Rechazan fallo contra amnistía; Maduro instala comisión

La exmagistrada del TSJ Blanca Mármol De León expresó que la Sala Constitucional no era competente para analizar la ley de amnistía y que en sus argumentos es evidente que se esfuerza por ofrecer razones para entrar a conocer el texto.

La Asamblea Nacional emitió un acuerdo en el que rechaza el fallo del Tribunal y, en sus participaciones, los diputados calificaron a la Sala como un comité de base del partido oficialista y la decisión como ‘antihistórica’.

Decepción en la ONU por el fallo

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El opositor Freddy Guevara dijo ayer que la decisión del TSJ es un irrespeto a la voluntad del pueblo y que Maduro llama a un diálogo falso, sin agenda clara. El opositor Freddy Guevara dijo ayer que la decisión del TSJ es un irrespeto a la voluntad del pueblo y que Maduro llama a un diálogo falso, sin agenda clara.
El opositor Freddy Guevara dijo ayer que la decisión del TSJ es un irrespeto a la voluntad del pueblo y que Maduro llama a un diálogo falso, sin agenda clara. Cristian Hernández

La crisis política e institucional de Venezuela se profundizó ayer, luego de que el Tribunal Supremo de Justiciadeclaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y el presidente Nicolás Maduro instaló la llamada Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas, un diálogo calificado por la oposición como una farsa, pero que tiene el aval de la Unión de Naciones Suramericanas y el acompañamiento de tres expresidentes, entre ellos, el panameño Martín Torrijos.

Mientras la bancada legislativa denunciaba el sometimiento de la justicia al poder Ejecutivo y convocaba a una movilización el 19 de abril, la exmagistrada del Tribunal Supremo Blanca Mármol De León dijo que el fallo demuestra “una decisión a la medida del Ejecutivo”, tomada por una Sala sin competencia.

‘Fallo se basa en distorsiones’

Blanca Mármol De León, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Expandir Imagen
Blanca Mármol De León, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Tomada de elimpulso.com

La declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abre un nuevo frente de batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que tanto juristas como opositores consideran que la decisión de la Sala Constitucional además de inconducente es el resultado de una injerencia del presidente Nicolás Maduro en el poder judicial.

Blanca Mármol De León, exmagistrada del TSJ, es de las que cuestiona la decisión, en primer lugar, porque la Sala no es competente. “La amnistía es una potestad de la Asamblea y corresponde a razones de mérito y de oportunidad, de manera que no es revisable por la Sala Constitucional, solo excepcionalmente si hubiera una concesión del beneficio para delitos de lesa humanidad, narcotráfico y terrorismo, y no es así”, remarcó en conversación con este medio.

Agrega la exmagistrada venezolana, que la Sala “se molesta” en hacer toda una serie de consideraciones, citando a reconocidos autores de derecho, y penalistas especialmente, para poder entrar en conocimiento de la ley, y al hacerlo emite interpretaciones y distorsiones para que la ley parezca violatoria de derechos humanos.

En su sentencia, la Sala Constitucional fundamenta su decisión en nueve supuestos, entre ellos, la inexistencia de los presupuestos para acordar amnistías, que de acuerdo con los ponentes “refieren a verdaderos momentos de ruptura y la necesidad de instaurar una comunidad política, que no se aprecian como presupuesto y contexto de la situación” a la que se alude, “lo que invalida de conformidad con la Constitución la ley bajo examen...”.

Un segundo argumento que se esgrime es la inconstitucionalidad con respecto a la calificación de los delitos políticos; ya que, aducen los magistrados, “habiéndose incluido en la ley en cuestión delitos comunes ajenos a esta figura constitucional, esta Sala no puede impartir su conformidad”. Asimismo, afirman que “un solapamiento de la justicia, en orden a la consecución de una supuesta ‘reconciliación nacional o paz pública’ cuyas bases no se sustentan en un desacuerdo social subyacente -que no puede dirimirse ni se haya dirimido por los medios institucionales establecidos en el ordenamiento jurídico- sería igual a desconocer no solo los fines inmediatos del Estado como garante de los derechos humanos fundamentales, sino una invitación que sentaría un terrible precedente, que instiga a la rebelión del particular contra la voluntad de la ley...”. “En virtud de lo expuesto, se advierte que el articulado de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional (cfr. Artículos 2, 5, 8, 11 y 16) desconoce tal mandato y supone una generalización (que no excluye la violencia y el uso de las armas) en cuanto a las manifestaciones de protestas como ‘ejercicio de libertades ciudadanas y con fines políticos’, que no es admisible", dice la sentencia.

