CAMBIOS AL ‘CÓDIGO ELECTORAL’

SPA para elecciones de 2019

También se aprobaron las sanciones para el que viole la veda de toda clase de propaganda política por altavoces y medios de comunicación.

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El próximo lunes el pleno legislativo iniciará la discusión del quinto y último bloque del proyecto 292. El próximo lunes el pleno legislativo iniciará la discusión del quinto y último bloque del proyecto 292.
El próximo lunes el pleno legislativo iniciará la discusión del quinto y último bloque del proyecto 292.

Sin mayor contratiempo, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en segundo debate el cuarto bloque del proyecto 292 de reformas al Código Electoral.

Este bloque contaba con algunos artículos relativos a las faltas electorales, faltas administrativas, prescripción electoral, sanciones morales y doble instancia.

Precisamente, en este último punto los magistrados del Tribunal Electoral (TE) presentaron cerca de 10 modificaciones a la propuesta y unos 10 nuevos artículos, con el fin de adoptar el sistema penal acusatorio (SPA) en la justicia penal electoral.

El magistrado Eduardo Valdés Escoffery explicó que ya el país tiene jueces penales electorales: dos en Panamá, uno en las provincias centrales y otro en Chiriquí y Bocas del Toro. Detalló que estos jueces continuarán, pero ahora aplicando el sistema penal acusatorio que rige en todo Panamá.

Añadió que la norma que estaba en el proyecto original pretendía que los jueces penales electorales hicieran una dualidad de funciones para conocer de casos electorales administrativos en primera instancia y el pleno de los magistrados en segunda instancia.

Sin embargo, precisó que ahora con la modificación aprobada se está haciendo la adecuación al SPA, ya que se presentó una incompatibilidad entre las funciones penales de este sistema, que implican que los jueces tienen que estar 24 horas al día disponibles en relación con el tema electoral y el poder cumplir con responsabilidades administrativas electorales.

“Lo que decidimos es que habrá otros jueces dentro del Plan General de Elecciones que trabajarán durante dos años, atendiendo casos como los de las impugnaciones al padrón electoral, impugnaciones a las postulaciones en temas de inhabilitación de candidatos y las impugnaciones a los resultados electorales o nulidad de elecciones o de proclamación. Los magistrados del Tribunal Electoral atenderán estos casos solamente en grado de apelación”, detalló.

Sanciones

Dentro de los temas aprobados también está el de las faltas electorales y sanciones aplicables para el que viole la prohibición de hacer manifestaciones públicas y toda clase de propaganda política por altavoces y en los medios de comunicación social, de las 12 de la noche del jueves anterior a las elecciones hasta las 12 mediodía del día siguiente a estas. La violación a esta norma implica una multa de entre 100 y mil dólares.

De igual manera, el pleno avaló la aprobación de sanciones morales a los partidos políticos y para los responsables de inscribirse en un mismo partido político constituido o en formación a cambio de bienes materiales, pago o promesa, o de instigar tales inscripciones. Esta violación sancionará al respectivo partido político mediante publicación de un aviso pagado de página entera en los diarios que ordene el juzgado electoral respectivo.

Elección costaría $500 millones

Por su lado, el magistrado del TE Heriberto Araúz reiteró que los temas medulares de estas reformas han quedado para el quinto bloque, y enfatizó en que el balance de lo que se ha aprobado en la Asamblea “es optimista y positivo”.

“Lo que habrá que ver ahora es qué pasará cuando se discuta el quinto bloque, a ver si hay el consenso para aprobar temas como el financiamiento público, financiamiento privado, género, faltas electorales, elección de diputados en los circuitos plurinominales”, manifestó.

Con relación al financiamiento público, recordó que algunos sectores proponen que la campaña electoral debe estar financiada 100% por el Estado y que no haya dinero privado.

No obstante, aunque aseguró que esto sería lo ideal, ya el Tribunal Electoral hizo su análisis, por lo que de llegar a aprobarse el 100% de financiamiento estatal, la campaña le costaría al Estado aproximadamente $500 millones.

Al respecto, el diputado perredista Quibián Panay manifestó que no está seguro de que haya un consenso para que en las elecciones de 2019 exista un 100% de financiamiento público, aunque sí cree que habrá consenso para establecer topes en el gasto del financiamiento privado.

“Con el límite en los aportes privados en las campañas, los gastos electorales deben disminuir. Este proyecto de ley cambiará la forma como se hacían las campañas en años anteriores”, aseguró.

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