OPERACIÓN DE ‘CALL CENTER’ DE CAMBIO DEMOCRÁTICO

Señalan a Camacho y a González

El exviceministro de Comercio Interior Luis E. Camacho, hijo y la exjefa de Migración María Cristina González se declaran inocentes de los cargos.

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En el edificio H2O operaba el ‘call center’ destinado a hacer ataques políticos contra opositores al gobierno de Ricardo Martinelli. En el edificio H2O operaba el ‘call center’ destinado a hacer ataques políticos contra opositores al gobierno de Ricardo Martinelli.
En el edificio H2O operaba el ‘call center’ destinado a hacer ataques políticos contra opositores al gobierno de Ricardo Martinelli. Archivo

El testimonio de Giancarlo Terán, de “ que todos los documentos públicos elaborados” para justificar su supuesto traslado como funcionario del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) a la Asamblea Nacional “ fue una pantalla” de Luis Eduardo Camacho González, exviceministro de Comercio Interior, y de María Cristina González, exjefa del Servicio Nacional de Migración, sirvió de base a la Fiscalía Segunda Anticorrupción para sustentar en su vista fiscal el llamamiento a juicio de seis personas, incluyendo a estos tres ex servidores públicos.

Se les acusa de la supuesta comisión de delitos contra la administración y el patrimonio económico.

Terán, a pocos días de las elecciones de mayo de 2014, sorprendió cuando declaró a varios medios de que estaba nombrado en el MICI ($1,000 mensuales) y en la Asamblea Nacional ($600 mensuales), pero consignados en un contrato con la empresa Consultores y Mercadeo de Panamá, que operaba como un call center, cuya actividad era hacer ataques políticos contra opositores del gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

Declaró a la fiscalía que nunca laboró en la Asamblea Nacional, como lo trató de justificar el exviceministro Camacho a través de la resolución administrativa No. 1025-A, ya que él reportaba sus asistencia al call center en el MICI y que nunca fue a trabajar al Legislativo.

La vista recoge declaraciones de Terán, quien respecto al contrato con la Asamblea indicó que en 2012, María Cristina González reunió a cinco personas de su confianza para decirles que tenían que firmar un contrato con la Asamblea para el pago del salario de ella como jefa del call center.

Indicó que retiró dos cheques en la Asamblea y que el resto eran llevados a la residencia de González por parte de su mensajero o eran entregados a ella en el call center.

En tanto, Daphne Burgos, exjefa de Recursos Humanos del MICI, declaró que fue el viceministro Camacho quien hizo la resolución en la que se autorizaba el supuesto traslado de Terán a la Asamblea y se la entregó para que la anexara al expediente del funcionario.

Desde que el señor Terán fue a los medios, yo me percaté que el viceministro Luis Eduardo Camacho tenía todas las intenciones de culparme a mí... El viceministro me sugirió en una ocasión que tenía que justificar el traslado del señor Terán a la Asamblea, diciendo que yo tenía que decir que había recibido una solicitud de la Asamblea donde se pedía al señor Terán en préstamo, a lo que yo le respondí que la tendría que hacer, pero en el fondo yo sabía que yo era incapaz de inventar algo así y por eso no la confeccioné”, según narró Burgos.

LO QUE COBRÓ TERÁN

Según las pesquisas de la fiscalía, Terán cobró salarios en el MICI por $1,000 mensuales desde diciembre de 2013 a mayo de 2014. En la Asamblea tuvo el contrato No. 80080, con vigencia del 3 de enero al 30 de junio de 2012, por $650 mensuales; también el contrato No. 73172 del 2 de enero al 30 de junio de 2013 por $1,900 por mes y el contrato No. 33426 del 1 de julio al 31 de diciembre de 2013, por $1,900 mensuales.

LOS CARGOS

La fiscal Broce pidió al Juzgado Decimotercero Penal dictar auto de llamamiento a juicio a Camacho y a Daphne Burgos, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública.

Además, solicitó llamar a juicio a Terán, a Plinio Samaniego y Rodrigo Ureña por la supuesta comisión del delito de corrupción de servidores públicos. Estos dos últimos también laboraban en el call center.

También se pidió llamar a juicio a la exjefa de Migración por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, y contra el patrimonio en su modalidad de estafa y otros fraudes.

DESCARGOS

Roniel Ortiz, abogado defensor de María Cristina González, expresó que la vista fiscal “ es absurda en virtud de que desde un principio estaban señalados un montón de personas y ninguno fue llamado a responder”.

Indicó que señalan a su cliente como dueña del call center, cuando esta es una sociedad anónima que tiene un representante legal.

Señaló que hay una certificación de la Contraloría General de la República que confirma que no hubo doble nombramiento de Terán en el MICI y en la Asamblea Nacional.

Mientras que Camacho expresó: “ el día de la audiencia voy a demostrar mi inocencia”. “ Estoy esperando la fecha hace rato para salir de esto de una vez por todas. La fiscalía se había demorado en remitir el expediente sin pies ni cabeza”, dijo.

La audiencia fue fijada para febrero de 2017.

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