PRIMER DISTRITO JUDICIAL

Sentencias y detenciones con el sistema acusatorio

Ayer ocurrió el primer acuerdo de pena, luego de que una ciudadana aprehendida aceptara la comisión del delito de tráfico local de drogas.

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El ciudadano, al que se le acusa de portar un arma de fuego sin permiso, estuvo fuertemente custodiado por cuatro agentes de la Policía Nacional durante toda la audiencia. El ciudadano, al que se le acusa de portar un arma de fuego sin permiso, estuvo fuertemente custodiado por cuatro agentes de la Policía Nacional durante toda la audiencia.
El ciudadano, al que se le acusa de portar un arma de fuego sin permiso, estuvo fuertemente custodiado por cuatro agentes de la Policía Nacional durante toda la audiencia. Gabriel Rodríguez

Con la aplicación de sentencias condenatorias, detenciones provisionales y la asignación de medidas cautelares transcurrió ayer el segundo día de vigencia del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, que comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y las comarcas indígenas Guna Yala, Madugandí y Emberá.

La primera sentencia bajo este sistema fue por un caso de drogas: a seis años y seis meses (80 meses) de cárcel fue condenada Kenia Badillo Villarreal, de 27 años, sorprendida por una agente de la Policía Nacional cuando “intentaba introducir al área de visitas del Centro Penitenciario La Joya” 155.76 gramos de cocaína.

La audiencia, la primera realizada en las oficinas del SPA en la ciudad de Panamá, ubicadas en Plaza Ágora,duró tan solo 47 minutos.

La jueza de garantías Sandra Castillo impuso la sentencia, que fue el resultado de un acuerdo de pena entre la fiscalía y la imputada, después de que esta aceptara su participación en el delito de tráfico local de drogas. También le fue aplicada una pena accesoria de inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo.

Para estos casos, la pena mínima es de entre 10 y 15 años de prisión, y con agravante llega a 20 años.

DETENCIÓN PROVISIONAL

Mientras tanto, la primera audiencia del sistema penal acusatorio en San Miguelito –Segundo Circuito Judicial– fue por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, y en esta el juez de garantías Gustavo Romero ordenó la detención provisional de un hombre, a quien la noche del pasado viernes se le encontró durante un allanamiento en su vehículo una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo proveedor y 17 municiones, la cual estaba escondida en la caja de cambios.

El sospechoso, quien en la audiencia fue custodiado por cuatro agentes de la Policía Nacional, es hijo de un comisionado de ese estamento de seguridad arrestado el pasado viernes en un operativo efectuado por el Grupo Interinstitucional Anticorrupción (GIA) y la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, debido a su supuesta vinculación con una banda criminal que opera en la ciudad capital, de acuerdo con información de fuentes judiciales.

Primero, el juez decretó la legalidad de la aprehensión, luego le formuló la imputación y más tarde le aplicó la detención provisional como medida cautelar por el porte de arma de fuego.

Aunque su abogado, Alexis Ríos, solicitó una medida cautelar diferente a la detención provisional, esta petición no fue aceptada.

El proceso demoró aproximadamente una hora y le correspondió al fiscal William Granados hacer la solicitud de legalización de la aprehensión del sospechoso, quien, según confirmó, tiene otras causas pendientes.

El juez de la causa estimó atinada la argumentación del Ministerio Público, en el sentido de que la medida cautelar personal resultó necesaria y proporcional, en virtud de que el señalado tiene dos causas vinculadas con armas de fuego, entre ellas, un homicidio. El delito de porte ilegal de armas de fuego tiene una pena mínima de ocho años de cárcel.

El juez concedió un plazo de 45 días para que el Ministerio Público concluya la investigación. No se descarta un acuerdo de pena en este caso.

El fiscal Granados indicó que en el plazo de 45 días otorgado por el juez se debe tener una sentencia. “Siempre están abiertos los métodos alternos de solución de conflictos, así que puede haber un método alterno antes de la emisión del auto de apertura a juicio”, explicó Granados.

En tanto, el abogado defensor Alexis Ríos indicó que evidentemente existía una posesión de armas y que la fiscalía ha indicado que tiene el interés en llegar a acuerdos. “Son temas que vamos a analizar a lo largo de este mes y medio, que es el plazo de instrucción sumarial”, dijo.

No obstante, cuestionó la rebaja a seis años ofrecida por el fiscal, la cual considera que no es proporcional con la causa.

“Requerimos de una rebaja mayor de la pena, que por posesión de armas es de 8 a 10 años. En el sistema inquisitivo, con una pena mínima de 8 años y con un juicio directo, la pena hubiera quedado en la mitad, 48 meses. Este nuevo sistema, que se dice ser más garantista, no lo parece”, argumentó.

MEDIDAS CAUTELARES

Por su parte, dos hombres de nacionalidad nicaragüense, que fueron aprehendidos por la Policía Nacional en Calidonia la noche del pasado viernes mientras comercializaban suéteres de la selección nacional de fútbol de Panamá y que llevaban impresa falsamente la marca del fabricante de la camiseta de la selección, recibieron la medida cautelar de reportarse todos los lunes ante las autoridades judiciales y la prohibición de salida del país.

Las audiencias se efectuaron la mañana de ayer y ambas aprehensiones e imputaciones fueron legalizadas.

Los fiscales Ricaurte González Torres e Igor Blanco, ambos de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, fueron los encargados de asistir a las audiencias por parte del Ministerio Público.

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