Caso Odebrecht

Raúl de Saint Malo recurre a la Corte; insiste en ‘trabajo comunitario’

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Raúl de Saint Malo llegó a un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. Raúl de Saint Malo llegó a un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público.
Raúl de Saint Malo llegó a un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. Archivo

Un amparo de garantías constitucionales contra la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones que revocó el beneficio de trabajo comunitario a favor de Raúl de Saint Malo y le ordenó cumplir una pena de 60 meses de prisión por lavado de dinero por el escándalo de Odebrecht, fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Silvio Guerra, en representación de De Saint Malo, confirmó que presentó el amparo de garantías constitucionales ante la Corte por considerar que a su cliente se le violaron sus derechos fundamentales.

En el día de ayer, durante un reparto celebrado en la Secretaría de la Corte, el caso fue asignado al magistrado Cecilio Cedalise, quien deberá decidir si admite el amparo presentado por Guerra.

El pasado 10 de octubre el Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio revocó la decisión del 2 de octubre de la jueza de cumplimiento, Irma Arosemena, de conceder el beneficio de trabajo comunitario en la Junta Comunal de Ancón a favor de Raúl de Saint Malo.

En esa ocasión los magistrados Luis Mario Carrasco -que presidió el Tribunal Superior de Apelaciones-, Yiles Pittí y Fernando Alonzo revocaron la medida de trabajo comunitario al considerar la gravedad del delito.

Carrasco advirtió que no hay ningún precedente que indique que la pena de prisión por blanqueo de capitales puede ser reemplazada por trabajo en una junta comunal, como pretendía De Saint Malo.

De Saint Malo alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz y de pena con la Fiscalía Especial Anticorrupción por el caso Odebrecht.

En ese acuerdo De Saint Malo aceptó una pena de 60 meses de prisión, tras colaborar con la investigación del Ministerio Público.

Según la investigación del caso, a cargo de la fiscal Tania Sterling, el empresario reconoció que por instrucciones de los hermanos  Ricardo Alberto y  Luis Enrique Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli– efectuó pagos para la compra de un helicóptero que posteriormente fue aprehendido bajo sospecha de haber sido adquirido con dinero ilícito.

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