El tercer argumento de la Sala apela a la inconstitucionalidad por violación de los principios de legalidad y tipicidad, señalando que “debe declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2, 16 y 17 de la Ley..., que contrarían y vulneran las garantías contenidas en el artículo 49 de la Constitución”. Estos artículos se refieren al período que comprende la amnistía –del 1 de enero de 1999 a la fecha en que entre en vigencia la ley– y a los hechos punibles objeto de la amnistía, relacionados, según el texto de la ley, con procesos o sentencias penales que quebrantaron la confiabilidad en la administración imparcial de la justicia.

La exmagistrada De León apunta que en Venezuela no existe la figura del veto presidencial pero se ejercita a través de la Sala Constitucional. “El presidente interpone un escrito y la Sala le hace una decisión a la medida de sus deseos, que es la que tenemos por delante... en un país donde los derechos humanos son pisoteados permanentemente por el Gobierno”, aseguró.

¿Qué procede si el TSJ está tomando decisiones en función del Ejecutivo?

La solución definitiva la trae la Constitución cuando nos plantea la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que nos queda, porque no podemos acudir a la Fiscalía, al TSJ ni a la Defensoría del Pueblo ni a ninguna de las instancias democráticas porque están todas al servicio del régimen. Entonces, la Asamblea Constituyente será la que nos permita cambiar los poderes públicos, recuperar el Senado, acabar con la reelección presidencial indefinida, poner la segunda vuelta electoral, eliminar la Sala Constitucional, cambiar la cabeza de los poderes públicos, porque aquí todo está sometido al Ejecutivo. Esa Asamblea es la única porque el referendo revocatorio está controlado por el Gobierno a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya habló de 14 meses para hacer el proceso, lo cual asegura que para cuando se diera habría pasado la primera mitad del período de gobierno y se quedaría el vicepresidente de la República hasta el final, con lo cual no ganaríamos nada. La enmienda tampoco nos sirve porque pasa por el CNE y por un referendo.

Mientras tanto, precisó De León, le sugirió a la Asamblea que le solicite a los magistrados del TSJ sus credenciales para verificar si llenaban los requisitos para desempeñar el cargo cuando fueron designados, algo que sucedió al cierre del ciclo legislativo de Diosdado Cabello, el 23 de diciembre de 2015, bajo protesta de los diputados electos.

Indicó que esos magistrados fueron nombrados de “a dedo”, con impugnaciones que no fueron tomadas en cuenta y que se violentaron los lapsos del proceso. Añadió que también tienen que pedirle las credenciales a Maduro para que quede claro si tiene o no doble nacionalidad. “Esas potestades las tiene la Asamblea y podemos ejercerlas de una vez”.

De León reconoció que el gobierno hará lo posible para evitar la Constituyente, pero es un proceso independiente que solo requiere recabar firmas del 15% de los electores registrados, y la Constitución establece que el poder constituido no puede ir en contra del poder constituyente, es decir, los miembros actuales de los poderes públicos no pueden ir contra la representación que se haga una vez recogidas las firmas y se elijan los constituyentes.

Thelma Fernández, de Venezuela Awarness, señaló que la sentencia del TSJ no es aplicable, porque una sentencia del mismo tribunal, de 2002, relativa a un caso de Hugo Chávez, hizo un análisis del artículo 214 de la Constitución –relativo al proceso de promulgación de las leyes– y concluyó que luego de los cinco días de que la Sala dicte su pronunciamiento, positivo o negativo, el mandatario está obligado a promulgar la Ley

Sobre esta opinión, De León indicó que hay que tener claro que el Ejecutivo siempre toma decisiones a la medida de la oportunidad, y que esa sentencia, que existe, buscó proteger a los que atentaron contra el régimen democrático de aquel momento, que fueron indultados. “Esa es una demostración más de la manera de decidir de la Sala Constitucional, de la cual nosotros no esperamos ninguna imparcialidad”, puntualizó.

