juzgado primero penal

Rechazo a conmutación de pena a Cristóbal Salerno

Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, S.A., fue condenado a 48 meses de prisión por peculado en el cobro de la cartera morosa del Estado, pero no irá a prisión, porque la pena le fue remplazada por 500 días multa, a razón de $600 por día o $300 mil en total.

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Cristóbal Salerno no pagará prisión, tras haber admitido que cometió los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos en el caso Cisa. Cristóbal Salerno no pagará prisión, tras haber admitido que cometió los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos en el caso Cisa.
Cristóbal Salerno no pagará prisión, tras haber admitido que cometió los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos en el caso Cisa. Archivo

Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, S.A., fue condenado a 48 meses de prisión por peculado en el cobro de la cartera morosa del Estado, pero no irá a prisión, porque la pena le fue remplazada por 500 días multa, a razón de $600 por día o $300 mil en total.

Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, dijo que el acuerdo debilita aún más la justicia, mientras que Annette Planells, del Movimiento Independiente, indicó que deja un mal sabor el hecho de que Salerno no pagará con cárcel por el delito que cometió.

CUESTIONAN ACUERDO CON SALERNO

Sectores de la sociedad civil cuestionaron el acuerdo de pena validado ayer por la jueza primera penal Águeda Rentería, mediante el cual se le comisaron $20 millones al empresario Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo S.A. (Cisa), pero se le conmutó la pena de 48 meses por los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos por una multa de $300 mil pagadera en cuatro meses.

El acuerdo pactado con la Fiscalía Anticorrupción de Descarga guarda relación con el proceso que se le siguió a Salerno por el cobro de impuestos morosos del Estado a través de Cisa, tras un contrato exclusivo que obtuvo en 2010 con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“No hay dinero que compense el daño que todas estas personas le han hecho, no solo al erario, sino a la institucionalidad”, expresó Annette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá (Movin).

“Pasarán años antes de que los ciudadanos podamos recuperar la confianza en nuestras instituciones y, a pesar de que se recupera parte de lo que nos robaron y de que somos conscientes de que la alternativa es pasar años en un sistema de justicia que se ha caracterizado por favorecer a los corruptos, nos deja un mal sabor el hecho de que no pagará con cárcel su delito”, declaró Planells.

La activista señaló que espera que este acuerdo de pena producto de la confesión de Salerno, sea el elemento que asegure una severa condena a los funcionarios que debieron velar por los intereses de todos los panameños.

“La impunidad es el mayor incentivo de la corrupción, necesitamos castigos ejemplares a los corruptos para desincentivar esta mala práctica que está carcomiendo nuestras instituciones”, indicó Planells.

Mientras que Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, dijo que este acuerdo confirma lo que la sociedad percibe de la justicia: actúa de manera selectiva cuando se trata de delincuentes “de cuello blanco”, como Salerno, y actúa de forma contundente cuando se trata de panameños de a pie.

“Cuando se trata de personas que lesionaron el patrimonio de los panameños en millones de dólares, entonces la justicia es muy flexible, y eso no ayuda en el cometido de fortalecer la justicia, tan debilitada en este momento y con tan poca credibilidad”, agregó Pittí.

Manifestó que la justicia no solo se debe enfocar en recuperar el dinero, como en este caso, en que se devolvieron $20 millones, sino ejercer la presión y que le caiga el peso de la justicia a esta persona y que pague los 48 meses de prisión sin ningún tipo de posibilidad de fianza. “Que pague por los delitos que confesó que cometió”, advirtió el dirigente de la sociedad civil.

Indicó que el sistema de justicia debe mandar un mensaje claro en este caso y crear un precedente para aquellas personas que están actualmente en el poder, administrando bienes del Estado y con la posibilidad de lesionar el patrimonio de todos y para aquellas personas que van a ocupar cargos de servidores públicos.

EL ACUERDO

Según el acuerdo validado por la jueza Águeda Rentería, la pena de 48 meses a Salerno le fue remplazada por 500 días multa, a razón de $600 por cada día, lo que equivale a $300 mil, que tendrá que pagar en cuatro meses.

El acuerdo también suscribe la pena accesoria de decomisar $20 millones. El Ministerio Público ya le tenía cauteladas cuentas bancarias a Salerno por $35 millones, además de propiedades a él y a sus familiares.

Salerno, en audiencia preliminar celebrada en septiembre de 2018, había anunciado estar dispuesto a pactar un acuerdo con el fiscal anticorrupción de Descarga Adecio Mojica.

EL CASO

En agosto de 2010, Cisa obtuvo un contrato de exclusividad del cobro de impuestos morosos del Estado. Un informe de auditoría forense de la Contraloría General de la República reveló que habría ocasionado una lesión patrimonial de $29.5 millones.

Las investigaciones de este caso se originaron tras una denuncia que presentó el 19 de enero de 2015 el titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, por supuesta falsificación de documentos en el contrato con Cisa. Este proceso fue abierto por la entonces fiscal cuarta anticorrupción, Ruth Morcillo.

El 22 de mayo de 2015, tras rendir indagatoria ante la fiscal Morcillo, Salerno declaró que entregó varias maletas con dinero en efectivo al expresidente Ricardo Martinelli, producto de los impuestos que cobraba.

La Corte mantiene un proceso abierto a Martinelli tras estos señalamientos.

Posteriormente, Publio Cortés, jefe de la DGI, interpuso otra denuncia por el supuesto cobro ilegal de impuestos morosos por parte de Cisa. Este caso fue investigado por la entonces fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling.

Los dos expedientes fueron acumulados y, tras la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, el proceso fue llevado por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.

OTROS PROCESADOS

Luis Cucalón, exjefe de la DGI, también imputado en este proceso, mostró su interés de pactar un acuerdo de pena con la fiscalía en la audiencia celebrada en septiembre pasado.

Cucalón se encuentra detenido preventivamente en El Renacer por este caso, pero aún no ha logrado un acuerdo de pena con la fiscalía faltando pocos días para la audiencia, que se ha programado para el 26 de enero próximo.

La jueza Rentería llamó a Cucalón a juicio el pasado 29 de noviembre por supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

Salerno actuaría como testigo en esta audiencia, según el acuerdo alcanzado con el dueño de Cisa y la fiscalía.

En este proceso la fiscalía dictó un sobreseimiento provisional a María Alessandra Salerno, hija del dueño de Cisa. Además, fueron investigados en este caso Magaly Ramos, gerente de Cisa y los empleados de esa empresa Edgardo González e Irasema Sánchez.

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