CAMBIO DE MANDO

Ricardo Martinelli sale de la escena

Los detractores de Ricardo Martinelli critican sus cinco años de gestión por presuntamente utilizar al gobierno para su enriquecimiento y el de sus allegados.

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Termina la administración del cambio. Mil 817 días pasaron desde el 1 de julio de 2009, cuando el magnate de los supermercados Ricardo Martinelli derrotó a Balbina Herrera y volvió a prometer que cambiaría la política en el país.

Desde entonces, Martinelli ha sido héroe y villano. Sus seguidores lo califican como el mejor Presidente en la historia del país por supuestamente mejorar la economía, modernizar la infraestructura nacional y trabajar en favor de los sectores populares.

Los detractores critican sus cinco años de gestión por presuntamente utilizar al gobierno para su enriquecimiento y el de sus allegados, manipular las leyes con el fin de beneficiar negocios, y maniobrar bajo secretismo y con la prensa cercada: el señor Hyde del doctor Jekyll.

PANAMÁ ES DE CONCRETO

En estos cinco años, Martinelli le apostó al cemento, e intentó cambiarle la cara al país: construyó la primera línea del Metro, aeropuertos, hospitales y desarrolló un reordenamiento vial que debía mejorar el tránsito en la capital panameña.

Para ejecutar todo, el gobierno del cambio comprometió alrededor de $13 mil millones. Gran parte de todo esto fue criticado por supuestos sobrecostos y haberse adjudicado a empresas vinculadas al propio Martinelli.

Precisamente una de las novedades adoptadas por esta administración fue el ramillete de adjudicaciones por contratación directa. Con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General, las instituciones destinaron sin licitar millones y millones de dólares durante estos cinco años.

CARAS CONOCIDAS

Las aprobaciones por parte de la Contraloría siempre tenían la firma de su titular, Gioconda Torres de Bianchini. Por años fue la contadora de las empresas de Martinelli, y ahora era la encargada de supervisar las finanzas de Panamá.

Un personaje similar fue nombrado en la Fiscalía Electoral. Eduardo Peñaloza, asesor legal de Cambio Democrático (CD) y en varios de los emprendimientos de Martinelli, era el designado para investigar delitos electorales.

El mandatario nombró a personas allegadas a sus negocios y a su vida política en ministerios, direcciones, secretarías y autoridades. En esta última, incluso modificó la legislación nacional para extender sus designaciones más allá de los cinco años de su gobierno.

Muchos de esos nombramientos se produjeron una vez rota la alianza de gobierno entre CD y el panameñismo, en agosto de 2011, cuando el partido de Juan Carlos Varela dejó vacantes los cupos políticos que le correspondían.

MANCHADO DE SANGRE

Si bien la administración de Martinelli tuvo un perfil empresarial y de negocios, los enfrentamientos dejaron su huella en este gobierno.

En 2010 dos personas murieron a manos de la Policía Nacional cuando esta sometiera a cientos de protestantes contra la ley 30 que disponía nuevas disposiciones sindicales. Además de los fallecidos, unas 50 personas perdieron la vista y otras 200 resultaron heridas.

Dos años después, en octubre de 2012, siete colonenses fallecieron después de que se aprobara la ley 72 que permitía la venta de tierras en la Zona Libre de Colón.

A LO OSCURO...

Uno de los comportamientos más criticados de Martinelli y sus círculos fue la poca transparencia con que administraron el gobierno.

En reiteradas oportunidades el mandatario confesó que le había advertido a todos sus funcionarios no darle entrevistas ni proporcionar información pública a este diario. Tampoco aceptaban las solicitudes de información que se presentaban respaldadas por la Ley de Información. Los viajes, las reuniones y las iniciativas se mantenían en secreto hasta el último momento.

