Rechazan nuevo ´Código de Derecho Internacional´

Una propuesta presentada por Ana Matilde Gómez propone la derogación de una ley sancionada por Ricardo Martinelli poco después de las elecciones.
Abogados y empresarios plantean que el nuevo código lastrará la competitividad de Panamá. LA PRENSA/Archivo. Abogados y empresarios plantean que el nuevo código lastrará la competitividad de Panamá. LA PRENSA/Archivo.
Abogados y empresarios plantean que el nuevo código lastrará la competitividad de Panamá. LA PRENSA/Archivo.

Diferentes gremios empresariales y de abogados han manifestado su rechazo a la ley que recoge el nuevo Código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá.

La Ley 7 de 8 de mayo de 2014 fue aprobada en tercer debate en febrero de 2013 y sancionada por el entonces presidente Ricardo Martinelli los días posteriores a las elecciones de mayo de 2014, o sea, más de un año después.

Su entrada en vigor está prevista para el 8 de noviembre, algo que podría evitar un anteproyecto de ley presentado por la diputada Ana Matilde Gómez, que propone la derogación del nuevo Código de Derecho Internacional Privado.

Ayer, la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó, en primer debate, una modificación al proyecto para postergar la entrada en vigencia de la Ley 7 por un período de seis meses.

Los opositores señalan que su entrada en vigor causará un impacto en la competitividad de Panamá en sentido general y, especialmente, para importantes sectores, como: bancario, marítimo y para la atracción de inversiones.

Una carta remitida por abogados de las principales firmas legales del país al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, señala que el código “refleja una clara intención de cambiar algunas normas fundamentales, desafortunadamente en un sentido que dará como resultado que la competitividad de Panamá, como jurisdicción, se verá seriamente perjudicada”.

Además, que un buen número de artículos “no son claros, lo cual conlleva a una evidente inseguridad jurídica” y “hace que sea virtualmente imposible para los abogados panameños emitir opiniones legales concretas usualmente requeridas por inversores internacionales para perfeccionar sus transacciones en Panamá”.

Se cuestiona la redacción y el fondo hasta de 16 artículos del nuevo código.

Por ejemplo, el artículo 106 estipula que en los contratos de un préstamo internacional, un conflicto entre las partes deberá resolverse en una jurisdicción neutral, que no sea ni la de la entidad que hace el préstamo ni del que lo recibe.

Los abogados destacan en su nota que el artículo va en contra de la práctica internacional. Ponen como ejemplo que “si un banco neoyorquino presta a una compañía panameña bajo un contrato regido por las leyes de Nueva York, cualquier disputa deberá solventarse en tribunales que no sean ni los neoyorquinos ni los panameños”.

El nuevo código también introduce la obligación de redactar los contratos de préstamo e inversión en el idioma del prestatario y en español. Al respecto, los abogados aducen que estos documentos generalmente se escriben en inglés y que una obligación de este tipo supondría una pérdida de competitividad para Panamá, ya que las traducciones “con complejas, costosas y llevan tiempo”.

Desde el Consejo de Servicios Internacionales de Panamá dijeron que el nuevo código desincentiva la inversión extranjera en Panamá.

“Los bancos extranjeros no tendrán incentivos para hacer préstamos en Panamá, mientras que los inversores extranjeros no van a tener incentivos para comprar activos en Panamá”.

Las restricciones de idioma, tasa de interés y tribunales competentes “harán que los bancos corresponsales limiten el acceso del centro bancario panameño a financiamiento internacional y ello supondrá reducción de sus operaciones, liquidez, comercio internacional, que impactará los puestos de trabajo e ingresos para el país”.

Los gremios solicitan la derogación de la Ley 7, iniciativa que recoge el anteproyecto presentado por la diputada Gómez.

En su exposición de motivos, la diputada señala que “si bien es bienvenida la iniciativa de un Código de Derecho Internacional Privado, se hace necesaria la derogatoria de la Ley 7 del 8 de mayo de 2014, para aprobar en su lugar... un texto que regule las relaciones privadas en el ámbito internacional sin afectar de manera adversa los intereses económicos de Panamá y los panameños, ni contravenir las mejores prácticas internacionales en la materia”.

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