ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS

Seguridad al ´calor´ electoral

La asignación de agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para reprimir disturbios civiles, ha sido cuestionada durante la administración de Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo. La asignación de agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para reprimir disturbios civiles, ha sido cuestionada durante la administración de Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo.
La asignación de agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para reprimir disturbios civiles, ha sido cuestionada durante la administración de Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo.

Hierve el proceso electoral, y a 27 días de los comicios generales, los aspirantes a la jefatura del Estado multiplican su exposición pública en escenarios que van desde los barrios marginales, hasta los digitalizados estudios de la televisión local.

Cargan niños, lloran, oran, hacen propuestas y se atacan entre sí . Todo menos guardar silencio frente a los temas “sensitivos”, como la seguridad ciudadana, aunque algunos enfoques de esta parecen ser tabú, por su ausencia en los planes de gobierno.

La inseguridad ciudadana, la regulación del uso de la fuerza, el fantasma de la remilitarización de la fuerza pública y la opacidad en la asignación y gestión de cada vez más recursos públicos a los organismos de seguridad siguen siendo puntos pendientes cuestionados por la ciudadanía, que en mayo escogerá a su próximo Presidente.

MACROPROMESAS

Juan Carlos Navarro, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático , permitiría la participación plena de la sociedad civil en su “Política para la seguridad integral”. Esta organizaría a las comunidades marginadas con la participación de las oenegés, iglesias, activistas, empresarios y familias.

El abanderado de la nómina perredista promete “la eliminación de los feminicidios y la erradicación de la violencia doméstica”. No obstante, su plan no explica cómo incorporará a los organismos de prevención y control tales como el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Mujer, y el Ministerio Público, para al menos reducir la alta comisión de esos delitos y sus secuelas, especialmente en las víctimas femeninas.

Navarro planea también modificar las leyes para que todo menor que robe o mate pueda ser juzgado como adulto y promoverá la cadena perpetua para crímenes atroces. No explica tampoco qué variante introducirá en el sistema judicial para que la la pena capital sea viable en cuanto a su aplicación presupuestaria, logística y en cuanto a su eficacia punitiva. Tampoco ha mencionado argumentos que convenzan a los grupos y ciudadanos que se oponen a la pena de muerte, como opción judicial, y que cuestionan la efectividad en la seguridad, de imputar a menores como adultos.

Los planes de gobierno de Navarro, al igual que los de José Domingo Arias, postulado por Cambio Democrático y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista; y los de Juan Carlos Varela, candidatizado por los partidos Panameñista y Popular, hacen hincapié en la acción policial preventiva y en la colaboración conjunta de sus agentes con los líderes comunitarios para lograr impactos certeros y duraderos contra el crimen en el país.

Desde una perspectiva sociológica, el candidato por la libre postulación Juan Jované aboga por políticas públicas que promuevan el desarrollo de la liberación de los ciudadanos de elementos de temor relacionados con la seguridad personal y de grupo.

policías de la ´paz´

Navarro promete respetar la institucionalidad de la fuerza pública promoviendo su profesionalización, otorgando mayor estabilidad a los comisionados y subcomisionados en sus áreas.

También prometió nombrar y capacitar a 5 mil nuevas miembros dentro del programa “Policía en tu barrio 24/7”, y a 500 más, integradas por civiles y profesionales, solo para la investigación criminal.

José Domingo Arias capacitaría a todos los miembros de la Policía Nacional, para que actúen como “jueces de paz en la comunidad, solucionando conflictos”, a fin de “evitar disputas que pueden ser resueltas con el diálogo dirigido por él” (sic). No obstante, el oficialista no menciona qué acciones tomará para que se castigue a los responsables por los muertos y heridos por el uso de la fuerza policial, con motivo de los disturbios en Bocas del Toro y Colón en 2010 y 2012, que colocaron a Panamá entre los países en “deuda” de tutela judicial efectiva, según Amnistía Internacional.

Magaly Castillo, directora de la Alianza Ciudadana pro Justicia, destacó sobre la propuesta de gobierno del candidato José Domingo Arias, que “hay una confusión”, ya que el juez de paz es una persona de la comunidad que tiene la función de mediar, y la policía tiene otras funciones. “Un policía no puede ser juez de paz”, dijo la activista ciudadana.

CIUDAD ´police´

En su plan, Arias destaca que “muchos de los policías residen en los mismos barrios que viven los delincuentes, pandilleros y narcotraficantes” y ya que existe un riesgo de represalias latente, se construirán los “barrios policiales” que les garanticen un ambiente seguro, en condiciones ambientales sanas “libres de áreas insalubres”. Esta propuesta es considerada por algunos expertos como discriminatoria y peligrosa para la democracia.

influencia castrense

El oficialista propone la creación de escuelas vocacionales de seguridad ciudadana, “bajo el control de la Policía Nacional” y la dirección del Ministerio de Educación, para “sensibilizar” a los jóvenes con las instituciones de seguridad, y “puedan ser parte de ellas”.

La influencia policiva en la educación no se detendría aquí, ya que José Domingo Arias propone en una estrategia denominada “Educación ciudadana”, que los maestros, conjuntamente con un enlace de la Policía Nacional, y otras instituciones, eduquen a sus alumnos en algunos valores, tales como “el apego a la verdad” y el “respeto a las autoridades”.

