ACUERDO DE SAN LORENZO NO EXIME A IMPUTADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL

Siguen las investigaciones

A pesar del acuerdo suscrito el martes entre el Gobierno y la dirigencia de la comarca Ngäbe Buglé, que entre sus primeros puntos plantea la liberación inmediata de todos los detenidos en las protestas de la última semana y el cierre de los expedientes penales contra estos, la fiscal segunda superior de Chiriquí, Nedelka Díaz, aclaró ayer que las investigaciones seguirán y que quien resulte implicado en la comisión de delitos será sometido a la ley.

“Quienes son inocentes pueden estar tranquilos, pero aquellas personas que resulten vinculadas con el delito y [sobre quienes] existan evidencias, se les abrirá un proceso como lo establece la ley, aunque haya un acuerdo”, dijo.

Díaz precisó, empero, que tras el análisis de los casos, y previa solicitud de los defensores, su despacho ha otorgado medidas cautelares a los detenidos por la Policía Nacional (PN), lo cual no implica, insistió, que hayan sido sobreseídos de cargos.

Detalló que hasta ahora no hay presos por la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí, ocurrida en San Félix la mañana del domingo; ni por la del menor, ocurrida la madrugada del martes en Las Lomas, ambos sitios en Chiriquí. No obstante, destacó que esos expedientes continuarán su curso legal.

También reiteró que su despacho investiga los actos en que fueron quemados seis cuarteles de la PN, una corregiduría, un cuartel de Bomberos y un banco, todos en Chiriquí.

Estatus

Según las últimas cifras dadas ayer por el Ministerio Público (MP), de los 119 detenidos en las protestas, incluidos los 33 obreros del Suntracs apresados en Panamá, 59 fueron indagados por delitos contra la seguridad colectiva, contra la libertad individual y contra la administración pública.

Además, el MP decretó 32 detenciones preventivas y liberó a 37 sospechosos, incluidos los 33 obreros y 4 detenidos en Veraguas.

Los 13 menores apresados, en cambio, fueron entregados a sus padres, y los restantes 37 casos son evaluados aún.

Hasta ayer, el MP había abierto cinco expedientes por la protestas.

El primero, que se inició el 2 de febrero por el cierre de la Interamericana, estaba en la fiscalía de Chiriquí y ayer fue devuelto a la Auxiliar.

Hay un segundo caso por el cierre de la vía, de la misma fecha, pero en Veraguas, que se rige por el sistema penal acusatorio.

El tercer sumario data del 5 de febrero y tiene que ver con el homicidio del indígena Jerónimo Rodríguez.

El cuarto fue abierto al día siguiente, luego que abogados del PRD presentaran una denuncia por el uso de armas de fuego por parte de la PN; y, finalmente, este martes el MP recibió otra denuncia por la muerte del menor.

El fiscal auxiliar, Dimas Guevara, confirmó que los expedientes por las muertes seguirán en Chiriquí, y el proceso de Veraguas se quedará en esa provincia.

Ayer en la tarde concluyó la autopsia al cadáver del joven de 16 años muerto en Las Lomas y, según el abogado de la familia, José Caballero, los patólogos determinaron que la causa de su muerte fue un trauma craneofacial severo, pero no precisaron qué lo provocó; es decir, sigue la interrogante de si fue ultimado por la PN o si murió tras una explosión al manipular combustible y juegos pirotécnicos.

Restricciones

Acerca de los puntos del acuerdo de San Lorenzo, el jurista Ernesto Cedeño explicó que el Gobierno no puede ordenar la liberación de los detenidos a órdenes del MP, que es independiente; y solo podrá hacerlo en los casos en que la investigación no empezó de oficio.

Además, en el tema del cierre de expedientes, dijo que el Gobierno lo que puede hacer es mandar una carta al MP en la que diga que, basado en el acuerdo, no se siente perjudicado por las acciones cometidas por los indígenas desde el punto de vista económico, y les diga a los indígenas que se obliga a indultarlos luego de emitidas las sentencias en firme contra los implicados.

“Los delitos comunes pueden ser sujeto de indultos si se cometen por fines ideológicos”, detalló.

(José Otero, Rubén Polanco, Sandra Alicia Rivera y Rafael Luna Noguera).

Mayor, preso en la ´chirola´

El mayor de la Policía Nacional Rodolfo Jiménez, fotografiado con una pistola en las recientes manifestaciones en Chiriquí, está detenido en una celda conocida como la chirola, en la sede de esa institución, en Ancón, confirmaron ayer fuentes policiales.

Jiménez, que formó parte de las desaparecidas Fuerzas de Defensa, fue trasladado esposado desde Chiriquí y se le separó de su cargo. Además, fue interrogado por la Dirección de Información Policial y por la Dirección de Responsabilidad Profesional; se le sometió a la prueba del detector de mentiras y será llevado ante la Junta Disciplinaria Superior, dijo la fuente. La pistola 9 milímetros que portaba no es de uso oficial, lo que implica otra violación al reglamento interno, añadió la fuente.

