Rechazan solicitud de cierre de pesquisas contra TCT

Representantes de gremios periodísticos y de la sociedad civil consideran que el Ministerio Público no hizo una investigación imparcial en este caso.

Gremios periodísticos y voceros de la sociedad civil se mostraron en desacuerdo con la decisión de la Personería Cuarta Municipal de solicitar el cierre definitivo del proceso seguido a trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT), acusados de delitos contra la libertad de prensa tras el bloqueo que hicieron a las instalaciones de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) la noche del 2 y madrugada del 3 de agosto de 2012.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Irvin Halman, que fue testigo presencial de los hechos ocurridos en Corprensa en agosto pasado, consideró que fue notoria la afectación que causó este bloqueo.

“Fue evidente que este bloqueo afectó las operaciones del diario La Prensa y fuimos testigos de ello”, afirmó el empresario.

Dijo que este diario es miembro de la Cámara, por lo que considera que las autoridades judiciales deben investigar y señalar a los responsables.

En tanto, el presidente del Sindicato de Periodistas de Panamá, Filemón Medina, criticó la acción de la personera Maribel Concepción, al considerar que existían todos los elementos para mantener la investigación, no solo de los colaboradores de TCT, sino de sus directivos.

“Hay demasiada manipulación del sistema de justicia, el cual solo está para beneficiar a los gobernantes y no a los afectados con hechos como estos”, expresó Medina.

Por su parte, la exprocuradora Ana Matilde Gómez se mostró sorprendida con esta resolución del Ministerio Público, pues asegura que había las pruebas para ordenar detenciones y solicitar juicio.

Para la exjefa del Ministerio Público, esta acción evidencia que se estaba “mareando” a La Prensa con una supuesta investigación que no se estaba haciendo.

Mientras que el presidente del Fórum de Periodistas, Simón Bolívar Alemán, dijo que el resultado de estas investigaciones solo es una muestra de que en Panamá no hay justicia. “La Prensa entregó todas las pruebas y estaba claro que había delito”, aseguró.

El equipo de abogados de Corprensa basó su denuncia en el artículo 168 del Código Penal, el cual señala que: “quien ilícitamente impida la publicación de libros o la libre circulación o emisión de prensa escrita o hablada será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.

Para la personera Maribel Concepción, el caso debe archivarse porque los colaboradores de TCT no incurrieron en delito alguno, ya que, según ella, no tuvieron intención de evitar que La Prensa y Mi Diario llegaran a sus puntos de venta.

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