Arias plantea crear un centro de mando, “donde concurran las autoridades de inteligencia de cada uno de los servicios del Ministerio de Seguridad, Ministerio Público y Órgano Judicial en la lucha contra el crimen”, unificando algunas funciones de estos dos órganos del Estado bajo una sola autoridad.

Arias también plantea mejorar las condiciones del policía fronterizo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), ente policial fuertemente armado al que se ha vinculado en eventos de represión policial fuera de las zonas fronterizas.

Lo harían con un beneficio de más susbsidios a los miembros del Senafront, con “viviendas a bajo costo, acceso a becas escolares y universitarias para sus hijos y demás programas que beneficien al policía y su entorno familiar”, señala el plan de Arias.

La explosión de subsidios generada en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha sido criticada por la oposición, por tener supuestos fines electorales y de compra de lealtades.

LEYES Y ESTRUCTURAS

Varela prometió crear un consejo nacional de seguridad ciudadana. Arias tuvo la misma idea , y propone, con pocas variaciones, concejos ciudadanos provinciales y municipales de seguridad.

La policía de investigación criminal y la unidad de inteligencia policial serían reforzadas, separando esta última de la Policía Nacional, prometió Varela, quien además crearía una comisión de seguridad pública en la Asamblea Nacional y sustituiría la justicia nocturna y de corregidores, por jueces de paz, para desatascar la administración de justicia.

Según el plan de Varela, se derogaría la Ley 74 de 2010, que prohíbe la detención de policías involucrados en abuso policial. No obstante, esta norma ya fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, en un fallo divulgado en diciembre de 2013. Esto devuelve la vigencia al artículo 127 de la Ley orgánica de la Policía, que igualmente blinda a sus agentes, al evitar su suspensión durante procesos penales, asignándoles funciones administrativas.

El panameñista también modificaría el artículo 170 del Código Penal “para que no se siga criminalizando la protesta pública en detrimento del derecho de libertad de reunión pacífica”.

Genaro López, candidato del Frente Amplio por la Democracia, promete igualmente derogar dicha norma, ya que “criminaliza las protestas sociales”. López aplicaría una política estatal contra la violencia basada en la lucha contra la exclusión.

¿neomilitarización?

Varela menciona en su propuesta de seguridad que las autoridades policiales deben estar subordinadas al poder civil, citando el artículo 310 de la Constitución Política que señala que “Panamá no tiene ejército”. Mientras que el plan de López pretende “frenar el proceso de remilitarización del país y la instalación de bases militares tuteladas por potencias extranjeras” y “el alto gasto militar que compromete recursos para solucionar problemas sociales”.

expertos CUESTIONAN

Estudiosos del sistema político panameño, entre ellos el politólogo Carlos Guevara Mann, denuncian la existencia de una tendencia remilitarizadora que constituiría un retroceso de los logros de la institucionalidad democrática, alcanzados luego de la dictadura militar (ver recuadro).

El abogado, politólogo y exdirector del Consejo de Seguridad del Estado, Menalco Solís, destacó que los barrios policiales prometidos por Arias “son una idea planteada hace años que ha sido consistentemente rechazada por considerarse que el agente de policía, en lugar de que viva separado del resto del país, debe compartir su vida diaria con su familia en un ambiente normal con el resto de los ciudadanos, para conocer y vivir sus problemas y sus aspiraciones “como un ciudadano común y corriente”.

Para Solís , la existencia de enclaves policiales “esterilizados revive la posibilidad de una casta policial semejante a bases y privilegios militares que fueron abolidos de la Constitución”. Respecto al centro de mando de inteligencia propuesto por Arias, Solís advierte que no debería incluir al Órgano Judicial a nivel del Órgano Ejecutivo, ya que este último puede “prejuiciar y viciar” los procesos judiciales.

A juicio del experto, los planes de los cuatro partidos requerirían de muchos recursos y personal capacitado para realizarse, lo que sumado a la no propuesta de una línea de tiempo, “crea dudas sobre su eficacia”.

Solís indicó que si los partidos acuerdan darle a la seguridad ciudadana el carácter de asunto de Estado, “con la participación de todos los grupos conscientes de la sociedad panameña, se podrían lograr avances”.

ENFOQUE

 Vuelta a la militarización, tragedia mayor

CARLOS GUEVARA MANN

panorama@prensa.com

fuerza pública. Tras el desastre que significó para el país la militarización de los servicios de seguridad, iniciada en la década de 1930, a finales del siglo pasado, Panamá se definió como país desmilitarizado y sin ejército. Poco duró esta sana decisión, pues como resultado de influencias internas y presiones externas, desde los albores del nuevo milenio estos servicios han ido adquiriendo características que los definen como entes militares. Con la excusa del combate al narcoterrorismo, la fuerza pública ha aumentado significativamente su personal y equipo bélico, sin que ello se traduzca en mejoras en la seguridad humana. Lo que ha crecido es la arbitrariedad de estos organismos, los abusos contra las libertades ciudadanas y la impunidad para los miembros de la fuerza pública.

Si no se detiene el proceso remilitarizador, lo próximo que veremos es una abierta intromisión de los organismos de seguridad en el funcionamiento del sistema político. A fin de evitar tragedias mayores, como las que experimentó la sociedad panameña durante la dictadura militar (1968-1989), es fundamental que la dirigencia política asuma la responsabilidad que le compete para garantizar la seguridad democrática de la población, con respeto a los derechos de los ciudadanos y absoluta sujeción a los dictámenes de la Constitución, las leyes y la autoridad civil debidamente constituida.

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