Santos pide perdón oficial por masacre del Palacio de Justicia

Por los hechos ocurridos en 1985, cuando el Ejército sofocó a sangre y fuego una toma guerrillera de la sede del máximo tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano.

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Una llama simboliza el recuerdo de las víctimas de la sangrienta operación militar que dejó un saldo de un centenar de muertos y una decena de desaparecidos, cuyas familias claman por justicia y verdad. Una llama simboliza el recuerdo de las víctimas de la sangrienta operación militar que dejó un saldo de un centenar de muertos y una decena de desaparecidos, cuyas familias claman por justicia y verdad.

Una llama simboliza el recuerdo de las víctimas de la sangrienta operación militar que dejó un saldo de un centenar de muertos y una decena de desaparecidos, cuyas familias claman por justicia y verdad.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos presidió el acto en el que el Estado colombiano pidió perdón oficial por la masacre del Palacio de Justicia en 1985. El presidente colombiano Juan Manuel Santos presidió el acto en el que el Estado colombiano pidió perdón oficial por la masacre del Palacio de Justicia en 1985.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos presidió el acto en el que el Estado colombiano pidió perdón oficial por la masacre del Palacio de Justicia en 1985.

Activistas realizaron un homenaje a los desaparecidos durante el operativo militar. Efe Activistas realizaron un homenaje a los desaparecidos durante el operativo militar. Efe

Activistas realizaron un homenaje a los desaparecidos durante el operativo militar. Efe

En un acto que tuvo lugar ayer viernes en el reconstruido edificio de la Corte Suprema de Justicia en el centro de Bogotá, el presidente colombiano Juan Manuel Santos pidió perdón en nombre del Estado por la desaparición, ejecución extrajudicial y tortura de ciudadanos en la sangrienta recuperación militar hace 30 años del Palacio de Justicia, que había tomado un comando de la guerrilla del M-19, hoy desaparecida.

“Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón”, dijo Santos, dando cumplimiento a una medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 la guerrilla nacionalista Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó el Palacio de Justicia y tomó decenas de rehenes para presionar al entonces presidente Belisario Betancur, con quien sostenía negociaciones de paz.

La acción rebelde motivó el ingreso del Ejército con tanques de guerra, en una operación de retoma devenida en masacre.

Un centenar de personas murió y 11 siguen desaparecidas.

“Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable, del M-19, pero si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse”, agregó el presidente Santos ante familiares de las víctimas y exguerrilleros.

‘Que se rompa el pacto de silencio’, piden familiares

Familiares de los desaparecidos en la operación militar de retoma del Palacio de Justicia de Colombia, de cuyo asalto por un comando guerrillero se cumplieron ayer viernes 30 años, exigieron que se rompa el “pacto de silencio” que a su juicio ha impedido saber lo que ocurrió en ese trágico episodio.

Cuatro familiares de las 11 personas oficialmente dadas por desaparecidas en aquel episodio ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, fueron los primeros en intervenir ayer en el acto conmemorativo celebrado en Bogotá, encabezado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

“Exigimos que este pacto de silencio que se ha mantenido durante 30 años finalmente se rompa, que los criminales asuman la responsabilidad y digan la verdad que tanta falta le hace a nuestro país”, reclamó Héctor Jaime Beltrán.

Beltrán, padre de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, camarero de la cafetería del Palacio y uno de los desaparecidos, dijo que de ese “pacto de silencio” hace parte el presidente en la época de los hechos, Belisario Betancur (1982-1986).

A su juicio, también participaron los ministros de su Gabinete y los militares que dirigieron la operación de recuperación del Palacio tomado por un comando de 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19).

“El expresidente Betancur nunca asumió la responsabilidad que le corresponde, ni sus ministros que encubrieron los hechos y la cúpula militar de la época que retuvo arbitrariamente, torturó y desapareció a nuestros familiares”, dijo Beltrán.

Betancur pidió perdón esta semana por “los errores” que hubiera podido cometer durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Durante todos estos años, Betancur se había negado a referirse a esos hechos.

Ayer se divulgó una carta del expresidente, de 93 años, en la que dice que “nuevamente pido perdón porque sé que mis actuaciones causaron inmenso dolor a los familiares de las víctimas y dolor histórico al país”.

La toma guerrillera del Palacio, así como la posterior recuperación militar a sangre y fuego del edificio arrasado por las balas y las llamas, dejó cerca de un centenar de muertos, decenas de heridos y 11 desaparecidos que habían salido con vida. La mayoría de estos últimos eran trabajadores de la cafetería o visitantes.

El acto de ayer, en el que Santos pidió perdón en nombre del Estado colombiano, responde a un fallo de 2014 emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Entre los muertos están 11 magistrados de la Corte Suprema, incluido su presidente Alfonso Reyes Echandía, quien en las horas iniciales del asalto guerrillero pidió repetidamente a Betancur un alto el fuego, pero su solicitud no fue escuchada.

“Se estableció un pacto de silencio entre los implicados que ha cimentado la prolongación de la guerra y el militarismo”, dijo Maireen Urán, hija de Carlos Horacio Urán Rojas, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, que salió vivo del edificio y luego fue reportado como muerto en el fuego cruzado.

La CorteIDH consideró que el magistrado Urán Rojas fue víctima de “desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial”, aunque su cadáver fue entregado al día siguiente.

Por el caso de los desaparecidos están condenados el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, recluidos en un cuartel militar.

“Los oficiales condenados disfrutan de detención privilegiada y libertad de movimiento, es una burla”, dijo Francisco Lanao, esposo de la abogada Gloria Anzola de Lanao, otra desaparecida.

Por su parte, Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería, denunció la “tortura psicológica a la que nos vemos sometidos” desde hace 30 años y pidió que la verdad no llegue “a cuentagotas”.

deuda moral

Santos llamó ayer a saldar la “deuda moral” con los familiares de las víctimas sobre la verdad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia, una matanza que llevó la conflagración interna al corazón de la capital, a metros del Congreso y la casa presidencial.

“Es mi deber reconocer la responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, por el retardo injustificado en la administración de justicia, por las alteraciones a la escena del crimen, por las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, y por los múltiples errores en la identificación y entrega de los cuerpos”, enfatizó.

“Necesitamos sanar las heridas, y la cicatriz solo se irá borrando en la medida en que haya respuestas, verdad y compromiso por encontrar a los desaparecidos”, dijo.

Entre 20 mil y 100 mil personas han desaparecido en el conflicto armado colombiano, según estimaciones oficiales y de organismos internacionales.

El acto de ayer ocurre justo cuando Santos se encuentra en la recta final de un proceso de paz que, bajo su impulso, lleva el Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, Cuba, y que pondría fin a más de medio siglo de conflicto armado interno.

(Con servicios internacionales)

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