Red traficaba con datos de los procesos en tribunal

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La indagatoria a 13 investigados por presunta corrupción se inició el sábado en la Fiscalía Auxiliar. La indagatoria a 13 investigados por presunta corrupción se inició el sábado en la Fiscalía Auxiliar.

La indagatoria a 13 investigados por presunta corrupción se inició el sábado en la Fiscalía Auxiliar. Foto por: Jorge Fernández

Varios de los funcionarios están detenidos preventivamente. Varios de los funcionarios están detenidos preventivamente.

Varios de los funcionarios están detenidos preventivamente. Foto por: Jorge Fernández

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Cifras superiores a los $40 mil cobraban los integrantes de la red de corrupción en el Segundo Tribunal Superior de Justicia para, supuestamente, alterar decisiones dentro de procesos seguidos en dicha instancia.

Según las investigaciones del fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, el grupo -compuesto hasta ahora por choferes, asistentes de magistrados, secretarios y abogados- extraviaba, demoraba y extraía información de los expedientes para entregarla a la parte interesada.

Cobraban $40 mil por influir en el jurado

La estructura de corrupción en el Segundo Tribunal Superior de Justicia permitía extraviar, demorar y extraer información de los expedientes para entregarla a los abogados y manipular a los jurados de conciencia, operación por la que cobraba “arriba” de $40 mil.

El grupo, compuesto por choferes, asistentes de magistrados, secretarios y dos abogados, podía favorecer a los procesados, fijándoles fechas cercanas a sus audiencias, a pesar de que sus procesos ingresaban de último al sistema.

Documentos que sustentan la investigación adelantada por el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar -a los que tuvo acceso este medio-, revelan que los funcionarios tomaban fotos a los expedientes y después las entregaban a los abogados para que estos hicieran creer a sus clientes que tenían influencias para cambiar o acelerar el trámite de los casos.

Incluso, y de acuerdo con el informe, una de las funcionarias bajo investigación enfrenta una denuncia por falsificación en el Juzgado Penal de San Miguelito. A pesar de ello fue nombrada en el Juzgado de Descongestión, en donde supuestamente también adulteró la firma de la magistrada Marlene Morais.

Además, el fiscal Aguilar halló evidencias de que otro funcionario, encargado del libro de audiencias, presuntamente cobraba “una buena cantidad de dinero para conseguir fechas de audiencias” y se ponía de acuerdo con los choferes que transportaban a los jurados de audiencias de homicidios para intentar influenciarlos y obtener un resultado favorable.

De acuerdo con las pesquisas, la operación era de la siguiente manera: los abogados de los detenidos contactaban a los conductores del Segundo Tribunal, a través de otros funcionarios judiciales, quienes recibían dinero a cambio de manipular los trámites.

Ello quedó en evidencia cuando se intentó que un jurado de conciencia declarara inocente al reo Hilario Chen Quintana, procesado por homicidio, junto a otras ocho personas.

En este proceso, los conductores del Segundo Tribunal estaban autorizados a ofrecer dinero a los jurados para que emitieran un fallo favorable a los imputados, a pesar de su extenso prontuario delictivo. Pero, el juicio se suspendió y se programó para el próximo año.

Además, en la investigación, la fiscalía ubicó mensajes por whatsapp en los teléfonos de los funcionarios sobre los precios por cada trámite negociado con los abogados.

Separados del cargo

El fin de semana último, la fiscalía ordenó separar del cargo a los 12 funcionarios que trabajaban en el Segundo Tribunal Superior y en el Juzgado Decimosexto, investigados por la presunta comisión del delito de corrupción de servidores públicos.

Ayer, Javier Quintero, abogado de Carmen Castro, una de las funcionarias investigadas, quien se desempeñaba como estenógrafa del Segundo Tribunal de Justicia, presentó una solicitud de fianza de excarcelación, que quedó en el Juzgado Cuarto Penal.

Quintero también presentó una solicitud para que el proceso sea remitido a la esfera municipal, argumentando que la pena aplicable a los funcionarios que no tienen poder de decisión es de cuatro años de prisión.

En tanto, Kevin Moncada, abogado de Kira Puga, otra de las procesadas, solicitó al juzgado citar al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, quien denunció la supuesta red, para que aclare la vinculación de su defendida.

“Hasta ahora no hay pruebas en su contra”, aseguró.

Por este caso están detenidos Edgar Jordán, Blas Macre, Carmen Castro, Gabriel De León, Eduardo García, Javier De Gracia, Rosa Quiroz, Ana Barsallo, Evelio Hidalgo y Rigoberto Ríos. Kira Puga y Carlos Herazo tienen medida cautelar de impedimento de salida del país y deben notificarse los 15 y 30 de cada mes.

Una fuente de la Corte informó ayer que la nota enviada por Ayú Prado sobre el impedimento para ingresar a los despachos judiciales en fin de semana solo era aplicable para el pasado sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

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