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Sábado picante

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Esta semana escuché o leí sobre firmar pactos o adquirir compromisos en los que los nuevos funcionarios designados por Laurentino Cortizo se comprometen a no robar, no hacer trampas ni permitirlas, incluso, no mentir. Una vacuna contra estos males, opinaron algunos. La verdad es que no le encuentro sentido ni tampoco es garantía de nada.

De hecho, me parece un acto de soberbia firmar un documento en el que ellos se comprometan a no robar ni hacer trampas. ¿O es que, si acaso si no lo hacen, están en libertad de cometerlo? Al margen de un pacto semejante, ¿no existen leyes que ya prohíben y castigan estos actos? Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley sin tener que firmar ningún pacto comprometiéndonos a ello. Y lamentable es que esas leyes las hacen los gobiernos y luego sus funcionarios las violan para luego ser premiados por la justicia con impunidad.

Como decía, los ciudadanos de a pie no estamos exentos de cumplir la ley, pero tampoco lo están los funcionarios electos o designados. Entonces, ¿para qué firmar un papel obligándose a respetar la ley, como si esta no tuviera alcance sobre ellos? Además, ¿qué validez jurídica tiene el papel en el que un ministro se comprometió a no mentir, a no robar? Ninguna.

Por otro lado, si el nuevo presidente procura nombrar a sus mejores hombres y mujeres, ¿por qué exigirles que se comprometan a no robar? Si el presidente les pide un compromiso como ese, para mí queda claro que la confianza en su honestidad es precaria. Se supone que los conoce, que los ha investigado para ocupar cargos que van a representar la majestad de la Presidencia –y al presidente– en las materias bajo su gestión.

Nito Cortizo presume de ser un hombre del campo, por lo tanto debe saber que la palabra empeñada se sella con un apretón de manos y lo que vale no es un papel: es el compromiso adquirido por un caballero o una dama, basado en su honorabilidad. Son pactos no escritos, pero con mayor valor que un documento firmado, sellado y notariado.

Y por último, debo remitirme a los compromisos éticos que firman funcionarios, que en la mayoría de los casos son letra muerta. Por ejemplo, el de la Asamblea Nacional, que exige cosas como estas: “…el servidor público deberá cumplir con sus funciones con la más absoluta rectitud e integridad en el manejo de recursos, fondos, documentos, bienes y cualquier otro valor confiado a su custodia”. Utopía que data de 2002, pero con plena vigencia hoy y, sin embargo, más olvidada que nunca.

El remedio no es firmar el papel. Lo que hay que hacer es cumplir: dejar de robar, mentir y traicionar al pueblo, como prometió Cortizo en las primarias de su partido, cuando hizo suyas –sin citarlo– promesas de Manuel López Obrador.

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