Análisis

¿Quiere el Ejecutivo tener el control del Ministerio Público?

Kenia Porcell acusa a la DIJ de desmantelar las fiscalías anticorrupción. No sería la primera vez que se unen fuerzas para limitar la labor de investigación de la Procuraduría General de la Nación.

Ley 69 de 2007

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De Izq. a Der.: Jorge Miranda, director de la Policía Nacional; Laurentino Cortizo, presidente de la República; José Gabriel Carrizo, vicepresidente y ministro de la Presidencia, y Rolando Mirones, ministro de Seguridad, en el acto de traspaso de mando de la fuerza pública, el 4 de julio pasado. Ana Rentería De Izq. a Der.: Jorge Miranda, director de la Policía Nacional; Laurentino Cortizo, presidente de la República; José Gabriel Carrizo, vicepresidente y ministro de la Presidencia, y Rolando Mirones, ministro de Seguridad, en el acto de traspaso de mando de la fuerza pública, el 4 de julio pasado. Ana Rentería
De Izq. a Der.: Jorge Miranda, director de la Policía Nacional; Laurentino Cortizo, presidente de la República; José Gabriel Carrizo, vicepresidente y ministro de la Presidencia, y Rolando Mirones, ministro de Seguridad, en el acto de traspaso de mando de la fuerza pública, el 4 de julio pasado. Ana Rentería

Desde el año 2004, ha sido patente el esfuerzo de la clase política panameña de construirse un blindaje contra las actuaciones del Ministerio Público. Ese año, en las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa del gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004) y la Asamblea Nacional de la administración de Martín Torrijos (2004-2009), se le quitó la potestad a la Procuraduría General de la Nación de investigar a los diputados, y se le asignó esta función a una complaciente Corte Suprema de Justicia, que en 15 años no ha condenado a un solo diputado.

El cambio constitucional de 2004, aparte de cambiarle el nombre al Órgano Legislativo, tenía propósitos muy directos. La investigación del caso Cemis, en que supuestamente se les pagó sobornos a ciertos parlamentarios para que votaran a favor de lo que les pedía el poder Ejecutivo, reveló la existencia de una red de corrupción. Un afligido Carlos Tito Afú sostenía un fajo de billetes ante las cámaras de los medios de comunicación, mientras que se filtraban grabaciones de un legislador llevando una cajeta con los supuestos sobornos.

La reforma constitucional de 2004 no fue suficiente para neutralizar al Ministerio Público. En 2007, con la Ley 69 de ese año, se desmanteló la Policía Técnica Judicial (PTJ), el brazo investigativo del Ministerio Público. Sus funciones le fueron asignadas a una Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que formaba parte de la Policía Nacional, incluyendo rango y escalafón. El último director de la PTJ fue el hoy magistrado José Ayú Prado, quien entonces venía de las fiscalías antidrogas y contra la delincuencia organizada. Con la conversión del organismo en un componente de la Policía Nacional, decenas de agentes e inspectores renunciaron. El daño ya estaba hecho.

Sin su propio cuerpo investigativo, el Ministerio Público depende de una serie de acuerdos funcionales derivados de la Ley 69 de 2007. Para blindar en algo la función investigativa de la DIJ se estableció en el artículo 9 de esa Ley que su personal no puede ser separado o apartado mientras realice alguna investigación para el Ministerio Público. A su vez, el artículo 10 le prohíbe a los oficiales de la DIJ revelarle a cualquiera, excepto al Ministerio Público, el contenido de sus investigaciones, incluyendo a sus superiores jerárquicos de la Policía Nacional. La violación de cualquiera de estas normas está sujeta a sanciones administrativas y, en el caso del artículo 10, incluye sanciones penales.

Con la aprobación del Código Procesal Penal en el 2008 y las reformas contenidas en la Ley 55 de 2012, se le concede a los diputados tres blindajes: la exigencia de prueba idónea para investigarlos; el establecimiento de un término de dos meses para la investigación, y la supermayoría de seis magistrados para su condena. En diciembre de 2018, la Corte Suprema adicionó un cuarto blindaje: la declinatoria de competencia de esta instancia judicial.

El resultado de las elecciones del 5 de mayo fue catastrófico para muchos diputados que aspiraban a una reelección que los protegería de las investigaciones por las planillas legislativas, las donaciones y otros presuntos delitos derivados.

Aunque el presidente Laurentino Cortizo ha dicho repetidamente que dejará que los procuradores, fiscales y jueces hagan su trabajo, parece que miembros de su gobierno aspiran a continuar con la tendencia de impunidad que viene desde 2004.

El nuevo jefe de la Policía Nacional, el comisionado Jorge Miranda Molina, trabajó en labores de “inteligencia” durante el gobierno de Ricardo Martinelli. El comisionado Miranda mandó de vacaciones a agentes de la DIJ que trabajaban con las fiscalías anticorrupción y que llevan los casos de las planillas y las donaciones legislativas. Además, Miranda colocó a la cabeza de la DIJ a una oficial con rango de mayor, que también había trabajado en inteligencia en el gobierno de Martinelli. Los nuevos encargados de la DIJ quisieron conocer el contenido de las investigaciones realizadas en los últimos cinco años por los funcionarios anteriores. Como se ha mencionado, tanto el traslado de los oficiales, como obtener la información de lo investigado durante sus asignaciones o en los casos que llevaron estos subalternos, están prohibidos por la Ley 69 de 2007.

El escarceo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público parece indicar un cambio en las promesas de combate a la corrupción del presidente Cortizo. Existen versiones que señalan que la Policía Nacional busca incorporar a sus filas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf). Esto pondría a los médicos forenses y a los peritos de criminalística bajo el control de los comisionados de la Policía Nacional. El riesgo de conflicto de intereses y de censura del espíritu crítico que debe tener el Instituto de Medicina Legal es demasiado alto. Además, el Ministerio de Seguridad ha indicado su interés de promover un cambio en el Código Procesal Penal, buscando darle más poderes a la DIJ, en detrimento del Ministerio Público.

En la práctica, la clase política obtendría sus propósitos de impunidad sin mancharse las manos, con una expulsión pública de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, o del procurador de la Administración, Rigoberto González. La vía aparente sería la de quitarle recursos y potestades hasta convertir al Ministerio Público en un cascarón, y transformar a la Policía Nacional en un monstruo de siete cabezas, bajo el paraguas de la Presidencia de la República.

Ley 69 de 2007

La Ley 69 que crea la DIJ dentro de la Policía Nacional fue sancionada el 27 de diciembre de 2007, por el entonces presidente Martín Torrijos y su ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante. La DIJ provee los investigadores de campo para el Ministerio Público (MP).

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