DESNUTRICIÓN

Senapan no entregó bonos a los sectores más pobres

La exsecretaria del organismo Farank Levy afirmó que consultó al Mides sobre el dinero, pero no le dieron respuesta.

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El Ministerio de Desarrollo Social realiza una auditoría de los fondos que se manejaron en la Senapan en los últimos años. Todavía hay una morosidad con los 10 mil beneficiados que recibían los bonos condicionados. LA PRENSA/Iván Uribe. El Ministerio de Desarrollo Social realiza una auditoría de los fondos que se manejaron en la Senapan en los últimos años. Todavía hay una morosidad con los 10 mil beneficiados que recibían los bonos condicionados. LA PRENSA/Iván Uribe.
El Ministerio de Desarrollo Social realiza una auditoría de los fondos que se manejaron en la Senapan en los últimos años. Todavía hay una morosidad con los 10 mil beneficiados que recibían los bonos condicionados. LA PRENSA/Iván Uribe.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentario y Nutricional (Senapan) mantiene una deuda con sus 10 mil beneficiarios.

Resulta que estos panameños en extrema pobreza no recibieron entre 2012 y 2013 las libretas mensuales de $50, que eran canjeables solo por alimentos secos y productos de aseo en 200 establecimientos autorizados.

El ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, confirmó que solo en estos bonos hay una morosidad de $7 millones correspondientes a pagos que no se hicieron entre 2012 y 2013.

Vásquez detalló que una auditoría efectuada al programa indicó inicialmente que en 2013 no se gestionó el presupuesto para cumplirle a los 36 corregimientos incluidos.

Aunque los bonos no eran cambiables en efectivo, las familias podían adquirir 20 alimentos secos como arroz, frijoles, sal yodada, pollo, huevos, jamonilla, entre otros. Adicionalmente, se les permitía comprar jabón de baño y detergentes en polvo.

A cambio, quienes recibían el beneficio se comprometían a enviar a sus hijos a las escuelas y tener un control médico adecuado de sus pequeños sobre el peso y la talla.

El programa fue diseñado para combatir la desnutrición en áreas indígenas, donde habita la mayoría de los pobres de Panamá.

Pero las irregularidades en la Senapan no terminan allí. De hecho, las investigaciones han detectado que se descuidaron los programas de huertos para las familias beneficiadas y el proyecto de arroz fortificado, este último consagrado en la Ley No. 33 del 26 de junio de 2009.

Un año más tarde, en septiembre de 2010, una delegación panameña viajó a Costa Rica para capacitarse sobre el proceso de fortificación del grano, informó un boletín de la Senapan correspondiente a esa fecha.

Dicha misión técnica debía apoyar posteriormente en las etapas de la implementación del proyecto, pero no se conoce nada del tema en estos momentos.

CAOS INSTITUCIONAL

La Senapan fue creada en 2004 mediante decreto ejecutivo como una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, con la misión de combatir la desnutrición.

Bajo su paraguas, y con apoyo de los ministerios de Educación y Salud, se reforzaron los programas del vaso de leche, la galleta nutricional y de comida caliente en las escuelas.

En la gestión del expresidente Ricardo Martinelli, se ordenó su traslado a un edificio en La Boca, corregimiento de Ancón, que según el ministro Vásquez hoy en día es una casa “condenada”, a la que le suspendieron el suministro de energía eléctrica por falta de pago.

Aunque sus programas fueron monitoreados en el pasado Gobierno por el Ministerio de Desarrollo Social y de hecho el entonces titular de esa entidad Guillermo Ferrufino era quien repartía los bonos, la secretaría sigue estando adscrita al Ministerio de la Presidencia.

En 2009, fue aprobada la Ley No. 36 del 29 de junio de 2009, que derogó el decreto ejecutivo que la creó y le dio su personalidad legal actual.

La Senapan es responsable de elaborar una base de datos sobre las iniciativas que abordan la seguridad alimentaria y nutricional en el país, objetivo que según las actuales autoridades no ha sido alcanzado.

La Ley 36 crea el Comité Técnico de la Senapan, que fijó 2015 como el año en que la población panameña beneficiada por los programas del organismo dispondrá de los alimentos necesarios para erradicar la desnutrición. (Ver tabla).

