BUEN DÍA, PANAMÁ

Sábado picante

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Desde hace tiempo escucho que la Policía debe hacer más por la seguridad ciudadana; que hay que tener casi que un agente por residencia o negocio para evitar asaltos, asesinatos, narcotráfico o cuanto delito se comete en nuestras casas, barrios y ciudades. Pero eso es solo parte del problema. La solución es más compleja que dotar de armas o aumentar el número de agentes. Me centraré en uno que creo primordial.

Cuando en Panamá reinaba Manuel Antonio Noriega, allá a finales de la década del 80, imperaba algo que con su desaparición se perdió: la certeza del castigo. Noriega contaba con un ejército a sus órdenes con el que podía acabar –sin la intervención de la justicia, por supuesto– con pandilleros, asesinos y narcotraficantes. Era el privilegio de un dictador con poder absoluto. No lo hacía por amor a su prójimo: acababa con quien le hiciera competencia en sus actividades delincuenciales. Esa era la promesa de su castigo. Olvidó que esa certeza de castigo también la ejercía alguien con más poder que él y ya todos sabemos cómo acabó.

En el Panamá de hoy, la certeza del castigo es un chiste. Si de algo están seguros los delincuentes de chancleta, pistola o cuello blanco es que, pagando al juez o magistrado de turno, saldrán impunes. Entonces, de qué vale armar a un policía hasta los dientes si un juez solo necesita de una pluma para vender su conciencia, sin considerar que por su perniciosa codicia, pone en riesgo la vida de sus hijos, padres, abuelos, hermanos, primos, vecinos y amigos... sin contar al resto de la sociedad. Prima su banal deseo de ir a Disney, pasear en carros finos y/o vestir a la moda.

Y ese mensaje permea. El policía que arriesgó su vida para llevar al delincuente ante la justicia ve con frustración que su arrojo solo sirvió para que un juez luzca correa y zapatos Gucci. El pandillero alardea de sus “contactos” y de la coima que obra el milagro de su libertad. Así, la próxima vez, quien cobrará no será el juez, será el policía, ahora armado hasta los dientes.

Mientras haya jueces y magistrados que vendan fallos –porque no me digan que ninguno lo hace– Panamá será tierra de nadie, país sin ley ni conciencia, donde el crimen prospera como pasto en invierno. Los ciudadanos honestos ya somos víctimas de esa jauría de delincuentes que encuentra en la política y en la justicia refugio seguro para sus ilegales actividades y fuente de riqueza, robada de nuestros impuestos.

Llamarle imperio de la ley a esta caricatura que tenemos es estúpido. El poder de la justicia radica en la seguridad del castigo. Pero armar mejor a un policía solo servirá para que los responsables de la corrupción estén más seguros en un país en el que ellos son la principal causa de la inseguridad ciudadana.

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