ocho magistrados votan a favor y uno se abstiene

Respaldo a libertad de expresión

El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la norma que prohíbe a funcionarios de alto rango solicitar cárcel por delitos contra el honor.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó que funcionarios de elección popular, gobernadores, magistrados, procuradores, jueces, ministros o jefes de entidades autónomas no pueden demandar penalmente por delitos contra el honor.

El fallo, del 11 de abril pasado, señala que no es inconstitucional el artículo 196 del Código Penal, que indica que cuando el ofendido sea un servidor público de los que trata el artículo 304 de la Constitución, la pena de cárcel no podrá ser aplicada. (Ver tabla).

La acción fue presentada por Teofiles López, abogado del juez marítimo Calixto Malcolm, quien mantiene un proceso penal por delitos contra el honor en contra del abogado Juan David Morgan.

El fallo fue avalado por José Ayú Prado (ponente), Víctor Benavides, Hernán de León, Efrén Tello –suplente de Luis Ramón Fábrega–, Jerónimo Mejía, Harley Mitchell, Alejandro Moncada Luna y Gisela Agurto –suplente de Oydén Ortega–.

El único voto salvado fue el del magistrado Harry Díaz, quien argumentó que el artículo 193 del Código Penal vulneraría la Constitución.

“No podemos pretender que [esta] norma limite la protección y tutela del marco privado y personal de cada una de estas personas. Se estaría violentando la dignidad humana al no permitir tutelar su honor quedando en un estado de desigualdad frente a las personas que no poseen la investidura del cargo que ellos ostentan”, puntualizó Díaz en su escrito de salvamento de voto.

El exdefensor del Pueblo Juan Antonio Tejada, quien representa a Morgan, opinó que el fallo favorece la libertad de expresión, porque elimina el temor de los ciudadanos y periodistas, que en ocasiones se autocensuran por el riesgo de ser encarcelados por el simple hecho de denunciar y criticar la labor de los servidores públicos.

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