REPRESENTANTES DE SEIS PAÍSES ASPIRAN AL PUESTO EN LA CIDH

Relatoría, un futuro incierto

En julio próximo se conocerá el nombre del que reemplazará a Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

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La relatora Catalina Botero mostró su preocupación por las demandas millonarias, persecuciones y falta de acceso a la información que padecen los periodistas panameños al ejercer su profesión. LA PRENSA/Archivo. La relatora Catalina Botero mostró su preocupación por las demandas millonarias, persecuciones y falta de acceso a la información que padecen los periodistas panameños al ejercer su profesión. LA PRENSA/Archivo.
La relatora Catalina Botero mostró su preocupación por las demandas millonarias, persecuciones y falta de acceso a la información que padecen los periodistas panameños al ejercer su profesión. LA PRENSA/Archivo.

Dentro de tres meses y medio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tendrá la difícil decisión de elegir al que presidirá la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en ese organismo, cargo que actualmente desempeña Catalina Botero, de Colombia.

La CIDH entrevistará a los candidatos finalistas durante el 151 período de sesiones, que se realizará en su sede (en Washington), entre el 14 y el 26 de julio de 2014.

Tras esas sesiones se anunciará el nombre del que ocupará el puesto a partir del 6 de octubre de este año.

En este compás se analizarán las candidaturas de seis aspirantes de Guatemala, Uruguay, Perú, Chile, Ecuador y Argentina, este último, observado con cautela por la prensa de su país ( ver fotos).

En este proceso se recibirá del 1 al 31 de mayo próximo observaciones de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la sociedad civil.

La medida se adopta porque el designado estará tres años en el cargo, con opción a postergarse por un período más, según se desprende del artículo 15 del Reglamento de la CIDH.

PROCESO DE SELECCIÓN

El que sea designado relator (a) asumirá un puesto clave para representar a todos los periodistas, medios de comunicación social y miembros de la sociedad civil que, en la búsqueda de la verdad y la transparencia, hayan sufrido o violado su libertad de expresarse.

Quien asuma el cargo tendrá la labor de vigilar la situación que enfrenta la libertad de expresión en la región y elaborar informes periódicos sobre posibles amenazas o violaciones que se presenten.

Además, será responsable de apoyar a la CIDH en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de la libertad de expresión en las Américas.

Para ello, los aspirantes deben tener competencia demostrada y profesional en temas relacionados con la libertad de expresión y derechos humanos en el continente.

Los candidatos seleccionados tienen experiencia profesional y conocimientos demostrados en el manejo de procedimientos, precedentes legales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos están bajo el escrutinio de los medios de comunicación de sus respectivos países.

IMPORTANCIA DEL CARGO

Pese a la oposición de organismos no gubernamentales, en 2012 una comisión de trabajo de la OEA –representada por 34 países– aprobó realizar reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la CIDH.

La petición de reforma se adoptó luego de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, formuló duras críticas contra la OEA y, en especial, contra la Relatoría, a la que acusó de estar parcializada porque “está financiada en un 80% por Estados Unidos y la Unión Europea”.

Sin embargo, por entonces, la CIDH había hecho duros dictámenes contra gobiernos de Venezuela Brasil y Ecuador.

El proyecto de reforma provocó preocupación, ya que se temía que se limitara la labor que desempeña la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

El expresidente y exsecretario general de la entidad hemisférica, César Gaviria, planteó su temor por el futuro de la Relatoría, que cuestiona a algunos países miembros y ha sido instrumento eficaz para evitar los abusos.

Hay “gobiernos –a pesar de su origen democrático– que han concentrado poder en todas las ramas del Estado hasta llegar a poner en peligro las libertades de prensa y de expresión”, aseguró Gaviria, a través de un comunicado de prensa en 2012.

ATAQUES

La actual relatora, la colombiana Catalina Botero, empezó en 2008 su período, el cual se postergó por tres años más y termina en octubre próximo.

En su paso por Panamá, en septiembre de 2013, Botero afirmó que “la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y contra el autoritarismo. Es más difícil ser corrupto cuando todo es transparente”.

Esta afirmación la hizo durante un foro en nuestro país sobre “Libertad de expresión y acceso a la información”, en el que se expusieron las limitaciones que tienen los medios en la región, para obtener información pública.

Ante esta realidad, la relatora recalcó que “todas las autoridades están sometidas al derecho de acceso a la información, porque se les paga con la plata de todos [los ciudadanos]”.

Botero también enumeró otros riesgos que sufren los periodistas en el ejercicio de su profesión, como las demandas civiles y penales, así como la posibilidad de perder la vida por el crimen organizado.

En Panamá, de acuerdo con estadísticas del Órgano Judicial y del Ministerio Público, hasta septiembre de 2013 había 54 procesos judiciales contra periodistas, de los cuales 43 son del ramo penal y 11 del ámbito civil. Estos procesos se vienen registrando desde 1997.

En un informe de la Relatoría sobre libertad de expresión en Panamá, hecho público en 2010, se listaron las violaciones y presiones que han sufrido varios periodistas durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

En el documento se les recordó a las autoridades que la Declaración de Principios de la CIDH señala que “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

También se advirtió que “la utilización del poder del Estado”; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar, castigar o privilegiar a comunicadores y medios “atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.

En otro informe de 2012, Botero hizo el recuento de varios casos, entre ellos, demandas millonarias y el bloqueo que sufrió La Prensa en sus instalaciones por parte de la empresa Transcaribe Trading.

Se indica que la acción fue en represalia por publicaciones que denuncian presuntas irregularidades en la adquisición de millonarios contratos en el Ministerio de Obras Públicas.

Deberes y Responsabilidades

Preparar informes sobre libertad de expresión para la consideración de la CIDH.

Procesar casos individuales sobre libertad de expresión para la decisión de la Corte Interamericana.

Hacer recomendaciones sobre situaciones urgentes que podrían requerir la adopción de medidas cautelares.

Monitorear la situación de la libertad de expresión en la región, y brindar asesoría y asistencia a los Estados miembros de la OEA.

Desarrollar las gestiones necesarias para la recaudación y gestión de fondos de cooperación.

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