ASAMBLEA NACIONAL

Reclaman informe de donaciones

Una comisión interna que investigó las donaciones de la AN recomendó mantener la partida de gastos imprevistos.

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El escándalo de las donaciones y contratos por servicios profesionales entregados por la Asamblea sigue latente, ya que diputados reclaman conocer el resultado de un informe que investigó estos temas. El escándalo de las donaciones y contratos por servicios profesionales entregados por la Asamblea sigue latente, ya que diputados reclaman conocer el resultado de un informe que investigó estos temas.
El escándalo de las donaciones y contratos por servicios profesionales entregados por la Asamblea sigue latente, ya que diputados reclaman conocer el resultado de un informe que investigó estos temas. Archivo

Diputados de la Asamblea Nacional (AN) y dirigentes de la sociedad civil organizada demandaron que se haga público el informe de la comisión interna que investigó las irregularidades detectadas en las donaciones y contratos por servicios profesionales concedidos por el Órgano Legislativo.

La petición surgió, porque varios diputados dijeron desconocer el informe, a pesar de que fue entregado el 10 de abril pasado al entonces presidente de la AN, Rubén De León.

La comisión interna, creada el 9 de marzo pasado, fue presidida por la diputada Yanibel Ábrego, ahora presidenta de la AN; e integrada por Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Juan Carlos Arango, del Partido Popular (PP).

Esta comisión fue conformada a partir de una investigación de La Prensa, la cual reveló que desde julio de 2014 hasta el 3 de marzo de 2017 la Asamblea desembolsó $14 millones en subsidios y donaciones de los diputados, que en la mayoría de los casos no fueron destinados a los beneficiarios originales, usualmente personas de bajos recursos económicos o de áreas marginadas del país.

La publicación también documentó que entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 la Asamblea destinó $68 millones a pagar contratos por servicios profesionales, que en la mayoría de los casos dichos trabajos no se realizaron.

En este escenario, la Contraloría General de la República efectúa una auditoría sobre las donaciones y contratos de la AN, que no ha sido entregada.

RECLAMAN INFORME

La diputada independiente, Ana Matilde Gómez, fue la primera en solicitar el informe a la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego. Lo hizo en la sesión del 11 de este mes, un día después de que Ábrego anunció que esa entidad acogió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 16 de marzo de 2017, que declaró inconstitucional el decreto de la Contraloría que reglamentó las donaciones de la AN.

Ese día, Ábrego prohibió a los diputados gestionar más donaciones.

Gómez elogió el anuncio de Ábrego, pero a la vez la emplazó para que le haga llegar el citado informe que, a su juicio, debió ser presentado por De León antes de salir de la presidencia de la AN, ya que “todo el que sale de un puesto debe hacer rendición de cuentas”.

Este medio llamó a De León para conocer por qué no ha revelado el informe, pero no respondió. Desde su salida de la presidencia de la AN el 1 de este mes, se le ha observado poco en el pleno legislativo.

“Nosotros no tenemos conocimiento, y si somos realmente el órgano colegiado que muchos expresan debemos comportarnos como tal, y para poder contestar los cuestionamientos de la colectividad, uno tiene que estar informado”, dijo Gómez al reclamar el documento.

Otro diputado que dijo desconocer el contenido del informe fue Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). “Solo sabemos lo que dijo la presidenta de que las donaciones están suspendidas”, indicó, y planteó que el informe debe darse a conocer. “Es más, yo lo voy a pedir”, agregó.

El perredista Javier Ortega indicó: “Yo desconozco qué dice el informe”.

Mientras que el diputado de CD Héctor Valdés Carrasquilla manifestó: “No lo conocemos, porque todavía no lo han presentado al pleno. Ellos están todavía revisándolo. Ellos están a la espera de entregar ese informe”, apuntó, y aseguró que lo solicitará para leerlo.

Los diputados panameñistas Jorge Alberto Rosas y José Antonio Domínguez consideraron que no es necesario conocerlo, pues ya la CSJ emitió un fallo que eliminó las donaciones.

