Sábado picante

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Si un ciudadano quiere ser presidente, diputado, contralor, magistrado, procurador, alcalde, inevitablemente quedará expuesto al escrutinio público, porque los ciudadanos queremos saber quién ejercerá el poder que viene con el puesto. De ahí que estemos siempre con la cantaleta de que deben gobernar los mejores. Por eso creo que los candidatos a diputados y a presidente deben ser probos y moralmente aptos para cumplir sus funciones.

Pero es sorprendente cómo los que menos hacen por ser dignos, son los que más acusan. Los ejemplos abundan, desgraciadamente, pero me interesa en particular el rol de los diputados, pues esos son los que me representan a la hora de hacer leyes. Quisiera oír de los candidatos a presidente y diputados varias cosas, pero no abordan estos temas. Por ejemplo, ¿por qué los diputados deben ser investigados por la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiénes se creen? Ellos son tan ciudadanos como usted y yo. Si necesitan de mi voto para llegar a la Asamblea, ¿por qué cuando llegan a esta ellos automáticamente se convierten en ciudadanos de primera y yo de segunda?

¿Qué es eso de la prueba idónea? ¿Quién inventó ese adefesio? ¿Por qué ningún candidato a presidente o diputado se compromete a hacer reformas para impedir estos privilegios? La prueba idónea es un obstáculo, es una excusa, es la odiada inmunidad, llamada con otro nombre. Es la pared invisible que inhabilita la justicia. Pero ninguno habla de eliminar esa mamarrachada legal.

¿Por qué los diputados tienen planillas brujas? ¿Qué rayos es eso de promotor comunitario o deportivo? ¿Por qué tienen que tener en planilla a toda su familia? No escucho a nadie comprometerse a ser honesto, a dejar el nepotismo, a prohibirlo. Solo oigo las idioteces de siempre, en especial de los que quieren reelegirse. ¿Donaciones? ¿Quién les ha dado a ellos autoridad para donar –a ellos mismos– nuestros impuestos? Mientras más lo pienso, me doy cuenta de que nadie quiere cambiar nada. He llegado a pensar que quieren ser parte de la misma inmundicia de hoy.

¿Por qué no prometen abstenerse de firmar cartas de recomendación para empleados que el Estado ni ha pedido ni necesita? ¿Y las obras? ¿De dónde sacan que pueden gestionar escuelas, calles o veredas? Son unos usurpadores, pues su papel está claramente definido en la Constitución. Limítense a eso. Repugna ver sus rostros felices, convencidos de que las leyes que hacen son para otros, porque creen que no tienen que rendir cuentas: su palabra divina. Pues no. Aquí los ciudadanos de segunda son esos que necesitan de privilegios para sentirse hombres y mujeres honorables. Y quiero saber quién se compromete a acabar con toda esta impudicia. Dependiendo de su credibilidad, ese obtendría mi voto.

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