ambientalistas, en alertA

Rechazan proyecto minero

Algunos grupos piden que se declare una moratoria sobre minería y otros dicen que la Asamblea no es el foro para discutir este tema.
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Ambientalistas consideran que el proyecto para reformar el Código de Recursos Minerales presentado el pasado miércoles por el diputado oficialista Jorge Rubén Rosas ante la Asamblea, no resuelve la situación minera en el país.

Raisa Banfield, de Panamá Sostenible, sostiene que se está “tropezando con la misma piedra”, porque se quiere aprobar un proyecto que carece de estudios y análisis científico.

Banfield indicó que el hecho de que “se haya llegado a un consenso con el grupo de la población “que más bulla hizo” a raíz de la aprobación de la polémica Ley 8 de 2011 (que provocó su posterior derogación) no implica que se está solucionando el impacto de la minería”.

La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos lideró las protestas contra la Ley 8 en febrero pasado.

La dirigente considera que es necesaria una nueva legislación minera, pero sostiene que debe ser producto de estudios y análisis de las consecuencias socioambientales y económicas.

Banfield manifestó que así como lo advirtieron en la discusión de la derogada Ley 8, la Asamblea no es el espacio político para la discusión técnica y científica de este tema.

Félix Wing, del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), coincidió con Banfield en que la Asamblea no es el espacio adecuado para sostener una discusión técnica de la reforma al Código de Recursos Minerales, pero fue más allá. Wing dijo que la mejor alternativa para iniciar una discusión técnica es la cancelación de todas las concesiones y declarar una moratoria minera en el país.

A juicio de Wing, no tiene sentido que en medio de la discusión de reformas se otorguen concesiones hidroeléctricas y no se frene las que ya se aprobaron. Eso, dice, es absurdo porque estas concesiones están causando graves perjuicios a las comunidades tanto indígenas como campesinas.

Opinó que la moratoria debe ser hasta cuando se llegue a un consenso sobre una nueva ley minera. “Ese es el procedimiento democrático que se debe seguir... El problema es que el gobierno sigue legislando, pensando que tiene un mandato ganado en las elecciones de 2009, pero lo cierto es que ese mandato es para gobernar el país en beneficio de la mayoría, tomando en cuenta a la minoría”, afirmó Wing.

Por su parte, Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), indicó que dentro del proyecto presentado en la Asamblea quedan muchos artículos en los cuales no se logró consenso con los grupos indígenas que participaron de la discusión.

Spadafora dijo que frente a este panorama existe el temor de que se puedan generar enfrentamientos similares a los ocurridos con la derogada Ley 8. “Sería muy lamentable que no se respeten los acuerdos”, afirmó.

Natalia Young, exdirectora de Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), sostuvo que lo importante en estas nuevas reformas es tomar en cuenta los aportes que puedan hacer diferentes sectores de la sociedad.

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