Análisis

La SIP pide a Panamá despenalizar los delitos de calumnia e injuria

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Durante la asamblea se discutieron las tendencias del mercado y los desafíos del periodismo. Durante la asamblea se discutieron las tendencias del mercado y los desafíos del periodismo.
Durante la asamblea se discutieron las tendencias del mercado y los desafíos del periodismo.

Un llamado a las autoridades panameñas para derogar las normas que mantienen la penalización de la injuria y la calumnia, hizo la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida hasta ayer en Coral Gables, Estados Unidos.

La SIP pide que estas causas sean llevadas “exclusivamente” en la jurisdicción civil, “con los debidos topes en las indemnizaciones que impidan, en caso de una condena, el cierre de medios”.

Con motivo de la 75 Asamblea General de la SIP, se hizo público el informe de Panamá en el que se destaca que: “se requiere la despenalización de los delitos de calumnia e injuria para que las reclamaciones sean atendidas por la jurisdicción civil y, al mismo tiempo, que se establezcan límites a las cuantías en las demandas civiles para que estos procesos no se conviertan en herramientas para amedrentar periodistas y cerrar medios de comunicación”. En el informe se menciona que 30 periodistas y 11 directivos de Corporación La Prensa son objeto de 20 querellas penales y 13 demandas civiles, cuyas reclamaciones ascienden a 89 millones de dólares.

Además, se presentaron los casos de los columnistas Mariano Mena y Alberto Velásquez, de El Siglo y La Estrella de Panamá; de las comentaristas Mariela Ledezma y Annette Planells, así como de la vicepresidenta de Asuntos Informativos de TVN, Sabrina Bacal. Todas estas querellas han sido interpuestas por el expresidente Ricardo Martinelli.

De acuerdo con el informe, el grupo editorial Epasa, ligado a Martinelli, expuso su temor de un allanamiento por parte de fiscales del Ministerio Público, quienes aclararon –como se nota en el informe– que no tienen la intención de realizar este tipo de diligencia legal contra el grupo.

La única periodista identificada como víctima de una privación de su libertad es la comunicadora ambiental Ligia Arreaga, quien fue detenida por 24 horas, por órdenes de la jueza Ulzana Valdez, en enero pasado. La denuncia quedó a cargo de la Defensoría del Pueblo.

El análisis del informe de la SIP es contundente. Las amenazas a la libertad de expresión en Panamá no provienen de los poderes formales del Estado, sino de actores particulares que aprovechan la existencia de un sistema legal y judicial que no contempla una visión actualizada de los derechos humanos y de la libertad de expresión en un Estado Constitucional de Derecho, en el cual la información veraz constituye el fundamento de la participación ciudadana en la democracia, y la exigencia de la rendición de cuentas de las autoridades que conforman el gobierno.

En Panamá, el Código Penal tipifica los delitos de calumnia e injuria, en los artículos 193 a 195, y los sanciona con penas de hasta 18 meses de prisión. En materia civil no existen topes de lo que se puede reclamar como daños y perjuicios. En la práctica esto se convierte en una herramienta de censura.

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