PROPUESTA A FUTURO

Ante el atraso relacionado con el pago de bonos y otros planes, Vásquez opinó que el programa podría ser incorporado a la Red de Oportunidades del Mides, siempre y cuando los beneficiarios cumplan con los requisitos que exige este.

A la vez, consideró que los proyectos de huertos familiares podrían ser impulsados desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Sobre el programa de control de peso y talla de niños, Vásquez acotó que debe ser incorporado en iniciativas similares, impulsadas por las carteras de Educación y Salud, y con ello se evitaría la duplicidad de funciones públicas.

LEVY TOMA DISTANCIA

En septiembre de 2012, Farank Levy asumió la secretaría de la Senapan.

Al ser consultada sobre estas anomalías en la entidad, dijo: “Pregúntele a [Guillermo] Ferrufino, que nunca estaba en su oficina”, refiriéndose al exministro de Desarrollo Social.

La exfuncionaria explicó que desde que la Senapan “pasó” al Mides la dejaron sin funciones y adicionalmente se le quitó el presupuesto.

“Nunca pude averiguar qué hicieron con el dinero de la Senapan. Y en los últimos meses me dijeron que no molestara más”, acotó.

La exsecretaria ejecutiva de la entidad relató que se limitó a dar seguimiento a otros programas como el de las panaderías, programas de nutrición en convenios con empresas y el proyecto “Mi casa, mi vida”, inherente a viviendas de interés social para personas de escasos recursos.

Levy reconoció que durante un año estuvo dando excusas a los beneficiarios por el atraso en los bonos, hasta que fue “insostenible” y les dijo la verdad. “Eso escapaba de nuestras manos”, puntualizó.

CUESTIONAN ANOMALÍAS

La primera secretaria ejecutiva de la Senapan, Teresita Yániz de Arias, reprochó la actuación de la pasada administración.

A su criterio, la suspensión de la entrega de bonos a esta población vulnerable y el no cumplimiento de la Ley 30 de 2009 sobre la fortificación del arroz, son “actos criminales”.

La también exdiputada recordó que en el caso de los niños menores de cinco años cuando no se alimentan correctamente quedan “lesionados” para el resto de sus vidas, tanto física como mentalmente.

Igualmente expresó que es inaceptable la suspensión de ambas iniciativas por falta de presupuesto, ya que en Panamá se gastaron millones de dólares en radares y en obras “sin sentido”.

NIÑOS DESNUTRIDOS

Los reportes sobre Panamá elaborados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) no son alentadores.

En efecto, Alma Jenkins, del departamento de Planificación y Evaluación de Unicef en Panamá, informó esta semana que los últimos análisis concluyen que uno de cada cinco niños en el país se encuentra en algún grado de desnutrición.

Según Jenkins, esta situación se agrava en las áreas rurales e indígenas, que son precisamente donde se enfoca la mayor cantidad de beneficiarios de la Senapan.

En su informe, Unicef detalló que uno de los aspectos que llama la atención es que justamente en esas áreas se incrementó el cambio de usos de suelo, lo que quiere decir que se ha dejado de sembrar para permitir el desarrollo inmobiliario.

Además, advirtió de que a esta situación se suman las consecuencias que trae para esa población el fenómeno de El Niño.

Conforme a la integrante de Unicef, es importante estimular el agro para que se asegure la cadena alimentaria, así como reforzar las políticas de fortalecimiento familiar y la importancia de la alimentación durante los primeros cinco años de cada niño.

Este diario solicitó una versión del Ministerio de Educación ante la propuesta de Vásquez, pero no respondieron. También se buscó una versión del exministro Guillermo Ferrufino, pero hasta el cierre de esta edición tampoco había contestado.

ENFOQUE

Debe investigarse y sancionarse

Angélica Maytín J.* 

panorama@prensa.com

opinión. Es inaudito todo lo que  se está descubriendo. Lo actuado por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social en  la pasada administración debe investigarse y sancionarse. Ser un servidor público no es un juego, y  si no se está preparado es mejor declinar y no aceptar los cargos. Solo así se  evita  hacer daño a tantas personas por su ineptitud y negligencia.

La ciudadanía lo que quiere ver son auditorías forenses en todas las entidades, investigaciones penales, gente sancionada y no ver que los que cometieron todos esos abusos y delitos se mantengan como funcionarios y se vayan felices para sus casas con los bolsillos llenos de dinero,  cuyo origen no pueden justificar. 

*Transparencia Internacional

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