Igual opinión que los diputados panameñistas tiene la presidenta de la AN, quien al preguntársele si entregará el informe dijo: “Al eliminarse las donaciones, las recomendaciones administrativas del informe ya no son aplicables”.

Informe debe ser público: sociedad civil

Si bien es cierto que la Contraloría suspendió las donaciones, el informe de la comisión interna fue entregado antes de que eso pasara, por lo que debió darse a conocer a todo el país, expresó Gilberto Solís, representante estudiantil del Consejo General de la Universidad de Panamá.

Añadió que “la Asamblea es del pueblo, y los diputados son electos por este, por tanto, deben dar explicaciones a los ciudadanos. La Asamblea no es una empresa privada, esa información debe ser pública para conocimiento de todos los ciudadanos”.

En tanto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que el informe debe ser de carácter público, “ya que se trata del manejo de fondos públicos y los ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo se utilizó nuestro dinero”.

Lee puso de manifiesto que, aunque Ábrego ha dicho que no habrá donaciones en la Asamblea y que acata el fallo de la Corte, tras su elección como presidenta del Legislativo aseguró estar a favor de las partidas y donativos para los diputados.

Para el analista político Richard Morales, el informe debió ser público, por un lado, porque es el deber de las autoridades informar y rendir cuentas; y, por otro, porque la declaración de inconstitucionalidad es insuficiente. Los diputados cometieron actos de corrupción y deben responder ante la justicia.

UNA PARTE

La Prensa tuvo acceso a la parte resolutiva del informe de la comisión interna, que recomendó eliminar las partidas sobre donativos tanto a personas, instituciones privadas como deportivas, aunque propuso mantener “la partida de imprevistos”.

La parte resolutiva señala: “Renunciar al uso de: La partida 610: transferencias corrientes a personas. Objeto de gasto 611-donativos a personas. La partida 630: transferencias corrientes a instituciones privadas. Objeto de gasto 633-subsidios deportivos”.

También recomienda renunciar a “-La partida 640: transferencias a instituciones privadas. Objeto de gasto 646-municipalidades y juntas comunales. En el caso de la partida 900: Asignaciones globales, continuar con el uso del objeto gasto 930-imprevistos”.

Al ser interrogada la presidenta de la AN sobre si se acogió la sugerencia de la comisión interna de mantener la partida de imprevistos, Ábrego respondió que todos los objetos de gastos de donación en la Asamblea Nacional fueron eliminados. “Acatamos el fallo de la Corte, el informe no está por encima de eso”, afirmó.

¿NUEVA PARTIDA?

En ese sentido, el excontralor Alvin Weeden planteó la posibilidad de que los diputados estén utilizando una partida de imprevistos para continuar con el uso de donaciones.

Explicó que el fallo de la Corte no eliminó las asignaciones globales para imprevistos. “El fallo es claro. Dice que es inconstitucional el decreto de la Contraloría que regula las donaciones”, explicó Weeden.

Cuestionó que la comisión interna, en vez de buscar transparencia y plantearle al país cuáles son los problemas administrativos que permiten que se den irregularidades, hable de eliminar partidas específicas y avale una partida general que, a su juicio, es “discrecional”, pues cuando las partidas de gastos no tienen definición de uso “simplemente son discrecionales”.

Esa partida de asignaciones globales es ilegal, la ley dice que el objeto de gasto debe estar definido, indicó.

“¿Cuál y por cuánto es el imprevisto que puede tener la Asamblea si se supone que el gasto tiene que estar definido?”, se preguntó el excontralor.

Al respecto, Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, manifestó que la opinión pública, así como las máximas autoridades de justicia, ha sido clara y contundente en cuanto a que no es competencia del Legislativo asignar ni administrar fondos públicos.

Advirtió que si la Asamblea mantiene en su presupuesto este renglón de “imprevistos”, esto “es negativo y mantiene abierta la ventana para que diputados continúen haciendo lo que no les corresponde y sacando ventaja política para futuras elecciones”.

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