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violencia doméstica

Aprueban reglamentación de la Ley 82

Tres años después de haberse puesto en vigencia la ley de feminicidio y del reclamo ciudadano se logra regular la iniciativa.

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La reglamentación de la Ley No. 82 de octubre de 2013, que tipifica el feminicidio como delito en Panamá, fue aprobada ayer por el Comité Nacional contra la Violencia de la Mujer (Convimu).

La ministra de Gobierno, María Luisa Romero, presentó el documento ante el Convimu durante una reunión presidida por la directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Liriola Leoteau, en la que también participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, que defienden los derechos de las mujeres, y de diversas instituciones públicas.

Con la finalidad de oficializar la reglamentación el escrito pasará a ser un Decreto Ejecutivo, que debe ser firmado por la ministra de Gobierno y ratificado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

En este documento se establecen todos los parámetros y responsabilidades que le corresponden a cada institución del Estado para prevenir los actos de violencia hacia las mujeres y las niñas, y garantizar su protección.

LA PROMESA

Tanto Romero como Leoteau se mostraron comprometidas en poner un alto a la violencia contra las féminas en el país.

La ministra de Gobierno apuntó que esta ley es uno de los “grandes avances” en la protección de derechos a la mujer y el camino a la erradicación del feminicidio.

Además, aseguró que las modificaciones que se realizaron a esta reglamentación están enfocadas a la prevención en contra de la violencia, impulsando el cambio de estereotipos y normas sociales muy arraigadas.

Romero también aseguró que hará lo necesario para agilizar el trámite para la vigencia de esta norma.

En tanto, Leoteau dijo que la puesta en vigencia de la reglamentación es una demanda exigida por la sociedad desde que la ley está en vigencia, por lo que calificó este paso como “histórico”.

“Estamos cumpliendo con una necesidad (...) las entidades ya sabrán qué acciones tomar ante una situación de violencia o feminicidio, sabrán cómo es el seguimiento y la instrucción para dar cumplimiento eficaz de los derechos”, sostuvo.

LOS NÚMEROS

Los datos del Ministerio Público dan cuenta de que 2016 cerró con 19 feminicidios, 4 tentativas de feminicidio, y otras 8 muertes violentas contra mujeres.

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Pie de foto LA PRENSA/Credito

Al comparar las cifras con años anteriores se aprecia una disminución de hasta 9 casos, ya que en el año 2015 se registraron 28 víctimas y en 2014 hubo 25 casos.

Los datos de la institución también detallan que el 60% de estos hechos se reportaron en mujeres de entre 25 y 39 años de edad.

Por otro lado, las fiscalías especializadas en delitos contra el Orden jurídico Familiar y el Estado Civil recibieron durante el año pasado un total de 22 mil 192 acusaciones, de las cuales, 19 mil 711 corresponden a denuncias por violencia doméstica. Es decir, que en promedio por mes se presentan mil 642 denuncias.

Igualmente, se informó que durante los primeros 25 días de este año se han reportado, al menos, 3 feminicidios y 300 denuncias de violencia doméstica.

APLAUDEN AVANCE

Respecto al tema, la socióloga y miembro de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad, Rubiela Sánchez, calificó el paso dado como “positivo”.

Acotó que la aprobación de esta reglamentación es un avance para lograr garantizar los derechos de las mujeres, y la protección de las víctimas y de sus hijos.

A pesar de que Sánchez reconoció que esta normativa no va a dar respuesta absoluta al tema de la violencia contra las mujeres, fija las directrices hacia los esfuerzos que se tienen que hacer para atender el tema.

Por su parte, Juana Camargo, miembro de la organización Espacio Encuentro Mujeres, manifestó que es esencial que exista un compromiso por parte de las autoridades gubernamentales para destinar los recursos necesarios, tanto de dinero como de personal, para llevar adelante el proceso.

Desde su punto de vista, si no se asignan los fondos para hacer cumplir esta ley y lograr los cambios que se buscan para enfrentar la “cultura de violencia con la que nos hemos ido formando”, no van a haber resultados.

Tanto Sánchez como Camargo coincidieron en que debe haber mayor “voluntad política” y “sensibilización” por parte de las autoridades y de la sociedad para impulsar campañas de prevención que ayuden a disminuir las cifras de víctimas de violencia doméstica y feminicidios.

La reglamentación de la norma se realiza tres años después de haberse puesto en vigencia, y luego de exigencias de miembros de la sociedad civil.

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