El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó la Ley 7 del 14 de febrero de 2018, mediante la cual se adoptan medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios.

La nueva norma tiene por objeto prohibir y establecer la responsabilidad por todo acto de violencia que atente contra la dignidad, integridad física y psicológica de las personas, además de proteger el derecho al trabajo en condiciones de equidad.

A partir de la fecha, todos los empleadores, instituciones públicas y centros de enseñanza oficial o particular deberán establecer una política interna que prevenga, evite y sancione las conductas de hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo.

Las sanciones por el incumplimiento de las medidas dispuestas van desde $550 a $1,000.

Asimismo, deberán establecer por medio de reglamento interno de trabajo o convenios, un procedimiento de quejas y resolución, para permitir las denuncias de dichas conductas.

La ley, aprobada en la Asamblea Nacional en abril pasado, fue impulsada por la diputada independiente Ana Matilde Gómez.