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CALIDAD. Ante la proliferación de centros de educación superior en el país se hace necesario mantener un control. No ha sido fácil llegar a acuerdos entre las instituciones para lograr este fin. LA PRENSA/Archivo CALIDAD. Ante la proliferación de centros de educación superior en el país se hace necesario mantener un control. No ha sido fácil llegar a acuerdos entre las instituciones para lograr este fin. LA PRENSA/Archivo
CALIDAD. Ante la proliferación de centros de educación superior en el país se hace necesario mantener un control. No ha sido fácil llegar a acuerdos entre las instituciones para lograr este fin. LA PRENSA/Archivo

Hasta agosto de 2006 el país tenía registradas cinco universidades públicas, 32 universidades privadas e institutos superiores en Panamá que ofrecían 72 carreras técnicas, 309 licenciaturas, 3 ingenierías, 21 profesorados, 89 posgrados, 177 maestrías y 7 doctorados.

La proliferación de centros de estudios superiores en el país había motivado al Consejo de Rectores de Panamá –integrado por los regentes de universidades tanto oficiales como particulares– y al Ministerio de Educación a presentar a la Asamblea un proyecto de ley para crear un “sistema de evaluación y acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior”. La razón: se hacía necesario, según el consejo, normalizar y regular el auge de centros de estudios superiores privados, que mostraban una gran disparidad en sus niveles de calidad educativa.

En julio se había aprobado, finalmente, la Ley 30 de 2006 que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de universidades. El entonces ministro de educación Miguel Ángel Cañizales aseguraba que al menos 13 universidades funcionaban sin permiso en el país.

El cierre de dos universidades en agosto de ese año había levantado ronchas. La Universidad de Panamá (UP), amparada en la nueva ley y en el Reglamento de Fiscalización de Universidades Particulares de 2001, había procedido como autoridad rectora del sistema universitario nacional a aplicar la medida.

La propia UP fue acusada de incumplir el reglamento.

Dos años más tarde, en julio de 2008, el intento de reglamentar la ley generó el rechazo de 11 universidades particulares que lo calificaron de “madrugonazo” . “No nos oponemos a establecer un sistema de evaluación y acreditación. Al contrario, creemos que se debe hacer, pero el reglamento no cumple con una educación universitaria moderna y futurista”, señalaba Rosario Coya, entonces secretaria de la Asociación de Universidades Privadas de Panamá (Auppa). Objetaban, además, la ausencia de acreditación y fiscalización para las universidades estatales.

DESACUERDOS

En marzo de 2009, representantes de los centros educativos, encabezados por el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, se quejaron de la injerencia del Ministerio de Educación en el proceso de acreditación. “Las universidades son autónomas, cada una tiene su sistema de ingreso y convalidación, el cual no puede ser violado por el Meduca. Solo el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria tiene autoridad en este aspecto ”, dijo entonces.

La reglamentación de la ley, entre tanto, seguía siendo un tema pendiente y polémico.

En abril de 2010 la Auppa, mediante un comunicado, solicitó al presidente, Ricardo Martinelli, que no firmara el decreto ejecutivo que reglamentaría la Ley 30, sin antes darles la oportunidad de hacer sus aportes.

Empero, en enero de 2011 empezó a regir el Decreto Ejecutivo 511 de 2010 que finalmente había reglamentado la ley.

Para junio, eran 11 las universidades que se encontraban en situación irregular. Se apuntaba a la falta de fiscalización por parte de la Universidad de Panamá que, según algunos críticos, no contaba con la estructura necesaria para realizar esa labor.

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), que es la entidad creada dentro del marco de la ley, ahora bajo la tutela del Ministerio de Educación (Meduca), empezó entonces a recibir la documentación de las universidades para certificar que su funcionamiento se apegaba a las reglas.

Incluso la Universidad de Panamá entregó a comienzos de 2012 su programa de autoevaluación y acreditación al Coneaupa.

Para marzo de ese año, el 58% de las universidades del país había entregado sus programas de autoevaluación y acreditación al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa).

Ese porcentaje representaba a 20 de las 34 instituciones de educación superior que debieron entregar sus planes como parte del proyecto de transformación impulsada por el Ministerio de Educación (Meduca) a través de Coneaupa, para mejorar la calidad de la enseñanza en el nivel superior.

Para agosto de ese año ya lo había hecho la Universidad Santa María la Antigua (USMA).

Mariana de McPherson, secretaria del Coneaupa, manifestó en febrero de 2013 que hasta ese momento se habían acreditado 18 universidades, de un total de 27. “Estamos invitando a esas universidades que no se han acreditado para que lo hagan. Si no lo hacen, este año serán cerradas”, dijo.

El pasado jueves 27 de junio la Coneaupa publicó en Gaceta Oficial el reglamento para el cierre de universidades y carreras.

A juicio de Coneaupa, se “hacía necesario reglamentar los parámetros frente a los casos de suspensión temporal o definitivo de una casa de estudio”.

Según este reglamento aprobado, cuando una universidad quiera cerrar, debe avisar con un año de anticipación, y además debe presentar un plan de contingencia para garantizar que el proceso educativo que siguen los estudiantes de ese centro de estudios no sufrirá perjuicios por esta causa.

Conadeupa, la entidad a cargo

Fue a través del llamado “Plan Estratégico del Consejo de Rectores de Panamá, en 1999” que surgió la idea de crear el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, (Conadeupa), pero este no sería formalizado sino luego de que se aprobara la Ley 30 del 20 de julio de 2006.

Según la página web de Conadeupa (http://www.coneaupa.com), este es el organismo rector del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Está formado por tres comisiones de asesoría técnica: una técnica de evaluación y acreditación, otra técnica de administración y finanzas, y las comisiones técnicas ad hoc.

“Su principal función es promover una cultura de evaluación para el mejoramiento continuo en la calidad de las instituciones de educación superior del país”, señala su sitio en la red.

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