REGULACIONES

La Sala III suspende resolución de ministro Emilio Sempris

Según la Corte, al centralizar las decisiones, la resolución ocasiona un ‘perjuicio del interés colectivo’.

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Resolución de Sempris afecta ‘interés colectivo’: Sala III Resolución de Sempris afecta ‘interés colectivo’: Sala III
Resolución de Sempris afecta ‘interés colectivo’: Sala III

Una resolución del ministro de Ambiente, Emilio Sempris, que en 2017 inhabilitó a sus direcciones regionales para conocer sobre los “procesos administrativos” en obras públicas, fue “suspendida” provisionalmente por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión judicial es producto de una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) contra dicha resolución –la No. 0278-2017–, por considerar que la acción de Sempris implica un impacto “negativo” y “significativo” en la gestión ambiental descentralizada, al restársele facultades a los directores regionales del Ministerio de Ambiente.

De hecho, los magistrados de la Sala Tercera argumentaron que lo más conveniente es suspender la resolución, porque mientras transcurre el tiempo para tomar una decisión de fondo sobre el tema, se evitará tanto la posible violación al ordenamiento jurídico, como presuntos daños ambientales.

“De la situación expuesta, pareciese derivarse una violación al ordenamiento jurídico en perjuicio del interés colectivo”, señalan los magistrados.

La resolución impide a las 13 direcciones regionales del país intervenir en proyectos estatales. Fue emitida mientras Sempris era ministro encargado, a principios de junio de 2017, después de que la titular de esa entidad, Mirei Endara, renunciara en marzo de ese mismo año.

Resolución de Sempris afecta ‘interés colectivo’: Sala III

El 19 de junio de 2017 se hacía pública en Gaceta Oficial una resolución del Ministerio de Ambiente (Miambiente) que sorprendía al sector ambiental del país, porque se inhabilitaba a las 13 direcciones regionales de esa entidad para atender procesos administrativos relacionados con obras estatales.

Unos meses antes (marzo de 2017), Mirei Endara había renunciado como ministra de Ambiente, y su puesto fue ocupado por Emilio Sempris, quien firmó el polémico documento. De hecho, fue una de sus primeras decisiones como ministro encargado de Ambiente.

A partir de ese momento, el papel que cumplían las direcciones regionales pasó a manos de un organismo conocido como Unidad de Seguimiento Ambiental, que quedó integrado por seis funcionarios del Ministerio de Ambiente.

Titular de Ambiente, Emilio Sempris. Expandir Imagen
Titular de Ambiente, Emilio Sempris. Archivo

El coordinador de esa unidad sería el responsable de reportar directamente a Sempris sobre cualquier “proceso administrativo” vinculado a un proyecto público. Incluso, sería el enlace con la Secretaría de Metas del Ministerio de la Presidencia, que coordinaba el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019.

Entre los argumentos para sustentar la cuestionada resolución estaba el “apoyo” a la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República, en el seguimiento de los procesos administrativos vinculados a las obras que impulsaba el Gobierno.

Las alertas

La decisión hizo saltar las alarmas entre organizaciones ecologistas como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, pues señalaban que con esa resolución les restaban “facultades” a los directores regionales y se centralizaban “muchas decisiones” en el ministro de Ambiente, que en este caso era Sempris.

El CIAM presentó ese mismo año (2017) una demanda de nulidad por considerar que, además de centralizar las funciones del Ministerio de Ambiente, la recién creada Unidad de Seguimiento Ambiental tendría que trasladarse al interior del país, cuando en esas regiones había funcionarios que podían hacer la misma labor.

Además, plantearon que el Ministerio de Ambiente no respetó la jerarquía de las leyes, pues la resolución alteró y contradice las disposiciones contenidas en normas de rango superior, como el Decreto 123 de 2009 y el Decreto Ejecutivo 43 de 2004, los cuales disponen que las direcciones regionales son las “competentes” para conocer todos los procesos administrativos relacionados con proyectos y obras estatales.

Estos procesos administrativos a los que se refieren los activistas van desde evaluaciones ambientales, auditorías ambientales e imposición de sanciones por violar normas.

Victoria parcial

Pasaron casi dos años para que el CIAM obtuviera una victoria parcial en su lucha por anular esta decisión del Ministerio de Ambiente, luego de que el pasado 31 de mayo de 2019 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitiera un fallo en el que “suspende” provisionalmente los efectos de la resolución, mientras decide el fondo del asunto.

Entre los argumento de los magistrados se encuentra que dicha resolución puede representar perjuicios al “interés colectivo”.

Para Isaías Ramos, biólogo del CIAM, la Unidad de Seguimiento Ambiental “atenta” contra la descentralización de la gestión ambiental y retrasa los procesos de evaluación y monitoreo de proyectos públicos.

Susana Serracín, activista de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo y otra de las que protestó contra la resolución en 2017, subrayó que, en efecto, para una gestión ambiental más eficiente es importante el fortalecimiento de las sedes regionales, y que ese es precisamente un objetivo “importante” de la descentralización estatal.

“Por otro lado, son las sedes regionales las que conocen de primera mano los problemas ambientales, por lo que pueden dar una respuesta más expedita para evitar mayores daños ambientales. Es una decisión muy acertada por parte de la Sala Tercera”, acotó.

Proyectos en la mira

Un punto que mencionan los ecologistas es que la resolución de Sempris ayudó al avance de polémicos proyectos, como la ampliación de la avenida Omar Torrijos o la ampliación de la carretera Panamericana desde el puente de las Américas hasta Arraiján, que devastaron hectáreas de bosque y que según los grupos no tuvieron una adecuada fiscalización de Miambiente.

Se intentó obtener una versión de Sempris, y contestó que antes de emitir una declaración, leería la resolución.

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