Remedio amargo

Fue supuestamente una denuncia de los indígenas emberá del Alto Tuira, que se quejaban por la falta de personal en los puestos de salud de sus territorios, la que sirvió para justificar la idea de traer médicos extranjeros a Panamá.

En abril de 2007 el entonces ministro de Salud, Camilo Alleyne, anunció al país el plan de traer facultativos de otros países para llenar las vacantes en las áreas de difícil acceso donde, por lo general, los médicos locales no querían ir.

La medida causó malestar entre los gremios médicos, que cuestionaron el argumento y dijeron en cambio que el gobierno no había atendido sus sugerencias para dotar esos lugares de condiciones mínimas para que los médicos locales pudieran hacer bien su trabajo.

Desde marzo ya se hablaba de la presencia de médicos cubanos en el hospital Luis Chicho Fábrega, de Santiago de Veraguas, que estaban realizando tratamientos oftalmológicos. Los especialistas panameños alegaban que estos trabajaban de forma “ilegal” en el país.

Los médicos cubanos no serían otros que los integrantes de la Operación Milagro, un proyecto del Despacho de la Primera Dama y el Gobierno de Cuba para atender gratuitamente a las personas de bajos recursos con problemas en la vista.

El programa se oficializó en 14 regiones de salud del país, y tan solo durante el primer semestre de 2008 cubrió 8 mil 453 cirugías de cataratas.

Pero con el nuevo gobierno las cosas iban a cambiar. Los planes de la administración de Ricardo Martinelli iban aparentemente por otro lado.

Para diciembre de 2009 se hablaba de la necesidad de cubrir vacantes en el sistema de salud. No se especificaba si se incluía a los extranjeros. Los gremios médicos alegaban por su parte que había que construir más instalaciones de salud.

FIN DEL MILAGRO

A comienzos de 2010 se anunció el fin de la Operación Milagro. Luego de 50 mil cirugías oculares, el programa sería reemplazado por otro llamado Visión 20-20, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud y ejecutado por oftalmólogos panameños.

El fin del programa fue recibido con estupor y decepción por muchos de sus beneficiarios y de otras tantas personas que estaban en lista de espera y no alcanzaron a ser atendidas.

Aparte de los gastos por alojamiento de los médicos cubanos, surgieron cuestionamientos por el paradero de los expedientes de los operados. No faltaron las críticas por la supuesta “injerencia” del Gobierno cubano en Panamá a través de este programa.

NUEVOS MÉDICOS

Un año más tarde, la controversia por los médicos extranjeros revivió.

Esta vez se trataba de especialistas colombianos y venezolanos, en su mayor parte, que habían sido contratados para apoyar las labores en tres hospitales del interior del país, en Coclé, Veraguas y Los Santos.

Nuevamente la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) cuestionó su presencia y dijo que el Ministerio de Salud no había justificado con estudios de planeación o demográficos la presencia de esta veintena de galenos en el país.

En marzo, las tensiones entre las autoridades de salud y los médicos se agravaron, pues la Caja de Seguro Social también acusaba la falta de suficientes especialistas.

Los gremios fueron más allá. En abril fue admitida una denuncia ante la Procuraduría de la Administración por parte de la Asociación de Médicos y Odontólogos de la CSS (Amoacss) para que se investigara el procedimiento para la contratación de 12 médicos extranjeros que trabajaban en entidades del Estado.

En agosto de 2011, la CSS abrió la convocatoria para la contratación de médicos extranjeros con el fin de ocupar vacantes en áreas como cardiología, cirugía, anestesiología y medicina interna.

Las tensiones con los médicos nacionales llevaron a un paro médico en noviembre, cuando uno de los puntos que se acordó para levantarlo fue resolver el tema de la contratación de personal.

Pero en febrero de 2012, el Ministerio de Salud hizo por su parte otra convocatoria para médicos extranjeros. Se buscaba con esta ocupar 139 vacantes en todo el país.

La Comenenal insistió en que se buscaran otras opciones antes de proceder a la contratación de médicos extranjeros, y recordó lo acordado tras la huelga de noviembre.

“De qué sirve que haya más médicos si faltan insumos y medicinas en los hospitales del país”, decía entonces Rafael Castañeda, dirigente de ese gremio.

En marzo, la CSS anunció que ya había seleccionado a los médicos extranjeros que laborarían durante un año en esa institución. Se trataba de 18 médicos, de un total de 39 que habían aplicado, y que trabajarían en zonas de difícil acceso en Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé. Entre las condiciones que debían aceptar estaba la prohibición de ejercer la medicina privada.

La Comenenal volvió a calificar los nombramientos como “ilegales”.

En mayo de 2012 los médicos de la CSS volvieron a abocarse a un paro de labores y una vez más el tema de las contrataciones de médicos extranjeros estaba en el centro de la polémica.

La CSS alegaba que, pese a haber seleccionado a los extranjeros que necesitaba, estos no habían sido contratados, contrario a lo que acusaban los gremios.

El pasado 16 de mayo de 2013, el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que permitiría simplificar el proceso de contratación de los médicos extranjeros.

Los gremios médicos estaban sorprendidos. Algunos de sus voceros dijeron incluso que la medida estaba dirigida a “quebrar” su movimiento reivindicativo.

Déficit de personal, raíz del problema

En el centro del dilema sobre contratar o no médicos extranjeros se encuentra la falta de personal de salud, en especial en ciertas zonas del interior del país que no están debidamente cubiertas. Según el ministro de Salud, Javier Díaz, en la actualidad se necesitan 400 médicos especialistas y otros profesionales, principalmente en el interior, aunque ha asegurado que la prioridad para las contrataciones son los profesionales nacionales y que las vacantes se someterán a concurso. Según las autoridades de salud, solo 21 médicos extranjeros están trabajando actualmente en el país. La falta de especialistas es un problema de arrastre de más de 20 años con el que han cargado todos los gobiernos. La CSS, además, afronta la implementación del programa de modernización de los servicios de atención primaria, con 14 redes de atención en todo el país. Los gremios piden una mayor fiscalización en caso de contratarse a extranjeros.

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