libres de presiones políticas y económicas y que no actúen simplemente respondiendo al temor de sus superiores.

Por su parte, Roberto Troncoso, expresidente del Comité Panameño de Derechos Humanos, consideró que la declinatoria del proceso de Martinelli a una esfera ordinaria podría ocasionar el riesgo de que no se produzca una condena y que los abogados defensores promuevan la prescripción de la acción penal.

Alegó que los jueces de juicio que se encarguen del caso tendrán una gran responsabilidad y deberán enfrentar multiplicidad de recursos que los abogados presentarán, con el fin de que se extienda el proceso.

A su vez , el ex juez penal Raúl Olmos opinó que –si ocurre– la declinatoria de la competencia del caso a la justicia ordinaria debe ser exclusivamente para la fase de juicio oral y se debe mantener todo lo actuado por el juez de garantías en la fase de acusación.

Olmos explicó que en el caso de Martinelli, su renuncia como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se produjo cuando la fase intermedia del proceso se había iniciado y ya estaban resueltas una gran cantidad de objeciones presentadas por sus abogados.

Olmos detalló que el artículo 3 del Código Penal establece que por economía procesal, simplificación de trámites y esfuerzos, el juez de garantías hace la función de filtro y de saneamiento, por lo que sus actuaciones se deben mantener si el caso se declina a la justicia ordinaria.

Aseguró que el juez de garantías no define el proceso, por lo que en este caso la competencia está directamente relacionada con la fase de juicio, tal como lo establece el artículo 345 del Código Penal.

“Esa competencia del 345 es la que está en discusión ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, ya que la fase intermedia se había iniciado y no se podía detener, aun con la renuncia presentada por Martinelli como diputado ante el Parlacen”, aseguró.

Explicó que sería un error devolver nuevamente el proceso a la fase intermedia, ya que se tendría que realizar nuevamente el trámite de validación de pruebas que tomó mucho tiempo por parte del magistrado Jerónimo Mejía.

En tanto, Fredy Pittí, del movimiento Juntos Decidimos, estimó que en estos momentos la administración de justicia se encuentra debilitada por la interinidad de los jueces, al no haberse aplicado la ley de la carrera judicial, y ello puede repercutir negativamente en el proceso que se sigue al exmandatario.

Pittí dijo que esto es una muestra de que Panamá necesita una amplia reforma en la manera de seleccionar a los jueces y magistrados.

El activista dijo no tener muchas esperanzas de que se llegue a una conclusión procesal efectiva en este caso si se declina a la justicia ordinaria, debido al estado de interinidad en que se encuentran los jueces de garantías del SPA.

“Hasta ahora, no tenemos garantías ni certeza de que haya un proceso imparcial y efectivo en este caso”, dijo.

El próximo jueves 6 de diciembre, el pleno de la CSJ deberá discutir el proyecto de fallo elaborado por el magistrado Ortega que, como se ha dicho, pide que se decline la competencia del caso de los pinchazos.

En el pleno del pasado 22 de noviembre, los magistrados Secundino Mendieta, Cecilio Cedalise, Luis Mario Carrasco y Abel Zamorano presentaron modificaciones al proyecto y Ortega lo retiró para adecuarlo.

Este fallo resuelve un tercer amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Martinelli, que cuestiona la competencia de la CSJ para juzgarlo.

En dos fallos anteriores –del 11 de julio y el 16 de agosto de 2018– y que también tuvieron como ponente al magistrado Ortega, no se admitieron los amparos por asuntos de forma.

Se mantiene la declinatoria, pero se reconoce lo realizado por Mejía

“Todo litigio debe ser terminado allí donde habían comenzado”, es una explicación que el procesalista y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Fábrega Ponce le dio al principio de la permanencia de la competencia por parte de los tribunales. La doctrina romana que Fábrega Ponce propagó ampliamente (Instituciones de Derecho Procesal Civil, pág.167) influyó en la legislación procesal panameña y aparece citada en numerosos fallos de toda naturaleza de la Corte Suprema de Justicia.

A pesar de precedentes como el anterior, el proyecto de fallo del magistrado Oydén Ortega sobre el amparo de garantías constitucionales relativo a la competencia del caso de los pinchazos persiste en la declinatoria de competencia de la Corte Suprema de Justicia hacia la justicia ordinaria, de acuerdo con las reglas del sistema penal acusatorio. El principal cambio que adopta el proyecto es el de homologar los efectos jurídicos del recurso de amparo de garantías constitucionales interpuesto a favor del exdiputado del Parlacen y expresidente de la República Ricardo Martinelli.

Esto quiere decir que los efectos del amparo no se toman en cuenta a partir de la fecha del acto atacado, la resolución del magistrado Jerónimo Mejía del 25 de junio de proseguir con el caso, sino a partir de la fecha del fallo del amparo. Esta es la regla general de las instituciones de tutela constitucional. No hay retroactividad, excepto en las advertencias o consultas de inconstitucionalidad.

De concretarse el nefasto fallo del magistrado Ortega, la Corte Suprema declinaría la competencia del caso de los pinchazos, tal y como se encuentra. Es decir, con un auto de llamamiento a juicio que tendrá que esperar que la Corte Suprema decida la multiplicidad de recursos interpuestos por la defensa del expresidente. De todas formas, el pleno de la Corte sigue teniendo la última palabra en cuanto a este caso.

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