Sala Tercera no tiene el fallo de Pérez

El exteniente David Ocálagan presentará una solicitud administrativa al Ministerio de Seguridad para su reintegro.

En la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia no hay ningún fallo relacionado con el director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, por lo que no está claro el proceso por el cual el Ministerio de Seguridad ordenó su reintegro a la entidad y el pago de salarios caídos, tal como lo anunció el ministro José Raúl Mulino.

Además, en el fallo dictado en septiembre de 2010 por la Sala Penal a favor de Pérez, tampoco se ordena ninguna de las dos medidas.

La Secretaría de Prensa del Órgano Judicial informó ayer que en la Sala Tercera no hay registros de algún proceso de plena jurisdicción para restituir a Pérez.

También se explicó que la vía correcta para que Pérez recobre su rango y se le paguen los salarios caídos es, precisamente, mediante un proceso ante la Sala Tercera.

Pérez y David Ocálagan fueron destituidos de las Fuerzas de Defensa en el año de 1990, luego de ser investigados por un supuesto plan para secuestrar a civiles durante la invasión.

La Sala Penal sobreseyó provisionalmente a Pérez.

Cristóbal Arboleda, abogado de Ocálagan, dijo ayer que en los próximos días presentará un recurso ante el Ministerio de Seguridad para que a su cliente se le reconozcan los mismos derechos que a Pérez.

El Ministerio de Seguridad no respondió la petición de este diario para explicar el procedimiento usado para el reintegro de Pérez.

Controversia debido a la compra de radares

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, admitió ayer que pudo haber sobrecostos en la compra de 19 radares a Italia y que él fue el encargado de firmar ese contrato.

En declaraciones a TVN, Mulino indicó que dicho convenio, que en principio se pretendía aprobar tras la gestión del vicepresidente, Juan Carlos Varela, cuando era canciller, “era un entuerto jurídico que yo me negué a firmar si no se corregía”.

Argumentó que el sobrecosto pudo haber sido porque Panamá tuvo que comprar toda la tecnología, y otros países solo actualizarla.

El contrato con la empresa italiana Finmeccanica, a través de sus filiales Selex Sistemi Integrati, AgustaWestland y Telespazio, fue por 250 millones de dólares e incluyó los radares, seis helicópteros, y una cartografía digital del territorio.

Por su parte, el diputado Jorge Rosas (con el acta de la sesión de la Asamblea celebrada el 14 de septiembre pasado) señaló que en esa reunión Mulino dijo que no recordaba si había firmado el contrato, y advirtió de que sus respuestas evasivas a los diputados no ayudan a aclarar las dudas que hay sobre el contrato.

RUBÉN POLANCO

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