Sala Tercera admite demanda de la ACP

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Municipio de Colón. Municipio de Colón.
Municipio de Colón. Archivo

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de nulidad presentada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) contra una resolución del Municipio de Colón, por medio de la cual se pretende cobrar $365 mil 541 en impuestos a la empresa Grupo Unidos por el Canal (GUPC), debido a la deforestación de tierras para la construcción del tercer juego de esclusas en el sector atlántico.

La decisión de la Sala Tercera, fechada el 12 de abril pasado, se produjo al resolver una apelación del procurador de la Administración, Rigoberto González, quien se opuso a la admisión de la demanda con el argumento de que el acto impugnado no tiene carácter administrativo y por tanto el Municipio de Colón puede ejecutar el cobro.

Sin embargo, al presentar un escrito de oposición a la apelación de González, la ACP sostuvo que la acción del Municipio de Colón es de naturaleza administrativa.

Los representantes legales de GUPC también presentaron un escrito de oposición a la apelación de la Procuraduría de la Administración, con el alegato de que la acción del Municipio de Colón sí es un acto administrativo a la luz del artículo 201, numeral 1 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000, en el que se advierte que “un acto administrativo es una declaración emitida o acuerdo de voluntades celebrado, conforme a derecho, por una autoridad u organismo público en ejercicio de una función administrativa del Estado, para crear, modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica que en algún aspecto queda regida por el derecho”.

El fallo detalla que el acto impugnado surge como consecuencia de un cobro de impuestos a través de acuerdos municipales, por lo que ciertamente constituye un acto administrativo, pues surge del ejercicio de la función administrativa.

Sostiene que el acto del municipio es un “acuerdo de voluntad celebrado conforme a derecho, por parte de una autoridad u organismo público en ejercicio de una función administrativa del Estado, regida por el derecho administrativo”.

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