Paradójicamente, Martinelli le cede la presidencia a su exaliado y rival político, Juan Carlos Varela. El panameñista prometió un gobierno diferente al saliente. Sin embargo, al igual que su antecesor, su gabinete preferirá no hacer pública su declaración de bienes.

(Con información de Aminta Bustamante).

Control y figura, hasta el último día y minuto

El ajedrecista político que es el Presidente jugará hasta el último instante de su mandato. A solo horas de ello, hay quienes piensan que el gobernante tiene planes de hacer una última movida a través de decretos ejecutivos.

De hecho, la convocatoria a sesiones extraordinarias que culminan hoy, lunes, fue considerada por opositores y miembros de la sociedad civil como una estrategia para aprobar leyes que beneficiaran al mandatario y a sus allegados.

De 24 proyectos de ley enviados a la Asamblea, solo dos fueron aprobados, entre ellos el que extiende el servicio de escoltas a las ex primeras damas y a los hijos de los expresidentes.

También fueron ratificados cinco miembros de la Cadena de Frío y uno de la Agencia Panamá Pacífico, que estarán en sus cargos más allá de este periodo.

La discusión del proyecto para reducir los límites del humedal bahía de Panamá -y que según los ambientalistas buscaba beneficiar a allegados al mandatario- fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia.

El diputado y alcalde electo de la capital, José Blandón, dijo que estas sesiones tenían como propósito adelantar los últimos puntos de la agenda económica del presidente Martinelli.

En este período, la Comisión de Credenciales archivó 5 denuncias penales contra el Presidente y 15 contra magistrados de la Corte, liberándolos de ser investigados penalmente por estos casos durante la nueva administración.

Cuando se pensaba que la aprobación de nuevas normas había terminado, Martinelli firmó cuatro decretos ejecutivos incluyendo indultos, y dos decretos para reglamentar la ley de escoltas para sus familiares y el que obliga al Estado a indemnizar a funcionarios destituidos justificadamente. Estas últimas jugadas del Presidente han sido calificadas como blindajes para el mandatario, sus familiares y la planilla oficialista de su gestión.

GUSTAVO A. APARICIO O.

Una Corte Suprema 'plegada' al Presidente

El sometimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los dictámenes del presidente, Ricardo Martinelli, es, según gremios económicos y la sociedad civil, una de las heridas más profundas a la institucionalidad. 

Ya el Índice Global de Competitividad 2013-2014 del Foro Económico Mundial ubicó a Panamá en la posición 118 entre 148 países, evaluando la independencia de sus magistrados y jueces como “fuertemente influenciada”. Uno de los primeros movimientos de Martinelli al llegar al poder fue deshacerse de funcionarios de alto rango. El fallo que destituyó a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, fue tildado de tener “connotaciones políticas” por la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

El magistrado suplente de la CSJ Wilfredo Sáenz fue el ponente. La condena a Gómez a seis meses de prisión (convertidos a multa) por escuchas telefónicas, mediante un fallo dividido en 2010, la inhabilitó además para ejercer cargos públicos por cuatro años de forma “accesoria”. Gremios forenses calificaron la decisión como desproporcionada e inconstitucional. Casi cuatro años después, Gómez, quien fue elegida por la vía independiente como diputada de la República el 4 de mayo, fue “habilitada” por Sáenz, junto al pleno de la Corte, para ejercer funciones públicas.

El magistrado José Abel Almengor, nombrado por Martinelli, fue acusado en 2011 de fraguar la salida de Gómez. La Asamblea nunca lo juzgó, ya que archivó el caso y él renunció en 2011 por “motivos personales”.

En noviembre de 2013, la CSJ asumió competencias exclusivas del Tribunal Electoral, al anular una medida dictada contra el grupo pro oficialista Panamá Avanza. Por otra parte, el ex juez penal Alexis Ballesteros vinculó en abril de 2014 al círculo cercano a Martinelli a presiones en pro de fallos amañados en casos que afectaban a amistades.

YAHIR LEIS ALVARADO

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