Instalan comisión de verdad, justicia y reparación

El presidente Nicolás Maduro instaló ayer la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación de Víctimas, que tendrá la misión de “establecer la verdad, reparar a las víctimas y buscar la paz a través del perdón con justicia”.  

En el acto –que transmitió Globovisión–, en el que participó Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Maduro designó como miembros permanentes de la comisión a la fiscal general, Luisa Ortega; al defensor del pueblo, Tarek William Saab; al constituyente Germán Escarrá y a la canciller, Delcy Rodríguez. Destacó que pidió al bloque oficialista de la Asamblea y al de la oposición nombrar cuatro voceros.

El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper (izq), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el vicepresidente de la República y designado líder de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Reparación, Aristóbulo Istúriz, durante la instalación del diálogo el 12 de abril de 2016. Expandir Imagen
El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper (izq), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el vicepresidente de la República y designado líder de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Reparación, Aristóbulo Istúriz, durante la instalación del diálogo el 12 de abril de 2016. XINHUA/Boris Vergara

"Creo que esta comisión debe trabajar intensamente el período histórico de 1999 a 2015, debemos saber toda la verdad... y decir como conclusión final nunca más un golpe de Estado... debemos asentar desde esta comisión un paso fundamental para que se dé un proceso de regeneración política que vacune a nuestro país del complot, la violencia abierta y simulada y los golpes".

Al reiterar su llamado a la oposición para el diálogo, Maduro manifestó que aspira a que esta “dé un paso adelante, sé que es difícil, no nos llamemos a engaños. Hoy está en desarrollo un plan de golpe de Estado, otra vez..., supérense a sí mismos, esta Venezuela nos pertenece a todos. Hoy las cuatro sillas que estaban designadas para que se sentaran, para recibir de manera respetuosa a cuatro miembros de la oposición, han quedado vacías...”.

La instalación de la comisión se dio menos de 24 horas después de que el Tribunal Supremo declaró “inconstitucional” la ley de amnistía aprobada el pasado 30 de marzo.

A su turno, Samper anunció que como acompañantes del proceso participarán los expresidentes de República Dominicana Leonel Fernández; de Panamá Martín Torrijos; y de España José Luis Rodríguez Zapatero.

En su discurso, en el que alabó el carácter republicano y democrático de Maduro, por haber reconocido los resultados de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, Samper indicó que “en épocas de dificultades aparecen abogados oficiosos” con “fórmulas que ofrecer” y “verdades reveladas” para que el presidente “no vaya por el camino equivocado”. “A veces me parece que en Venezuela juego de local cuando vengo y veo lo que son las fuerzas internacionales tratando de inmiscuirse en los asuntos internos de un país”, remarcó, al tiempo que apuntó que “este problema es de los venezolanos y la solución tiene que venir de los venezolanos”.

Equiparó el trabajo de la comisión a lo que internacionalmente se llama justicia transicional. Y al referirse a la ley de amnistía, dijo que no critica a la Asamblea ni al Tribunal por la ley y la sentencia, respectivamente, ya que ambos son órganos soberanos de Venezuela.

Decepción en la ONU por el fallo

La decisión del máximo tribunal de Venezuela de declarar inconstitucional la ley de amnistía y reconciliación nacional fue rechazada por las Naciones Unidas (ONU).

“Es algo muy, muy decepcionante”, dijo ayer Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: “No nos gustaría creer que este es el fin del camino. Nos gustaría alentar a todas las partes a explorar mayores vías para el diálogo”.

Shamdasani expresó que el Gobierno de Venezuela había pedido a la ONU un análisis de la ley y que su informe expresó que respondía a los estándares internacionales. “Era un gran paso hacia el diálogo y la reconciliación”, remarcó.

La canciller, Delcy Rodríguez, reaccionó en Twitter. “Es realmente lamentable que el Alto Comisionado... haya desatendido doctrina internacional en materia de amnistía para complacer a la derecha”, y que al avalar la ley “refuerza la impunidad de la derecha para acometer acciones insurreccionales...”.

(Basado en servicios internacionales)

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