El arma fue sometida a pruebas de balística y resultó que no había sido disparada.

Eliezer Oses, fotógrafo de La Estrella de Panamá que fotografió al mayor, no ha sido citado por el caso.

José Otero

Escuchas telefónicas son ilegales

Los casos del exviceministro Luis Ernesto Carles y del secretario general del PRD, Mitchell Doens, que fueron grabados cuando hablaban por teléfono con indígenas en las protestas de la pasada semana, y dichas grabaciones fueron difundidas por YouTube y la página Dealante.com, ponen de relieve otra vez las quejas de la oposición de que el Gobierno estaría pinchando las comunicaciones de sus opositores sin autorización judicial.

El propio ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dijo en días pasados que el Gobierno tenía “información de inteligencia” de que políticos de oposición estaban detrás de las protestas indígenas y que ello motivó la suspensión de las comunicaciones en la zona.

En su momento, Carles dijo que la conversación fue editada y manipulada, y que, aunque existió, nunca tuvo un propósito ilícito. Doens también aceptó estar en constante diálogo con los indígenas, pero que ello no representa delito alguno.

Para el presidente del Colegio de Abogados, César Ruiloba, el Ministerio Público (MP) debe investigar la procedencia de las llamadas interceptadas a Doens y a Carles, pues sin una orden judicial eso es un delito.

En tanto, Zulay Rodríguez, del frente de abogados del PRD, dijo que no solo el Consejo de Seguridad tiene equipos para esas escuchas. Según ella, Mulino confesó públicamente que habían pinchado teléfonos por motivos de seguridad, lo cual amerita que sea procesado por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la libertad.

En noviembre pasado, Rodríguez denunció la interceptación de una conversación con su esposo. Antes, en 2010, el presidente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas, denunció una situación similar, pero el caso fue cerrado.

Jaime Abad, exdirector de la PTJ, dijo que solo los estamentos de seguridad tienen equipos para hacer esas escuchas.

Juan Manuel Díaz C.

Las transgresiones durante el conflicto indígena

Al terminar las protestas contra la minería, expertos coinciden en que el balance de las transgresiones cometidas por los indígenas y el Gobierno es amplio.

Según el constitucionalista Ernesto Cedeño, los manifestantes no solo violaron el artículo 27 de la Constitución al impedir el libre tránsito, sino que, además, por lo menos ocho artículos del Código Penal.

Se trata de los artículos 136 (delitos contra la vida e integridad personal), 149 (contra la libertad individual), 167A (contra la libertad de reunión y prensa), 218 (contra el patrimonio económico), 230 (contra el patrimonio histórico de la Nación), 325 (asociación ilícita), 329 (posesión y tráfico de armas y explosivos) y 394 (apología).

A juicio de Cedeño, “los indígenas obstaculizaron el tráfico y causaron daños a la propiedad privada; se asociaron ilícitamente al afectar bienes del Estado; portaron armas y explosivos e instigaron a terceros”.

Sobre el Gobierno, la exmagistrada Esmeralda de Troitiño, la exprocuradora Ana Matilde Gómez, el expresidente del Colegio de Abogados Rubén Elías Rodríguez y el experto en derechos humanos Roberto Troncoso citaron durante las protestas violaciones a los artículos de la Constitución números 4 (acatamiento de las normas del derecho internacional), 17 y 18 (principio de estricta legalidad), 26 (inviolabilidad del hogar), 29 (inviolabilidad de las comunicaciones), 37 (libertad de expresión), y 55 (suspensión de garantías).

A su juicio, al suspender las comunicaciones en la zona de hecho y no en derecho, se vulneró la libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones y la obligación del Estado a acatar las leyes internacionales, entre ellas, el Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos. Asimismo, el principio según el cual los funcionarios solo pueden hacer lo que le indican las leyes y los procedimientos para suspender las garantías, que obligan a la declaración de un estado de emergencia.

Pero, además, pese a lo afirmado por el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en cuanto a que la policía no entró en las casas de los moradores de las zonas en conflicto, fotos de este y otros diarios confirman lo contrario.

Cedeño agregó la violación del artículo 17 de la Constitución, pues, a su criterio, el Gobierno no actuó con velocidad para proteger a los extranjeros y nacionales; y los artículos del Código Penal 137 (contra la vida) y 351 (abuso de autoridad).

Precisó que aún no se puede decir quién violó el 131 del Código Penal (homicidio) ni el 164 del mismo texto (contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad), esto tras la difusión de grabaciones al margen de la ley.

El Ministerio Público, por su parte, solo ha formulado cargos por delitos contra la libertad, contra el patrimonio y la seguridad colectiva.

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