COLOMBIA

Juan Manuel Santos teme que se pierda la esperanza de lograr la paz

Tan cuestionado como defendido, el pacto completa un año y los rebeldes de las FARC entregaron los fusiles y han pedido perdón.

Ofensiva contra disidentes

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A nueve meses de dejar la presidencia y con una popularidad que oscila en el 20% según recientes sondeos, Santos hizo un balance del acuerdo de paz. A nueve meses de dejar la presidencia y con una popularidad que oscila en el 20% según recientes sondeos, Santos hizo un balance del acuerdo de paz.
A nueve meses de dejar la presidencia y con una popularidad que oscila en el 20% según recientes sondeos, Santos hizo un balance del acuerdo de paz. Archivo

Hace un año se aprestaba a firmar el histórico pacto para desarmar a la guerrilla más poderosa de América. Ahora el presidente Juan Manuel Santos teme que el entusiasmo que despertó la paz con las FARC se transforme en desesperanza en Colombia.

Las “críticas” de los extremos políticos y las denuncias de los rebeldes sobre incumplimiento estatal las aduce a “coletazos” de un proceso de “transición”: “Yo dije desde el comienzo que este proceso iba a ser muy difícil”.

Desde que su gobierno inició en Cuba hace cuatro años las negociaciones con las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy listas para competir en las elecciones de 2018, la conflagración armada se redujo a números históricos.

De un promedio anual de 3 mil muertos, bajaron a 78 en lo que va de año, según la estatal Unidad de Víctimas. “A la gente se le olvida lo que era antes”, explica Santos en una reunión sostenida ayer jueves con corresponsales internacionales.

Nacido hace 66 años en una familia de la élite bogotana, sus esfuerzos para silenciar los fusiles en Colombia, que reporta casi 8 millones de víctimas del conflicto entre muertos, desaparecidos y desplazados, le otorgaron el Nobel de la Paz 2016.

El pacto significó la entrega de 9 mil armas en manos de 7 mil combatientes, un proceso que finalizó a mediados de agosto con el aval de Naciones Unidas.

Por el camino han sido amnistiados más de 10 mil exguerrilleros, mil de ellos aún presos, según la organización.

“Hemos tramitado 94 normas, de las cuales 7 son reformas constitucionales”, dice.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, solo 8 de las 27 leyes necesarias para “hacer realidad la paz” han sido aprobadas.

Con una mayoría oficialista inestable en el Congreso, su gobierno persiste en un maratón legislativo para aprobar las leyes estructurales del acuerdo, entre ellas la que reglamenta el sistema de justicia que juzgará a exguerrilleros y militares.

A nueve meses de dejar la presidencia y con una popularidad que oscila el 20%, según recientes sondeos, Santos hace un balance del primer año de un acuerdo que millones consideraban impensable.

MOLESTIA

Pastor Alape, con media sonrisa, aplaude la firma que puso fin a 53 años de lucha guerrillera en Colombia. Un año después, el exnegociador de las FARC exuda molestia. La paz no avanza como esperaban.

“El Gobierno y el Estado le han incumplido al país. Las FARC hemos dado todo y mucho más de lo que hemos podido”, afirma Alape, dirigente y negociador del acuerdo que transformó la poderosa guerrilla comunista en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Tan cuestionado como defendido, el pacto completa un año y los rebeldes ya entregaron los fusiles y han pedido perdón.

Pero el Congreso, con una inestable mayoría oficialista, todavía no reglamenta la jurisdicción especial que juzgará los delitos más atroces del sangriento conflicto.

Ese sistema prevé que los responsables - militares o guerrilleros- que confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, reciban penas alternativas a prisión.

Tampoco han despegado las reformas rurales y políticas contenidas en el pacto que sobrevivió al rechazo en plebiscito.

Mientras tanto, las FARC preparan su estreno electoral en 2018 con las encuestas en contra (un 79% de imagen desfavorable, según Gallup) y la zozobra de miles de excombatientes en zonas rurales.

En un hotel de Bogotá, Alape, de 58 años de edad, comparte su balance.

Aun con el riesgo de crisis, es tajante: la guerra terminó, y contrario a lo que podría pensarse, de entrada no plantea un proyecto socialista para Colombia.

A continuación extractos de la entrevista exclusiva con la AFP.

¿Ustedes han cumplido?

“Cumplimos rigurosamente. El Gobierno no ha cumplido en ese sentido y no ha cumplido, para ser benévolo, porque no hay una unificación en el conjunto, no hay una visión clara, eso quiere decir que no tiene una estrategia de paz para la implementación. Tenía una estrategia de negociar la desmovilización de la organización, la dejación de armas.- Aceptaron dejar las armas antes.

¿Se equivocaron?

“Las FARC tienen hoy una ventaja ética, y es malo decirlo, frente al Estado, frente a la dirigencia de este país que cada día muestra su incapacidad, su perversión para gobernar”.

¿Perversión?

“Es perverso lo que han hecho en el Congreso. No se puede entender que unos legisladores que fueron elegidos para conducir al país a mejores condiciones, estén atravesándose para que el país regrese a los tiempos oscuros, a los tiempos del despeñadero”.

¿Cómo está el ánimo de los excombatientes?

“Aquí hay bastante preocupación no solamente en la comunidad de excombatientes, sino también en la comunidad en general, porque en los territorios hay la esperanza de que en este nuevo momento de la historia seamos capaces de reincorporar el Estado a sus funciones sociales, políticas, económicas, no en su presencia militar, que es como históricamente se ha conocido”.

Ofensiva contra disidentes

Los excombatientes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz serán combatidos con todo el poder de las fuerzas militares, dijo ayer  jueves el presidente de Colombia, a medida que aumentan los choques con otros grupos armados por el lucrativo negocio de la droga.

Unos 11 mil 300 integrantes de las FARC están en proceso de reincorporarse a la sociedad, después de que el grupo entregó las armas a Naciones Unidas y conformó un partido político  basado en el acuerdo firmado hace un año con el Gobierno para acabar un conflicto que ha dejado 220 mil  muertos en más de medio siglo.

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, estimó a finales de octubre en 800 los disidentes de las FARC, mientras que fuentes de seguridad calculan que son mil. En tanto, un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, publicado el jueves, aseguró que 700 guerrilleros habrían reincidido, lo que representa un desafío para la consolidación de la paz.

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